Cuando Carlos Mendoza Davis ya era Gobernador de Baja California Sur, un día de aquellos primeros, apareció en la Sala de Gobernadores flanqueado por su Secretario General, Alvaro de la Peña Angulo, y su Contralora General, Sonia Murillo Márquez. Ahí el mandatario se comprometió a “Hacer un compromiso serio con la transparencia y rendición de cuentas en todo México… comparto el clamor social que dice ya basta a la opacidad y a la corrupción”. Y aventuró: “Por eso lo digo con toda claridad, en el gobierno de Baja California Sur, hay cero tolerancia a la corrupción”. Insistió: “No lo decimos de palabra, hablan los hechos”. Y remató: “En otras palabras, dicho en buen castellano, vamos acabar con el compadrazgo, amiguismo y cuatismo”. Ante semejante oferta, pocos se explican cómo permitió (y permite) que hijos, hermanas, hermanos, hijas, primos, familiares, padrinos y conocidos de siete familias enquistadas en el Gobierno de Mendoza, se repartan cargos y plazas sindicales desde los últimos días del anterior gobierno y de éste. Los apellidos de la realeza política en el Gobierno de Mendoza son De la Peña, Jiménez, Mendoza, García, Puppo y Amador. A una semana que ZETA exhibiera el entramado familiar en la burocracia gubernamental, el Gobernador Carlos Mendoza Davis no ha dicho si aquellas palabras que recitó en la Sala de Gobernadores se confirmarán o era un dicho a la ligera.
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