Las transas de Monroy y Agúndez

A poco menos de dos meses de haber entregado el poder municipal, luego de concluir la revisión de la entrega-recepción, comenzaron a brotar los negocios oscuros de los ex alcaldes de La Paz y Los Cabos, Francisco Javier Monroy Sánchez y José Antonio Agúndez Montaño. Documentos obtenidos por ZETA indican que los ex ediles del PRI y del PRD aparecen involucrados en operaciones evidentemente ilícitas, desde la auto compra de llantas y refacciones, hasta el arrendamiento de vehículos en una cadena de negocios que consolidaron bajo el amparo del poder. El Artículo 46, Fracción XI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, transcribe explícitamente: “Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resoluciones de asuntos entre los que tenga interés persona, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueden resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado”. Tan solo en 2015 -según la copia de facturas en poder de este Semanario- los ex presidentes municipales firmaron contratos y autorizaron auto pagos desde 8 millones 862 mil 520 pesos hasta 18 millones de pesos en el último tramo de sus administraciones. Lo anterior quedó confirmado después de que ZETA recibiera copia de toda la documentación comprobatoria, vía Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde solicitó un informe detallado sobre las operaciones de los ex alcaldes, las cuales estaban bajo investigación de este Semanario.   Monroy: el llantero   A diferencia de Agúndez, el de la Paz, Francisco Javier Monroy Sánchez, es un empresario nato y propietario de Llantera Monroy. Aficionado a las carreras de autos off road, la suerte no estaba a su favor desde hace tiempo, sobre todo, tras su abrupta ruptura matrimonial, donde perdió el 50 por ciento de sus negocios en la repartición de bienes con su hoy ex pareja. Por eso, la renuncia de la ex alcaldesa y entonces aspirante a la gubernatura, Esthela Ponce Beltrán, le cayó como anillo al dedo, y tras relevarla en el cargo e iniciar su fugaz periodo gubernamental, el hoy ex alcalde escaló vertiginosamente y logró convertirse de un día para otro en el proveedor favorito del XIV Ayuntamiento de La Paz. En su corto periodo de seis meses de interinato -del 7 de marzo al 28 de septiembre de 2015-, fue rapaz y expidió 377 facturas por concepto de compras de refacciones, accesorios, llantas, aceites, filtros de gasolina, bombas de frenos, mangueras de sistema de enfriamiento, alineación y balanceo de llantas, y cambio de aceites y afinaciones del parque vehicular de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal; así como de Servicios Públicos Municipales y Obras Públicas y Asentamientos Humanos, Bomberos, ZOFEMAT, Instituto de Cultura, Coordinación de Delegaciones, Cabildo y presidencia municipal. El modus operandi fue el siguiente: El ex alcalde enviaba la orden de compra a través de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor, y los vehículos ingresaban en reparación en los talleres de su propiedad. Una vez reparados, para no levantar sospechas, el ex edil expedía la factura correspondiente a nombre de su secretaria y prestanombres Silvia Aguilar Baltazar, presunta propietaria de Auto Servicios Aguilar. Durante ese tiempo, y según las copias de las facturas, Monroy se auto pagó 8 millones 862 mil 520 pesos con 20 centavos. Peor aún, las abultadas compras fueron las encargadas de delatar a su negocio, pues durante esos seis meses de interinato, subieron 675% más que en el periodo de la ex alcaldesa Ponce Beltrán, quien dicho sea de paso, hizo operaciones indebidas por 4 millones 370 mil 558 pesos con 80 centavos en el negocio del entonces alcalde suplente y posterior sucesor en La Paz. En la revisión física del domicilio fiscal del supuesto negocio Auto Servicios Aguilar, localizado en la colonia 8 de Octubre de La Paz, reporteros de ZETA solo encontraron viviendas particulares, lo que deja en claro que la dirección fiscal solo fue utilizada para la expedición de facturas. Para rematar, y en virtud de la crisis económica, como ya no tuvo dinero para auto liquidarse al final de su administración, el 25 de septiembre, es decir, tres días antes de dejar el poder, Monroy Sánchez -de acuerdo con la Póliza de Diario Número 141 en poder de ZETA- autorizó la donación de un terreno ubicado en Villas del Encanto, en pago al adeudo de Silvia Aguilar Baltazar, a través de un contrato de reconocimiento de adeudo y donación registrado por el notario público Número 3, Carlos Arámburo Romero, según la escritura 53 mil 665, valuado en 2 millones 500 mil pesos.   