Ernesto Martínez, quien ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje peleó su reconocimiento como dirigente sindical de la empresa Transportes Baja California Azul y Blanco J. Magallanes, señala que en el laudo –que le desfavorece– hubo injerencia de la empresa. Específicamente menciona a Felicitas Floriano, accionista de Azul y Blanco, y madre de la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Juana Pérez Floriano. El primer día de mayo del año 2013, Martínez fue electo como secretario general del Sindicato “Roberto Liévano Aguayo”, en funciones de enero de 2014 a diciembre del 2019. El quejoso señala que desde inicio de su gestión detectó que entre la anterior dirigencia del sindicato –encabezada por Ángel Margarito García– y el Consejo de Administración de la empresa –en que participa Felicitas Floriano como comisaria–, hubo el pago de más de 2 millones de pesos –vía cheque–, a cambio de la eliminación de cláusulas al contrato colectivo de trabajo. Uno de los cheques fue emitido a favor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje como “gratificación”. Además, señala no haber encontrado en las oficinas del gremio los bienes muebles que componen el patrimonio sindical. Ernesto Martínez, menciona que los emplazamientos a huelga impulsados para salvaguardar el contrato colectivo, lograr la expulsión del anterior dirigente, así como las exigencias de capacitación e integridad de aguinaldo y utilidades, terminaron por incomodar a los accionistas de la empresa, quienes fomentaron la animadversión de los choferes de Azul y Blanco contra su dirigente. Utilizando como medio la firma de un convenio para establecer un Reglamento Interno de Trabajo, a Martínez se le retrató como un traidor al sindicato al propagarse rumores sobre disposiciones en perjuicio de los choferes, además de recibir cheques por cantidades de hasta 60 mil pesos. El quejoso mostró los documentos a ZETA, señalando en cada cheque la inscripción acerca del propósito del mismo: capacitación, vigilancia, cuotas patronales y préstamos. Para aclarar estas cuestiones, el 30 de julio de 2014 el dirigente electo convocó a una asamblea general para aclarar estos rumores. Señala que en la misma habría de ser retenido contra su voluntad durante varias horas, hasta que accedió a firmar su renuncia. Para el 6 de agosto de 2014, ya se había tomado nota a una mesa directiva interina. El 3 de septiembre del mismo año, Martínez junto a los integrantes de su Comité Ejecutivo –todos ellos removidos injustificadamente para ese momento– demandan la nulidad de la toma de nota y la reposición de sus cargos, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. El laudo del expediente 5009/2014-4 se dictó el 21 de octubre de 2015, no otorgando la prestación exigida por Martínez y los demás actores, por considerar el Pleno de la Junta Especial 4 que no se acreditaba la misma, en razón de las pruebas ofrecidas, las que a juicio de los integrantes de la junta no demostraron los hechos señalados. Ernesto Martínez aseguró haber tenido acceso, antes de la firma, al proyecto de laudo que se presentaría a los integrantes de la junta, mismo que le favorecía, por lo que sospecha que al final hubo injerencia de la empresa Azul y Blanco, que resultó absuelta. David Mondaca, accionista de la empresa que se desempeñó como secretario del consejo de administración durante la gestión de Martínez, confirmó el parentesco de otra accionista con la Secretaria de Trabajo, Juana Pérez Floriano, aunque afirmó que el laudo en mención se apegó a derecho. Dijo que la empresa siempre se ha mostrado respetuosa de la vida sindical de los operadores, siendo los agremiados quienes eligen –o destituyen– a sus líderes. Agregó que fue Martínez quien propició su salida al firmar de puño y letra, y ratificar ante la junta local, un Reglamento Interno de Trabajo, que entre otras disposiciones responsabiliza a los choferes de los daños provocados a las unidades por los accidentes de tránsito en que se involucren, lo que los trabajadores tomaron como una traición. Mondaca aseguró que con Martínez la empresa siempre mantuvo un trato cordial y de trabajo, hasta donde lo permitieron las exigencias de la parte patronal y obrera.