Padres indígenas acusan a DIF de maltrato y discriminación

Integrantes de una familia indígena Mixe –comunidad originaria de la sierra sur de Oaxaca–, denunciaron que luego de que su hija de 9 años fue violada por un familiar, el DIF estatal les retiró la custodia, por lo que acusaron al organismo de discriminación, ya que –no dominan el español y– en ningún momento tuvieron apoyo de un traductor.   La joven pareja radica desde hace seis años en Mexicali, pero aún tienen dificultades con el lenguaje, y tampoco la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ha garantizado una comunicación eficiente. El padre de la menor, Neftalí Orozco Domínguez indicó que al llegar a la ciudad capital de Baja California, se quedaron a vivir con un tío, pero ante la necesidad de un espacio propio se mudaron para tener mejores condiciones de vida. Fue cuando un primo les pidió asilo para vivir con su esposa que se encontraba embarazada, a decir suyo, fue éste quien habría abusado sexualmente de su hija, situación que denunciaron ante la PGJE.  La dependencia estatal los canalizó al DIF el 18 de septiembre, en donde retuvieron a su hija y les hicieron firmar documentación sin un traductor que los asesorara. “Nos pusieron a firmar unos papeles, yo pensé que era la denuncia, no nos dejaron leer, más o menos le eché un vistazo, pero como venían muchos artículos no entendí, yo no sé nada de artículos, yo no tengo estudios, allá nos enseñan puro dialecto, así estudiamos”. Por su parte la abogada, Sandra Esquer, representante del Centro de Derechos Humanos de Baja California, indicó que ya presentaron una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos por no permitirles la visita con la niña. Mencionó que el procedimiento se encuentra viciado de origen, ya que se les tuvo que brindar las facilidades a los padres para entablar comunicación con la autoridad. Por su parte la procuradora de justicia del estado, Perla Ibarra infirmó que fue el Ministerio Público quien ordenó trasladar al DIF a la menor para su protección. Dijo que, desde tiempo atrás, ya se solicitó un traductor de la lengua indígena y que podría ser este viernes 20 de noviembre cuando acuda a la PGJE, ya que se tuvo que trasladar desde San Quintín. La funcionaria no quiso dar detalles de las valoraciones que se hicieron para retener a la menor, argumentando que eso podría complicar la investigación. Por su parte la Procuradora para la Defensa del Menor, Consuelo Luna Pineda, desmintió la versión de los padres al asegurar que la niña cursa el tercero de primaria en una escuela pública, y no ha sido un impedimento para comunicarse, al igual que los padres, quienes han acudido a terapia, donde no hubo problemas de lenguaje. Afirmó que los padres interpusieron un amparo contra la decisión del Ministerio Público de retener a la menor, el cual lo hicieron en español y en ningún momento refieren la utilización de un traductor. Dijo que las medidas precautorias de resguardar a la niña en un albergue, son a razón de algunas inspecciones hechas, donde encontraron que el supuesto agresor sigue viviendo en la casa de la familia. Posteriormente cuando volvieron a acudir al domicilio esta persona vivía a una cuadra. De igual manera se tomó en consideración que los padres no querían interponer la denuncia y que desestimaban los señalamientos de la menor. En cuanto a la utilización del lenguaje dijo que no se les permitía hablar en su lengua nativa por miedo de que los padres pudieran aleccionar a la menor, ya que el antecedente que se tenía era que en primera instancia habían protegido al presunto agresor.