Inicia Nuevo Sistema de Justicia Penal “con manos vacías” en Tecate

Antes de llegar a la puerta lateral izquierda de la sala de audiencias, una túnica negra se sostiene de la esquina del escritorio donde fue colocada. La prenda -así como dos más que permanecen colgadas en las oficinas del Poder Judicial- estaba prevista para ser usada por jueces durante la inauguración del Sistema Acusatorio Adversarial Oral en Tecate, pero ante la falta de audiencia, jueces y ropas esperan.  Es la mañana del 11 de noviembre, han transcurrido once horas desde la entrada en vigor del Nuevo Sistema, pero ningún caso ha llegado al Juzgado de Primera Instancia Penal de esta ciudad. Ni una sola detención por parte de la Policía Municipal o de la Policía Estatal Preventiva, ni una denuncia levantada en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Un día antes se reportaron dos robos, uno en la zona urbana y otro en el poblado de La Rumorosa. En el primer caso, el conductor de un vehículo con reporte de robo quedó en libertad cuando demostró haber comprado el automóvil a un particular. Antes de realizar la transacción, el vendedor había recuperado su vehículo robado, pero no dio de baja el reporte. Mientras que el segundo caso pasó a la suma histórica de 13 mil averiguaciones previas sin resolver por la Subprocuraduría de Justicia en Tecate. Éstas se desahogarán bajo el proceso penal tradicional, al haber sido abiertas antes del 11 de noviembre de 2015. En estadística, Tecate, municipio con poco más de 100 mil habitantes, representa un escenario tranquilo para el inicio del Sistema Acusatorio Adversarial Oral. De enero a septiembre de 2015, la incidencia delictiva de ese municipio representa apenas el 3.63 por ciento del total de delitos denunciados en Baja California. El porcentaje disminuye cuando se comparan delitos de alto impacto como homicidios. Tecate aporta el 2.68% de los asesinatos cometidos en el Estado. “En cuanto a los estudios que hemos hecho aquí sobre la incidencia delictiva, la mayoría de los delitos son de menor impacto, pocos de alto impacto”, explica Jorge Armando Vásquez, presidente del Tribunal Superior de Justicia. No obstante, la ciudad y el área conurbana de Tecate conforman una de las regiones con mayor presencia delictiva en Baja California, de acuerdo con áreas de inteligencia de corporaciones de seguridad pública y de procuración de justicia. Las amplias zonas rurales del municipio, son utilizadas por grupos dedicados al tráfico de migrantes, así como al trasiego, venta y cultivo de droga, pero esto no se refleja en detenciones ni en consignaciones.   10 DELITOS AL DÍA EN TECATE   Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015, en Tecate se registraron 2 mil 863 delitos, un promedio de 10.52 al día. Información de la PGJE indica que el robo con violencia es el delito con mayor número de averiguaciones previas iniciadas, un total de mil 198, de las que 329 corresponden a robo de vehículo y 431 a robo a casa habitación. Gerardo Sosa Olachea, subprocurador de Justicia en Tecate, detalla que la violencia intrafamiliar también es uno de los delitos más atendidos en la ciudad. Sobre los ajustes en la PGJE para Tecate, su titular explica que el personal ha recibido capacitación especializada en casos con detenidos, “para leerles sus derechos, todo respetando los Derechos Humanos y para cumplir con los tiempos que nos marca la Constitución”. En cuanto a estructura, detalla el subprocurador Sosa, las áreas de averiguaciones y control de procesos pasaron a formar parte de una sola. Para Tecate, hay 45 agentes ministeriales adscritos, quienes forman parte de una plantilla de 95 empleados, entre puestos administrativos y ministeriales. Con el inicio del Nuevo Sistema de Justicia Penal, no se abrieron plazas nuevas de la Procuraduría para la ciudad. Días antes de la entrada en vigor del NSJP y hasta el domingo 15 de noviembre, 30 trabajadores de la Procuraduría en Mexicali fueron enviados a Tecate para ser distribuidos entre las áreas de la Subprocuraduría para realizar acompañamientos con la Policía Municipal, así como asesorar a las agencias y unidades de investigación. Como parte de la capacitación, la Subprocuraduría de Justicia de Tecate realizó dos casos de simulación en la única sala de audiencia del municipio. El subprocurador Sosa Olachea explicó que para las prácticas, se eligieron casos de robo con violencia -el delito con mayor incidencia en la ciudad- con detenidos para ensayar las etapas de la audiencia inicial. Acerca de los delitos de alto impacto, indicó que casos de narcomenudeo son turnados a las oficinas de la PGJE en Tijuana, y en cuanto a homicidios, en un año se han registrado 18 asesinatos, de los cuales se han resuelto diez.   