Los alcaldes de Tijuana y Mexicali se están “apeñando”. El más bravo es Jaime Díaz Ochoa de Mexicali, aseguran que trae un programa de gravar cerca de 20 impuestos, todos con fines de que la recaudación alcance para sacar adelante finanzas sanas en el ayuntamiento de Mexicali. Tales propuestas recaudatorias están en la mesa, para que sea aprobada por el Congreso del Estado. Ambos alcaldes están dejando el broncón a los diputados locales, o sea que sean ellos los que paguen los costos políticos. Aquí hay una sola sopa: la responsabilidad directa la tienen los actuales alcaldes, ya que no han querido poner en el banquillo de los acusados a las anteriores administraciones públicas, quienes dejaron en bancarrota las arcas y con dudosas negociaciones, como aquí en Tijuana, del fraude de la empresa y Ayuntamiento en el contrato de las luminarias. Los funcionarios de la administración pasada deberían ya estar en la cárcel, junto con los administrativos de la empresa que se encargó de la reposición de luminarias, que no sirvieron para nada, y que tienen a nuestra querida ciudad en la oscuridad. Situación que están aprovechando los delincuentes, en asaltos a transeúntes, robos domiciliarios, de vehículos, amparados en la oscuridad que prevalece. Estos flagelos se han incrementado de tres años a la fecha hasta en un 45 por ciento, gracias a la oscuridad que prevalece en toda nuestra ciudad. Y no solo este fenómeno de incremento en la delincuencia nos ha dejado la anterior administración, pues aseguran los expertos que los atropellamientos y choques son por causa de la falta de visibilidad para el que conduce un vehículo, ya que las lámparas que aún sirven en los bulevares, su iluminación no llega con intensidad en los caminos. Estos accidentes se han incrementado en un 75 por ciento, donde todos salimos dañados en lo material, lesionados y hasta vidas perdidas, mientras los causantes de las tragedias andan paseándose disfrutando de los más de 140 millones que se repartieron decorosamente en costos y comisiones. Todo esto es un escenario de impunidad generada por los gobiernos, que no quieren aplicar la ley, pero sí incrementar más impuestos para allanar las corruptelas que provocan los funcionarios en el poder; pero curiosamente toda la carga vía impuestos se la turnan a la sociedad, pus ellos quieren seguir con los mismos privilegios económicos y prestaciones. No existe ni hay un intento de parte de los funcionarios y legisladores de también “apretarse el cinturón” bajándose sus salarios y prestaciones en un 50 por ciento, y claro, también los burócratas sindicalizados. Sería una decisión justa para que sociedad y gobiernos nivelen las finanzas públicas, en favor de ellos mismo y la sociedad, ya que un gobierno en quiebra como sucedió en Europa, el perjuicio fue general y afectó a los gobiernos y sociedad. A este ajuste económico justo, nadie le quiere entrar: ni gobierno federal, los estatales, mucho menos los ayuntamientos. Que recuerden los gobiernos mexicanos de una sabia frase: “Cuando la tiranía se vuelve ley, el reclamo y la rebelión social es un derecho”, y esto ya lo estamos viendo en mucha entidades de la república. Lo grave es que los gobiernos siguen con el mismo patrón administrativo: abuso de poder, corrupción y represión económica vía impuestos. Ramón Rosendo Otañez Sánchez Correo: otanez@live.com.mx
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