Empresarios denuncian a Sindicato: “Son ladrones con licencia”

  La escena ocurrió dentro de las oficinas de la Junta de Conciliación y Arbitraje en Ensenada. El empresario estiró la mano para entregar 5 mil pesos en efectivo al líder del Sindicato de la Construcción, de la Industria Manufacturera de Servicios Similares y Conexos de Baja California, Julio Alán García Muñoz, con la condición de no hacer estallar una huelga y que el negocio siguiera funcionando. El propietario del negocio argumentó que si entregó el dinero es porque no está en condiciones de parar actividades, pero, sobre todo, porque no quiere tener  problemas con la familia García Muñoz, un linaje donde el dirigente sindical es hermano del delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), quien además es uno de los potenciales candidatos a la alcaldía por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Julio Felipe García Muñoz. Además, el padre de ambos, Julio Felipe García Castañeda, es representante federal de la Confederación Regional Obrera Campesina (CROC). “Si yo me echo encima al hermanito, pues yo sé que me voy a echar encima al hermanote. Y si llega a ser presidente municipal voy a tener trabas, no quiero problemas o tener mañana a una cuadrilla de PROFECO clausurando el establecimiento”, narró con amargura el hombre de negocios, quien mantuvo su nombre en el anonimato.  El lunes 2 de noviembre, Armando León Ptacnik, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en el puerto, hizo público que reconocidos negocios de la ciudad estaban siendo extorsionados por el Sindicato. Días después el presidente de la delegación ese organismo, Isidro Conde Coronado, reveló que la cifra de establecimientos amenazados iba en aumento. Incluso no dudaron de que se trata de una acción para recaudar fondos para la campaña política, al no haber antecedentes iguales. Otro comerciante pagó 10 mil pesos, y así son varios en el municipio. Se calcula que por lo menos nueve de ellos hicieron las transacciones en las oficinas de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), sin que los ofendidos recibieran algún tipo de comprobante fiscal o recibo de pago que les garantice que quedaron libres de la amenaza de paro laboral. “Son ladrones con licencia”, manifestó molesto uno de los afectados. “Ahora, ¿realmente ese dinero que le di en efectivo y que se echó a su bolsa sin firmar un solo recibo, entraron al Sindicato? Quiero saber ¿qué fue de ese dinero?, aunque sea poco, pero van varias”, acusó.   Modus operandi A través de la Junta se notifica a los empresarios y en un documento les advierten sobre las afectaciones que la compañía podría enfrentar si se abstienen de afiliar a cierto número de trabajadores, según se trate de una empresa chica, mediana o grande. En el mismo paquete adjuntan una copia con la propuesta del contrato colectivo adicional y una cita en la Junta de Conciliación y Arbitraje de la STPS. Al parecer los emplazamientos son aleatorios, pues no hay registros de que estos negocios abusen de los trabajadores o que tengan denuncias por otras irregularidades. Un caso más es el de un negocio al que le exigieron  afiliar a 15 empleados cuando el comercio no rebasa una planta de ocho trabajadores. De entrada el comerciante se negó a firmar el documento en una primera audiencia, “no puedo contratar tanta gente, me pondría la soga en el cuello”, confesó con recato. La segunda audiencia fue el 13 de octubre a las nueve de la mañana, dos horas antes de que estallara la supuesta huelga programada a las once. La cita fue en un reducido salón de las mismas oficinas ubicadas en el Gobierno del Estado, donde el propietario se negó a pagar 15 mil pesos. Fue entonces cuando el líder del sindicato le hizo otro trato, que le dieran 10 mil pesos y un paquete de servicios gratis durante un tiempo indefinido, pero reacio, el empresario tampoco aceptó. “En la audiencia estaban Julio Alán y Javier Flores de la misma Junta, tras hablar con el abogado me propusieron archivar el caso en vez de que él se desistiera del emplazamiento a huelga porque no estaba dispuesto a eso por 5 mil pesos, que lo único que podía hacer era dar su palabra y que se archivara el expediente, como si ninguno de los dos se hubiera presentado ese día a la audiencia. Es decir, esa reunión nunca existió”, detalló. Aunque las empresas no tienen empleados afiliados a este sindicato, les sentencian que hay 30 personas externas dispuestas a bloquear el acceso al negocio y colocar las banderas de color rojo con negro: “Se hace plantón y ahí se quedan, mientras que no los dejan trabajar”. Este acuerdo no garantizaba que de nuevo en un mes los puedan volver a emplazar, pero se arriesgaron. La otra opción era declarar la huelga inexistente, y para eso el dueño puede cerrar el negocio, por lo menos 15 días, lo que significa pérdidas económicas y más honorarios para el abogado, que ya de por sí cuesta 2 mil 500 pesos por audiencia.   