Policías de Mexicali: entre la corrupción y la venganza

(EDICIÓN IMPRESA) La investigación por el asesinato del policía municipal de Mexicali Rosalino Pascual Jiménez, ocurrido el 31 de octubre, avanza en medio de un operativo desaseado, los antecedentes de corrupción del uniformado  y una conexión entre Policía y narcomenudistas, abriendo la posibilidad de que el motivo de la muerte del uniformado esté alejada del cumplimiento de su deber. Tras ser tacado y recibir seis impactos de bala, el agente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal falleció en el Hospital General. Su acompañante, un detenido que llevaba en la patrulla, de nombre Francisco Ramírez García, también fue herido  y falleció 24 horas después. Los presuntos responsables fueron detenidos cinco horas después del homicidio, según reportes extraoficiales proporcionados a ZETA. Las denuncias en poder de Sindicatura Municipal de Mexicali indican que el uniformado fallecido tenía un largo historial. Desde el Ayuntamiento aseguraron que de no haber muerto, en breve quedaría fuera de la corporación, ya que tenía diversas imputaciones sólidas. De 2011 a la fecha de muerte de Pascual Jiménez, Contraloría Municipal tenía registradas 18 investigaciones, además de otras tres actas administrativas levantadas apenas en el mes de julio. Las denuncias en su contra iban desde privación de la libertad, extorsión, siembra de evidencia, abuso de autoridad, amenazas, cohecho, detención injustificada, entre otros. En 2012, bajo los expedientes DC/ASP/460, 499,502, y 504, fue acusado por abuso de autoridad, cohecho/extorsión, conducta que desacredita su imagen, amenazas y deficiencia en servicio. Ese mismo año se le inició un procedimiento por no presentar su declaración patrimonial, le siguieron los expedientes 680, también por amenazas, abuso de autoridad y cohecho/extorsión. En 2014, cinco personas que el agente capturó en operativos distintos y fueron liberadas, presentaron sus denuncias, las acusaciones incluyeron detenciones injustificadas y una administrativa por inasistencia. Otros tres procedimientos le fueron notificados en 2015, con los expedientes  DC/ASP/ 29 por lesiones, abuso de autoridad y cohecho/extorsión. Otro, DC/ASP/CAI/59/14, por abuso de autoridad y DC/ASP/379/2015 apenas el 11 de septiembre, por no entregar bienes asegurados. Bajo esta misma línea de investigación, Pascual Jiménez tenía una “fuerte” reputación en la zona de la colonia Rivera Campestre, donde patrullaba. Versiones al interior de la corporación señalan que el fallecido era el principal operador de una célula encargada de extorsionar a narcomenudistas, sembrar evidencia y realizar detenciones ilegales cuando no cooperaban. Información surgida de la investigación realizada por la Procuraduría General de Justicia del Estado, revela que Blanca Mirna Flores, la mujer con quien habló el agente antes de ser baleado por el hijo de la misma, era la líder de una pequeña célula de distribución de droga, así que es una vieja conocida por las autoridades municipales. Apenas en marzo de 2015, su vivienda había sido cateada  luego de diversas denuncias de sus vecinos, señalándola como distribuidora de droga, delito por el que ya había sido detenida una de sus hijas. Las autoridades ministeriales aún investigan si Pascual Jiménez intervino en ese operativo. En su reporte, los investigadores advierten que el agente municipal tenía como consigna detener a los integrantes de la familia Hernández Flores, al tenerlos plenamente identificados como narcomenudistas.   FUE VENGANZA   El coordinador de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales, David Lozano Blancas, señaló que la principal línea de investigación sobre la ejecución de Rosalino Pascual Ramírez y el detenido Francisco Ramírez García, se pudo tratar de una venganza por parte de los narcomenudistas, ante la detención de un familiar meses atrás. “Son personas que definitivamente se dedicaban al narcotráfico, en su modalidad de narcomenudeo, dichos domicilios son cateados, había una investigación previa, habían sido detenidos anteriormente, posiblemente haya habido una especie de venganza; podríamos decir, toda vez que ya habían sido reiteradas las veces que habían sido aseguradas” afirmó el investigador. — ¿Los detenidos conocían al agente municipal? “No pudiéramos precisar tal dato, se presume que sí tenían algún contacto, que sí sabían quién era el agente toda vez que estaba asignado a la zona donde se ultimó al compañero nuestro”, dijo el funcionario.   La versión oficial   El parte oficial del homicidio que fue leído por el director de la Policía Municipal, Alejandro Monreal, en la ceremonia de honores al agente, señala que a las 4:15 pm del sábado 31 de octubre, Rosalino Pascual recibió una agresión en la patrulla 1567, que finalmente lo privó de la vida. Pero este documento tiene deficiencias en la integración, según este papel, el policía municipal había detenido a la persona de nombre Francisco Javier Hernández Flores por espiar al interior de un domicilio. Sin embargo,  el aseguramiento del mencionado sospechoso se llevó afuera de un centro comercial en la colonia Campestre. En el parte informativo también indicaron que el oficial se dirigía a la caseta de Policía de la colonia Rivera Campestre. Pero este datos contrasta con las declaraciones públicas  dadas previamente por el director de la corporación, quien señaló ante medios que previo al ataque, el  agente victimado llevaba al detenido a la delegación de González Ortega, y  fue en ese momento que se topó con un vehículo Nissan XTerra de color banco tripulado por un hombre y una mujer que conducían a exceso de velocidad. También explicó que Pascual avisó vía radio sobre el incidente al supervisor de Zona, André Mendoza Aguilar, quien se comunicó a la unidad 1566 asignada a la caseta de Rivera Campestre, la cual era tripulada por el agente Ramón