Agúndez: el nuevo empresario   Pero si “Pancho” Monroy fue rapaz, su homólogo de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, prácticamente se habría estrenado con un jugoso negocio de arrendamiento de vehículos. Aunque actualmente esta versión es investigada por la Comisión Mixta Revisora del XII Ayuntamiento de Los Cabos, existen algunas evidencias que hacen suponer su participación en el negocio denominado Jet Van Car Rental, S.A .de C.V. y su interés -muy persistente y particular- en firmar un contrato de arrendamiento de 39 automóviles, los cuales fueron asignados en las direcciones de Desarrollo Urbano, DIF, Contraloría, Registro Público de la Propiedad y el Comercio, Inspección Fiscal, Catastro, Transporte, Ingresos, Secretaría General, Asuntos Jurídicos, Ecología, Obras Públicas, Cabildo, Comunicación Social, Protección Civil, Servicios Públicos y Sindicatura. Y es que nadie de la llamada Comisión Mixta Revisora del XII Ayuntamiento local, se explica cómo siendo Los Cabos, el municipio más solvente y rico del Estado, tuvo que recurrir sospechosamente al arrendamiento de vehículos oficiales, donde se liquidaba una renta mensual de 576 mil 56 pesos. El contrato de arrendamiento -en poder de ZETA- fue de 32 meses, iniciando en diciembre de 2012 y terminando en agosto de 2015, el cual tiene estampada la firma del alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, y del presunto apoderado general de la empresa arrendadora, Jesús Rodríguez de la Huerta. En suma, el contrato total fue por 18 millones 433 mil 792 pesos, lo que deja entrever el lucrativo negocio que traía entre las manos el ex edil cabeño. Según uno de los integrantes de la Comisión Mixta Revisora, “la compra de los 39 vehículos, en vez de arrendarlos, hubiera costado al erario alrededor de 7 millones 800 mil pesos, a razón de 200 mil pesos por vehículo nuevo”. “Obviamente, aquí alguien hizo negocio”, reflexionó la sindico y presidenta de la Comisión Mixta Revisora, Susana Zatarain García, “con todo ese dinero se hubieran comprado el doble de unidades y ya fueran parte del parque vehicular del gobierno municipal”. Después de la toma de protesta del alcalde Arturo de la Rosa Escalante -28 de septiembre-, Rodríguez de la Huerta envió a recoger todos los vehículos rentados bajo el argumento de un adeudo de 7 millones de pesos, y fueron concentrados en una huerta en Santa Anita, presunta propiedad de un familiar de los Agúndez. Después del hallazgo, los vehículos fueron sacados del lugar, y se desconoce su paradero, aunque al cierre de esta edición, integrantes de la Comisión Mixta Revisora indagaban su paradero porque en los inventarios entregados por el anterior gobierno, aparecen como parte del parque vehicular del gobierno municipal cabeño.   El cochinero en La Paz   Aunque apenas el 10 de noviembre,  el alcalde Armando Martínez de la Vega aprobó oficialmente aplicar una auditoria forense al XIV Ayuntamiento de La Paz, al término de la revisión de la entrega-recepción fueron detectadas una serie de irregularidades. En sesión de Cabildo, expuso el resultado final de la investigación sobre la situación financiera, donde señaló que recibió una administración muy menguada en sus finanzas por los desvíos, gastos sin comprobar y omisiones que habrán de tener responsabilidades administrativas y penales. Lo más grave es: * La no aprobación de las cuentas públicas de los ejercicios fiscales 2010, 2011, 2012, 2013, y en proceso de auditoria la de 2014, y de las cuales no se solventaron gastos por mil 668 millones 374 mil 720 pesos con 95 centavos. * Una deuda pública de 940 millones 956 mil 511 pesos con 61 centavos, de