Sindicato en familia El Sindicato de la Construcción, de la Industria Manufacturera de Servicios Similares y Conexos de Baja California, se creó en 1944 y a la fecha, según el padrón de la STPS, tiene de 600 a 900 trabajadores activos, informó José Antonio Tinajero Ramírez, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Antes de que Alán García asumiera el cargo como secretario general, su hermano Julio Felipe García era el dirigente de la agrupación y en febrero se hizo el cambio de directiva. Alán García también trabajó hasta febrero en la Junta Local de Conciliación y, al dejar el cargo, lo cedió a su esposa de nombre Blanca, ya que el espacio tiene que ser cubierto por una representación obrero patronal, argumentó el presidente de la Junta. El líder sindical no respondió a las llamadas de ZETA, pero el 26 de octubre dio declaraciones en torno a los señalamientos: “Las cuotas son las que mantienen al Sindicato, el sindicalismo es un trabajo difícil y, si no lo estuviéramos haciendo, cierto porcentaje de este dinero es para sobresalir en eventos internos, insumos y pagos”. Aseguró que en Ensenada no hay ningún comercio al que se le pidan 10 mil pesos al mes, ya que ninguna tiene tal cantidad de empleados y es porcentual. A nivel estatal tienen un segundo sindicato llamado Alimenticia Refresquera, Hotelera, Similares y Conexos, con 4 mil 500 empleados afiliados.   Presuntos estafados Sobre el pago en efectivo que -aseguran los empresarios- realizaron dentro de las oficinas de la STPS,  el funcionario Tinajero Ramírez negó que haya triangulación de dinero. “Con COPARMEX hemos estado en contacto, es un convenio, estamos preocupados y ocupados con el tema y no lo permitirá la Secretaría ni el gobernador, se ha dado emplazamiento de huelga, llegan a las pláticas y ahí se termina”. En el último mes han realizado 17 emplazamientos a huelga, de los cuales nueve se resolvieron y se archivaron; el resto están pendientes de asistir a las audiencias para llegar a un arreglo con la dirigencia. “No lo sé, la verdad, lo que sí le puedo decir es que el procesamiento legal no es de dinero, sino la firma de contrato, como Junta no lo permitiremos porque no es legal, lo que sí es la firma del contrato, así es como procede”, afirmó el funcionario. Insistió que en que las audiencias son públicas y, por las características de las oficinas con ventanas grandes, dijo, es imposible que haya algún tipo de dádivas, o dinero en las audiencias: “Se levanta el acta y se hace constar lo que pasó ahí, o se solicita para otra fecha”. Lamentó que no existan cámaras de seguridad en las salas de audiencia para comprobar lo señalado por los patrones que se han dicho estafados.   Como dicen una cosa, dicen otra   Para un empresario es complicado encontrar trabajadores confiables y, cuando los encuentra, lo retiene, expuso el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE) Adrián Olea Mendívil. “Un empresario nunca se deshace de un buen empleado, ¡sería tonto!, y si de alguna manera el trabajador se expresa inconforme, es porque ya no quiere laborar, pero a fin de cuentas se llegan a arreglos”. Sobre el problema que han expresado sus homólogos, comentó que por años la relación laboral ha sido buena, pues de alguna manera los conflictos se dirimen en la Junta de Conciliación. “No hemos tenido problema, esto que se desató fue porque la gente se sintió sorprendida con estas acciones, y se fueron no contra grandes empresas, sino con pequeñas que no se sienten candidatas a que sus empleados sean  sindicalizados, por lo que quedaron de tomar cartas en el asunto”, resumió. El miércoles 4 de noviembre, COPARMEX publicó un comunicado en el que mencionan que por la oportuna intermediación de la STPS, se lograron acuerdos positivos y de entendimiento para evitar cualquier intento de extorsión a empresarios en este municipio, pero no aclaran qué pasará con los ocho empresarios que aún no se enfrentan a la audiencia. Mencionan reuniones entre la Secretaría y Alán García Castañeda, en las que al parecer evitarán los emplazamientos: “Se establecieron acuerdos para conjurar todo emplazamiento a huelga de empresas locales, y de fomentar un ambiente de tranquilidad laboral y estabilidad empresarial”. Existe confianza en que se respeten estos acuerdos que permitan mitigar cualquier temor a posibles extorsiones, amenazas de huelga, afiliaciones forzadas o de solicitud de algún beneficio económico para un particular, a cambio de no generar un ambiente de intranquilidad laboral. Puntualizan que la Confederación Patronal de la República Mexicana también es un sindicato, pero de patrones, por lo que reconocen y destacan la importancia del sindicalismo en México. Se hizo un llamado a los empresarios para denunciar cualquier situación atípica que se genere en este sentido y en cualquier otro.   La extorsión   El subprocurador de Justicia del Estado en la Zona Ensenada, Marco Chavarría López, dictó del Código Penal que “la extorsión es un delito que se paga con una pena de seis a diez años de prisión”. “Las extorsiones se dan entre particulares, sea el carácter que tenga simplemente el código señala que para obtener un lucro, es decir, que por una cantidad de dinero, o en especie o efectivo, obligue a otro a realizar un acto en perjuicio de su propio patrimonio”, pronunció. Aunque es un tema poco denunciado, el funcionario tiene en mente que todo acto o amenaza en ese sentido podría ser viable, porque el código establece el delito de realizar y omitir un acto por medio de un lucro o dinero. “Genéricamente se está hablando de que una persona le diga a otra, ‘si no haces esto’, ‘que me entregues tal’, ‘si’ no, pues va pasar tal cosa’. Eso simplemente te habla de una extorsión”, puntualizó.   A propósito de huelgas Emplazamientos a huelga en los últimos dos meses               17 Audiencias resueltas y  archivadas                                       9 En proceso                                                                            8 Emplazamientos del Sindicato en 2014 y 2013            0