Yuriar González y Francisco Cruz. La última vez que se comunicó por radio fue en Avenida 5 de Julio de la colonia Vista del Valle, simultáneamente por C4 se informó de diversos disparos de arma de fuego en Avenida Sierra Amozoc del mismo fraccionamiento. El director detalló que momentos después se percataron de que la patrulla se encontraba con los vidrios rotos, y al acercarse vieron a Rosalino Pascual herido e inconsciente con seis impactos de bala, por lo que lo trasladaron en la misma patrulla 1566, pero al llegar al Hospital General fue declarado sin vida. “Simultáneamente” era trasladada la otra persona detenida herida y seminconsciente al mismo hospital, pero el primero de noviembre -un día después del ataque-, a las 2:57 am, se le declaró muerto. Por tal motivo, se realizó un intenso operativo para dar con los responsables, fue así que se localizó el vehículo y el arma AK-47 con que ultimaron al agente y al civil. Después informaron que tanto Francisco como Blanca -imputados por el asesinato- fueron detenido en posesión de drogas psicotrópicas suficientes para consignarlos por narcomenudeo -algunos investigadores presumen que les sembraron la droga para detenerlos-, mientras integraban la investigación por homicidio. En este punto es pertinente  destacar que el hijo fue arrestado en su vivienda y la madre en una maquiladora, donde fue a trabajar. Como parte de las primeras pesquisas, la Dirección de seguridad Pública informó que un testigo dio las descripciones, nombres y direcciones de los imputados, aunque no se reveló cómo esta persona había proporcionado tal información.   INICIA JUICIO ORAL   Posterior a la detención de Francisco Hernández Flores y Blanca Mirna Flores (hijo y madre),  trascendió que ambos son oriundos de Sinaloa, aunque no habían sido capturados con una orden de arresto. Francisco tenía antecedentes penales y era investigado por otros delitos relacionados al tráfico de drogas, según informaron las propias autoridades investigadoras. Francisco vivía con su mamá, su hermana, su pareja sentimental y un padrastro. En redes sociales, gustaba de presumir la utilización de fusiles de asalto, equipo táctico, radios y pertenecer al Cártel de Sinaloa. Sin embargo, la realidad dista mucho del nivel que buscaba aparentar. Quien es señalada por las autoridades como la líder de la banda de vendedores de droga al menudeo es su madre Blanca. De acuerdo con la versión de la Dirección de Seguridad, bajo esa premisa, el 31 de octubre, el agente municipal se había detenido a hablar con la mujer. Las autoridades suponen que al ver que pretendían detenerla, su hijo reaccionó en exceso y descargó un “cuerno de chivo” que llevaba, el cual según señala la investigación, contaba con reporte de robo en Columbia, Estados Unidos. El lunes 2 de noviembre de 2015, madre e hijo fueron trasladados al edificio del Poder Judicial para su audiencia de formulación de imputación en el edificio del Poder Judicial. Minutos antes de la audiencia conocieron a su defensor de oficio, J. Guadalupe Vázquez, se presentó ante los imputados y les dijo que él los podía representar sin costo alguno, ahí les preguntó sí tenían algún golpe producto de la detención. Blanca dijo que le habían torcido el brazo y que lo sentía dislocado, por su parte, Francisco indicó que traía unos golpes en el costado izquierdo de las costillas. El defensor le hizo levantarse la camisa. Al iniciar la audiencia, el Ministerio Público Rigoberto Zatarain pidió la vinculación a proceso de los detenidos, debido a que viajaban en la camioneta XTerra con placas VNL7971 de Sinaloa. En la imputación, el agente Rosalino Pascual se encontraba en la camioneta cuando fue atacado por un “cuerno de chivo” con número de serie 093079, ocasionándole daños al vehículo y  matando al agente e hiriendo al detenido. El defensor Guadalupe Vázquez pidió al fiscal que indicara cuál era la participación de Blanca, sin embargo, el Ministerio Público respondió que aún era indeterminada, pero se les vinculaba a ambos como coautores. En el mismo proceso salió el nombre de los agentes municipales que detuvieron a los presuntos implicados, Hiram Figueroa Ochoa, Cisneros Rivas, Francisco Alonso Madrigal, Roberto Soto Gámez, Pablo Alberto Juárez, Ramón Eduardo Yuriar González  y los agentes ministeriales Mauricio Mejía Soto y Óscar Argüelles Mercado. De igual manera, se nombró a tres testigos de los hechos como prueba de los imputados. Guadalupe Vázquez pidió al Juez de Control, Fernando Serrano Jiménez, el auxilio del Poder Judicial para que médicos legistas realizaran una evaluación de las lesiones que presentó uno de los detenidos, ya que argumentaba, fue golpeado al momento de su detención. Serrano autorizó el peritaje, además de que al tratarse de abuso de autoridad, pidió al MP seguir la denuncia por oficio y girar instrucciones para notificar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El defensor indicó que su intención era poder activar el Protocolo de Estambul como estrategia de la defensa. Pese a que extraoficialmente se manejó que al momento de la detención de los dos presuntos responsables habían pasado hasta cinco horas, el defensor Miguel Ángel Gaxiola no pidió revocar la flagrancia y solicitó un plazo de 72 horas, mismas que fueron ampliadas a 144 en la audiencia que se realizó el jueves 5 de noviembre. Por su parte, familiares de  Francisco Ramírez García -joven muerto como daño colateral- señalaron a ZETA que tenía problemas de habla y era sordo, por lo que en algunos momentos parecía estar bajo el influjo de alguna sustancia aunque no fuera así, por lo que dudan de su detención. Pese al apoyo recibido por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal para el pago de servicios fúnebres, no descartan interponer una denuncia como parte de la reparación del daño, debido a que deja cuatro hijos, los cuales necesitan apoyo económico para becas.