los cuales 303 millones 593 mil 972 pesos con 60 centavos fueron heredados por la ex alcaldesa Rosa Delia Cota Montaño en marzo de 2011, y 637 millones 362 mil 539 pesos con un centavo fueron dejados por los ex ediles Esthela Ponce Beltrán y Francisco Javier Monroy Sánchez. * Un adeudo por  55 millones 678 mil 221 pesos con 7 centavos de créditos fiscales en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. * El desvío de recursos federales por el orden de los 254 millones 600 mil pesos, etiquetados para programas sociales y obra pública en el Municipio. * La reprogramación de recursos federales del Ramo 33, correspondientes a los ejercicios fiscales 2013 y 2014 para ser ejercidos en 2015 por 31 millones 510 mil 93 pesos con 26 centavos, de los cuales se ejercieron en obras no programadas 12 millones 857 mil 499 pesos con 10 centavos, y todavía está pendiente de aclaración un monto de 31 millones 274 mil 935 pesos con 65 centavos. * La adjudicación directa por contratos de 2 millones 925 mil 709 pesos con 8 centavos que formaban parte de un recurso comprometido de alrededor de 10 millones 505 mil 632 pesos con 83 centavos, sin llevar un procedimiento de adjudicación e incumpliendo con la normatividad. * La disposición indebida de 2 millones 500 mil pesos a la cuenta del Carnaval 2014, y 2 millones a la cuenta del Gasto Corriente, de un importe de 8 millones 517 mil 985 pesos con 59 centavos enviados por el Gobierno Federal para la construcción de un mercado municipal, el cual no se consumó, a pesar de que la obra se adjudicó al contratista Jesús Antonio Rendón Vaca, quien recibió un anticipo del 30% por el orden de 3 millones 915 mil pesos. * La transferencia indebida de 12 millones 615 mil 487 pesos con 10 centavos de la cuenta del Programa Hábitat 2013 a otra, cuyo proceso está observado por la Secretaría de la Función Pública, lo que derivó la suspensión de la entrega de recursos en los ejercicios 2014 y 2015. * Un adeudo de obras terminadas por 14 millones 251 mil 534 pesos con 38 centavos y otro de 6 millones 641 mil 028 pesos con 77 centavos de obras inconclusas, de un gasto de 55 millones 303 mil 918 pesos con 67 centavos en los ejercicios fiscales 2013 a 2015. * La desaparición de 11 millones 200 mil pesos programados para la construcción de la Fuente Danzante Interactiva en el Centro Histórico de La Paz, la cual no fue ejecutada, pese a haber depositado el dinero. * La adjudicación directa de contratos con recursos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por 24 millones 795 mil 150 pesos con 51 centavos para el programa denominado Estrategia de Innovación y Desarrollo Digital en el ejercicio de 2014 y recursos de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) por alrededor de 25 millones de pesos en el programa de adquisición de sistemas fotovoltaicos. * Desvío de 123 millones 800 mil pesos de un préstamo bancario de 150 millones de pesos, el cual fue recibido el 22 de febrero de 2013. * La celebración de convenios de liquidación por parte del ex tesorero Rosendo Castro Orantes, quien sin tener facultades legales, pago 2 millones de pesos a favor del ex trabajador José Luis Gutiérrez Obeso, y suscribir contratos de reconocimiento de adeudo a favor de la empresa Comercializadora y Desarrolladora de Proyectos, S.A. de C.V., en la compra de tres camiones recolectores de basura; tiene un cheque sin fondos por la cantidad de un millón 549 mil 615 pesos. El propio ex contralor, José Luis Taylor Ojeda, resolvió responsabilidades administrativas -bajo el número de expediente CM/PARA/021/2014- en contra del ex tesorero Castro Orantes, culpable de haber causado un daño patrimonial en perjuicio del anterior ayuntamiento por 12 millones 893 mil 662 pesos con 10 centavos, respecto de recursos del Programa Hábitat 2013, imponiendo una sanción de inhabilitación hasta por seis años en el servicio público. No obstante, omitió poner una sanción económica, a efecto de que el ex servidor público resarciera el daño, en términos de los artículos 48 y 61 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. * La expedición indebida de licencias