INAUGURADO, PERO NO TERMINADO   Si bien ya está lista la primera sala de audiencias dentro del edificio del Poder Judicial del Estado, ubicado sobre la Carretera Libre Tecate-Tijuana, una más será construida en el penal “El Hongo” para la ciudad de Tecate. Además, a un costado de la edificación, se erigirá el Centro de Justicia Penal de Tecate para albergar los servicios del Poder Judicial del Estado, de la PGJE, de la Defensoría Pública y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE). Para ello, se requirió una inversión aproximada de 200 millones de pesos, informó el gobernador Francisco Vega de Lamadrid. De ese monto, 107 millones fueron utilizados para la construcción del inmueble en un predio de más de mil metros cuadrados, el resto se invirtió en equipamiento y tecnología. Tanto el Gobierno Federal como el del Estado aportaron recursos, mientras que la Embajada de Estados Unidos, a través de la “Iniciativa Mérida”, participó con la donación de equipo y tecnología para la sala de audiencias. Durante el evento inaugural, realizado el miércoles 11 de noviembre, autoridades federales, estatales y locales untaron cemento en moldes transparentes con las iniciales del Nuevo Sistema de Justicia Penal, con unas pequeñas paletas de albañil. Ello representó la primera piedra colocada del Centro de Justicia Penal, en cuyo terreno se encontraban máquinas de construcción y retroexcavadoras. Por parte de la Secretaría de Gobernación, acudió María de los Ángeles Fromow, titular de la Secretaría del Consejo de Coordinación (SETEC) para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. Estuvieron presentes también el alcalde de Tecate, César Moreno; la procuradora general de Justicia del Estado, Perla Ibarra; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa; y la subsecretaria de Enlace en Temas de Justicia, Lizbeth Mata, entre otros funcionarios estatales. Las autoridades y sus comitivas, se trasladaron del presídium al edificio del Poder Judicial para inaugurar la sala de audiencias. Un listón con un moño azul en medio y sostenido por un par de edecanes, sirvió para la foto institucional y los aplausos. A falta de un caso judicial para iniciar los trabajos, las ocho cámaras colocadas en la sala transmitían a una pantalla montada al lado derecho de la sala, diferentes ángulos de los funcionarios. Entonces, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Jorge Armando Vásquez, dio lectura al acta de nombramiento de los dos primeros jueces de control en Tecate. Se trata de la licenciada Cynthia Monique Estrada Burciaga y el licenciado José Guadalupe Sígala Andrade, designados en sesión del Consejo de la Judicatura, realizada el 9 de noviembre. Egresada de la Universidad Autónoma de Baja California como licenciada en Derecho en 2008, Estrada Burciaga se desempeñaba como secretaria de Acuerdos en el Juzgado Noveno Penal de Tijuana. Mientras que Sigala Andrade, también licenciado en Derecho por la UABC, laboraba como proyectista en la Quinta Sala Penal de Segunda Instancia en Mexicali. En 2013, el hoy Juez de Control acreditó todas las etapas del concurso de interno de oposición para Juez de Primera Instancia en Materia Civil, pero no recibió el nombramiento. “En ambos casos los jueces obtuvieron su plaza luego de un proceso de rigurosa selección, que implicó exámenes psicométricos, de conocimientos, entrevistas y análisis curricular”, refirió el también presidente del Consejo de la Judicatura, Jorge Armando Vásquez. Los jueces de control tienen la función de valorar que el proceso de detención de los presentados por la Procuraduría, haya sido bajo respeto del debido proceso, así como que sus Derechos Humanos no hayan sido vulnerados. Además, a petición del Ministerio Público, será el encargado de fijar medidas cautelares para garantizar que el o los detenidos enfrenten el proceso penal, tales como prisión preventiva, fianza e incluso, arresto domiciliario. De igual forma, deberán resolver de manera inmediata otras medidas precautorias, así como técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial. Además, serán los encargados de resolver las vinculaciones a proceso, es decir, determinar si el caso avanza a un juicio oral o no. Sin embargo, en el Partido Judicial de Tecate faltan contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales como jueces de juicio oral y de ejecución sentencias. Los primeros serán quienes, una vez vinculado a proceso, determinarán si el detenido es encontrado inocente o culpable del delito del que se le acusa. Los segundos vigilarán que las sentencias sean cumplidas como se establece. Al respecto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Armando Vásquez, explicó que después de una proyección realizada con base en la experiencia del Sistema de Acusatorio Adversarial Oral en Mexicali, transcurrirán entre dos y seis meses hasta que un caso avance a juicio oral. “Por lo regular, en un delito de alto impacto, el Ministerio Público sigue el periodo de tope que son seis meses”, declaró. Mientras que para los delitos de menor impacto, el periodo se reduce de dos a cuatro meses. No obstante, “ya lo tenemos previsto con la lista de aspirantes. Si hay necesidad dentro de tres meses o cuatro meses para integrar a tribunal oral, designamos a partir de un pleno extraordinario”, adelantó. También se designó a los encargados de mesa, encargados de asistir a los jueces durante las audiencias. Mientras que el nombramiento del notificador del Juzgado Penal de Tecate, será revisado en sesión de pleno del Consejo de la Judicatura. El magistrado presidente comentó que por medio de un sistema de gestión administrativa, se enviarán solicitudes y notificaciones vía electrónica. “El notificador estará habilitado, aunque esperamos que no haya necesidad de hacer notificaciones por este conducto, salvo casos muy especiales como una notificación a un interno del penal ‘El Hongo’, pero para notificar al defensor público o privado, al Ministerio Público, tenemos el modelo tecnológico”. Por parte de la Defensoría Pública, cuatro defensores públicos de la Zona Costa fueron adscritos a Tecate.   