Arturo Escobar, Subsecretario de Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, rechazado por grupos civiles por considerarlo un mal ejemplo para la cultura de la legalidad en un país cuestionado por la debilidad del Estado de Derecho, está en problemas. Esta noche, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), solicitó a un juez liberar una orden de aprehensión en su contra por presuntos delitos relacionados con desvío o mal manejo de recursos durante la elección 2015. Escobar fue vocero del Partido Verde Ecologista, que en alianza con el Revolucionario Institucional (PRI), postuló al actual Presidente Enrique Peña Nieto. El puesto de Subsecretario en la Secretaría de Gobernación se considera un pago político del titular, Miguel Ángel Osorio Chong, a los favores electorales recibidos por el PRI y por sus candidatos. De acuerdo con el periódico Reforma, la Fepade concluyó, después de una indagatoria de seis meses, que Escobar transgredió la ley electoral al haber celebrado como representante del PVEM un contrato con una empresa para la elaboración y entrega indebida de 10 mil tarjetas Premia Platino, durante la más reciente campaña electoral. El diario detalla que de acuerdo con la legislación queda prohibido que los partidos, los candidatos o los equipos de campaña, entreguen cualquier tipo de material en el que oferten o se entreguen beneficio directo, indirecto, en especie o efectivo, debido a que representa un “indicio de presión” hacia el elector para obtener su voto. Al Subsecretario de la Segob se le imputa el delito previsto en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. El cual es castigado con de 5 a 15 años de prisión y multas de mil a 5 mil días. La pena podría ascender a una mitad más si es que la conducta se realiza en apoyo a una precampaña o campaña electoral. Mientras, el juez tiene un plazo de diez días para conceder o negar la orden de detención en contra de Arturo Escobar. ZETA/SinEmbargo