de alcohol a favor de los ex regidores Javier González Rubio Cerecer, Silvia García González, Saúl Lamas Guzmán, Pilar Eduardo Carballo Ruiz, Luis Fernando Barajas Gámez, José de la Toba Camacho, Norma Alicia Castañeda Quintero, Ana Luis Castañeda Quintero, Ricardo Fiol Higuera José Javier Martínez González; José Javier Ramírez Martínez, Fausto Álvarez Gámez, Alma Melissa Bernal, así como el ex tesorero Rosendo Castro Orantes y la ex inspectora fiscal, Martha Elena de la Peña Avilés, además del ex secretario general Guillermo Beltrán Rochín, los cuales usaron a amigos y familiares como presuntos prestanombres, sin haber pagado lo estipulado en la Ley de Hacienda Municipal hasta por 2 millones 365 mil 875 pesos.   Las irregularidades en Los Cabos   Pero todavía no se terminaba de rendir el informe de La Paz, cuando en Los Cabos, la presidenta de la Comisión Mixta Revisora del XV Ayuntamiento local, Susana Zatarain García, daba a conocer los hallazgos más significativos en ese destino turístico, derivado de la revisión del proceso de entrega-recepción. “El resultado arrojaba la presunta responsabilidad de funcionarios públicos salientes, por lo cual iniciaría una revisión exhaustiva que permita a la autoridad competente actuar en consecuencia e iniciar procedimientos administrativos y lo que resulte procedente, por actos y omisiones de los ex servidores públicos”, los cuales van  a ser denunciados penalmente a través de la unidad administrativa facultada para presentar querellas en la Procuraduría General de Justicia del Estado. Hasta ahorita se ha encontrado: * Un desfalco de 213 millones de pesos por concepto de pago y entero de las aportaciones de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, Sistema de Ahorro para el Retiro y FOVISSSTE en los ejercicios fiscales de 2007 a la fecha. * Un adeudo de 41 millones 620 mil 303 pesos, derivado de la retenciones sobre el Impuesto sobre la Renta (ISR) realizados a ex funcionarios, del periodo de agosto de 2014 a agosto de 2015,  cuyo dinero no fue entregado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, un adeudo de 21 millones de pesos por concepto de enero a favor de FONACOT. * 14 obras inconclusas e inexistentes por más de 40 millones de pesos, las cuales se encuentran bajo investigación en la Dirección General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos. * Un adeudo por 9 millones de pesos a medios de comunicación locales por concepto de convenios por parte de la Dirección General de Comunicación Social. * El gasto indebido de un millón 294 mil pesos en la compra de cuatro equipos en el Programa Hábitat 2015 y una compra de equipos por 733 mil 636 pesos del Ramo 33 2015, sin licitación y a través de asignación directa. * La asignación directa de 24 contratos por 9 millones 69 mil 760 pesos por concepto de compra de materiales, refacciones, pintura, materiales de construcción, plomería, electricidad, así como servicios de desarrollo y manejo de página web, los cuales no están siquiera firmados en su totalidad por los funcionarios salientes. * La contratación directa de un proveedor para la elaboración e integración del acta de entrega-recepción, sin contrato y aún pendiente de un pago de 946 mil pesos que no aparece entre la lista de pendientes de la Comisión Mixta Revisora. * El arrendamiento de siete bienes inmuebles por 122 mil 959 pesos mensuales,  donde se encuentran las oficinas municipales de ZOFEMAT, Instituto de la Juventud, Instituto de la Mujer, Dirección de Ecología y Dirección de Desarrollo Social, y propiedad de ex funcionarios encabezados por el ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, los cuales no cuentan con solicitud ni justificación de la institución municipal. * La compraventa de 44 sementales bovinos de registro, adquiridos en un millón 418 mil 161 pesos en la Expo Ganadera, en el marco de las Fiestas de San José del Cabo 2014, de los que nada se sabe. * Las cuentas públicas no aprobadas en los ejercicios fiscales 2011, 2012, 2013 y en proceso de auditoría de 2014. En el caso de 2012, fueron formuladas 791 observaciones, de las que no se solventaron 643.