NSJP CUESTA 11 MIL MDP AL PAÍS   El gobernador Francisco Vega anunció que la siguiente implementación del sistema será en marzo de 2016 para el municipio de Ensenada. Ahí se invertirán alrededor de 150 millones de pesos, de los cuales 137 millones se concentrarán la edificación y el resto en equipamiento. Después será el turno de Playas de Rosarito y por último en Tijuana. Al respecto, María de los Ángeles Fromow, titular de la SETEC, explicó que se proyecta un total de 15 salas de audiencias en Baja California para 2016. De éstas, seis ya se encuentran en Mexicali, ciudad donde se aplicó el cambio de sistema penal el 11 de agosto de 2011. Dos salas más en Tecate, dos más para Ensenada, una en Rosarito, y para Tijuana, se contemplan cuatro salas. La funcionaria federal detalló que se han etiquetado más de 11 mil millones de pesos de recursos federales desde diciembre de 2012 para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el país. “Llevamos prácticamente más del 62 por ciento de la población en la medición de agosto, antes de finalizar 2015, el 70 por ciento a población nacional ya vivirá los beneficios del Nuevo Sistema de Justicia Penal”, declaró.      Agencia de PGJE en Mariano Matamoros se prepara para el NSJP   Desde el 5 de octubre, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) arrancó un programa piloto en la agencia ubicada en la demarcación Mariano Matamoros de Tijuana para mejorar la atención a víctimas. Otro de los objetivos del programa, es familiarizar a los agentes municipales y preventivos, así como a los ministerios públicos con la recepción de casos según los procedimientos del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Además, para evitar que las presentaciones de los detenidos superen el tiempo límite, gracias a trámites administrativos, pueden ser puestos a disposición del Ministerio Público con el certificado médico de la Policía Municipal. En caso de ser descubiertos en flagrancia, pueden ser trasladados directamente a la agencia de la PGJE sin pasar por el juez municipal. A los policías se les entregan tres formatos que deben llenar en el Ministerio Público, los cuales reemplazan a los partes informativos, redactados en las delegaciones de la Policía Municipal. Estos documentos consisten en el acta de aviso al Ministerio Público por hechos probablemente delictuosos, en el cual se registra el incidente, se incluye la narrativa y datos del presentado, el acta de lectura de derechos al detenido y el formato de cadena de custodia. En el lugar, se les toma declaración a los oficiales y, de ser posible, a testigos para agilizar los tiempos y turnar el caso a los Juzgados con el mayor número de elementos posible. Los resultados, explica Rafael Sinta, coordinador de la agencia, se reflejan en los Juzgados. La primera semana del programa, de cinco averiguaciones previas abiertas con detenidos, a tres se les dictó auto de formal prisión y dos fueron puestos en libertad porque el juez determinó indebida detención. Del 12 al 31 de octubre, de las 17 personas detenidas por la Policía Municipal, puestas a disposición de la PGJE y a quienes se les inició proceso penal, a todas se les dictó auto de formal prisión. “Con esto se evita el reciclaje de delincuentes. En enero eran más las puestas a disposición, pero estas personas salían porque había errores en la detención y es lo que estamos garantizando se haga en respeto al debido proceso”, señala el coordinador de la agencia. Por su parte, Rafael Moreno, agente del Ministerio Público, considera que con este programa, ha visto los mejores resultados en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en sus 13 años de experiencia en la PGJE. En entrevista con ZETA, el subprocurador de la zona Tijuana, Jorge Álvarez, explicó que también se cambiaron los turnos de trabajo. Mientras los agentes trabajaban en turnos de 24 horas por 48 horas de descanso, se estableció un nuevo horario de ocho horas diarias. En el caso de Mariano Matamoros, tres equipos trabajan en horario diurno -el de mayor demanda- y un equipo trabaja de noche. Tras el éxito del programa, se implementará también en la agencia de  Otay antes de que finalice 2015. Mientras que de enero a junio de 2016 -fecha de entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal–, todas las áreas de la subprocuraduría Tijuana, trabajarán bajo este sistema. Rosario Mosso/Inés García