Engañado por supuesto familiar de Peña Nieto

Con la promesa de establecer nuevos negocios juntos, Carlos Rodríguez vendió, a un bajo costo, una de sus propiedades en el municipio de Ensenada a Eloy Peña Garza, quien además de ostentarse como primo del presidente Enrique Peña Nieto, dijo ser propietario de diversas compañías. Le aseguró dedicarse a gestionar subsidios federales para el desarrollo de empresas, en la Secretaría de Economía o en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Fue el martes 11 de noviembre cuando celebraron el contrato de compraventa por la casa ubicada en el fraccionamiento Chapultepec segunda sección de Ensenada, ante Martha Silva, de la Notaría Pública número 2. Luego, Eloy Peña Garza presenta el comprobante del depósito a la cuenta de Antonio Cervantes –como se acordó–, pero sostiene que el número de ruta bancaria estaba equivocado. Días después, quien hoy está denunciado por el delito de fraude, envía una supuesta carta de BanRegio, con la que argumenta una reposición del depósito. Cosa que no fue cierta. Es por esa burla que el 27 de enero del 2015, Carlos Rodríguez denunció oficialmente a Eloy Peña –bajo el expediente 215/15/300– en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). En su comparecencia, Eloy Peña se niega a declarar o a ofrecer pruebas, mientras que en contestación a una demanda civil interpuesta también por Carlos Rodríguez, argumentó haber pagado mostrando un estado de cuenta, que a decir del quejoso, no refleja ningún depósito hecho a la cuenta acordada. A la fecha, un año desde que se hizo el trato por la casa, la investigación de la PGJE no se ha consignado, y Carlos Rodríguez ya sospecha sobre un contubernio entre las autoridades ministeriales y Eloy Peña. Incrementan sus dudas, toda vez que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en un informe enviado a la PGJE, específicamente a la subprocuraduría de Ensenada, señala que no existe registro de un depósito por las cantidades acordadas ni en esas fechas desde BanRegio, respuesta que fortalece la presunción de un fraude, al no haber registro del pago. Marco Antonio Covarrubias, subprocurador en el municipio de Ensenada, manifestó sobre el caso que se han hecho “una gran cantidad de diligencias”: testimoniales, inspecciones oculares, avalúos, entre otras. “Hasta este momento está en etapa probatoria, hay elementos que se están recabando, para acreditar los elementos del tipo penal. Lo que llevamos a cabo es el aseguramiento del inmueble, el indiciado está en el inmueble, pero se asegura. A ese inmueble no se puede le puede variar la situación jurídica. Está ahí bajo un contrato que se realizó”, mencionó. Dijo que aún faltan más diligencias, entre ellas, citar funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para reconocer lo que ya ha comunicado. No obstante, Carlos Rodríguez sostiene que la PGJE ya cuenta con los elementos para terminar de integrar la averiguación, y que a últimas fechas le han pedido documentos que le parecen absurdos, como planos del inmueble. El quejoso, compartió que está buscando apoyo del gobierno estadounidense para apresurar las investigaciones, ya que cuenta con la ciudadanía de aquel país.