Derrocharon el dinero de los jubilados

Se dieron la gran vida, gastaron a manos llenas, comieron, viajaron, compraron, construyeron, pagaron colegiaturas de su parentela, cubrieron servicios -mantenimiento de albercas, monitoreo de alarmas-, se hicieron de autos de lujo, se auto pagaron sueldos, aguinaldos; todo del dinero de la caja magisterial. Se calcula un faltante cercano a 100 millones de pesos, aportados por cerca de 300 inversionistas, la mayoría maestros retirados que literalmente, invirtieron el ahorro de toda su vida laboral, su jubilación. Se trata de la caja magisterial ASOMA (Asociación Social Magisterial AC), encabezada por el ex dirigente de la Sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), José Peñuelas Hermosillo -candidato a diputado federal perdedor por el PRI en 2003-, donde involucró a toda su familia, sus tres hijos y su esposa ya fallecida. A raíz de que a decenas de ahorradores les dejaron de cubrir sus dividendos, interpusieron demandas penales que ahora conforman seis carpetas de investigación, resultado de dos querellas, una colectiva que incluye a 55 fraudados, y la otra individual. Tan solo en estos dos casos, se calcula un desfalco de 72 millones de pesos. Dentro del proceso judicial -seguido en el Nuevo Sistema de Justicia penal- se logró que un Juez de Garantías ordenara un cateo, la confiscación de las cuentas bancarias y la realización de un dictamen contable a los cerca de 21 mil documentos que encontraron en las oficinas de ASOMA. Así fue como durante varias semanas un equipo de peritos contables -adscritos a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado- y encabezados por el contador público Raúl Ruiz Elías, realizaron una exhaustiva revisión, un minucioso dictamen pericial que abarcó de enero de 2012 a febrero de 2015, lapso en el que a las cuentas de la asociación ingresaron 146 millones 810 mil 494.75 pesos. El análisis pericial fue concluido el 14 de mayo de 2015, y entre algunas de las irregularidades, se detallan cheques de gastos por 16 millones 936 mil 516 pesos desglosados entre consumo de alimentos, becas educativas, pago de monitoreo residencial; cerca de 9 millones sin documentos comprobatorios, aproximadamente 4 millones sin póliza de cheque y un estimado de  2.5 millones sin la firma del beneficiario. Aparte, detectaron cerca de 35 millones de pesos en pólizas de cheques sin respaldo y en cerca de 10 millones donde no se localizó ni la póliza de cheque, ni la documentación comprobatoria.  Situación y cifras similares se presentaron tanto en 2012 como en 2013, y lo mismo emergió en cuanto a los gastos de 2014, solo que en este periodo solo revisaron del 1 de enero al 7 de marzo. De acuerdo con la conclusión expuesta por el especialista responsable del dictamen pericial, “encontré evidencia que me permite aseverar que la contabilidad de la persona moral Asociación Social Magisterial, AC, presenta irregularidades en los aspectos de la situación financiera y contable por un importe de 109 millones 225 mil 759.73 pesos”. En el documento final enumeran las evidentes anomalías detectadas, en gran parte, gastos no justificables, indebidos, pólizas de cheques que no cuentan con documentación comprobatoria del gasto, cheques sin la firma de los beneficiarios, gastos de reparación y mantenimiento de autos no identificados, así como la emisión de cheques que no cuentan con respaldo en cuanto al préstamo, rendimientos, retiro parcial o total de la inversión. En suma, el especialista anota que por irregularidades en cheques de gastos, se destinaron 33 millones 737 mil 49 pesos, y en irregularidades en cheques por préstamos y rendimientos, 75 millones 488 mil 710 pesos.   A dos manos   Según la revisión practicada por los especialistas, se detectó que Peñuelas Hermosillo y sus hijos pagaban -con dinero de la Caja- el monitoreo y la cuota mensual de sus sistemas de alarma instalados en sus residencias particulares, igual, el pago del sistema de televisión por cable, una beca en el colegio particular Montessori a una nieta del ex líder magisterial -3 mil 500 pesos mensuales-, otra en el CETYS para ella y, además, aportaron facturas por medicamentos, pañuelos desechables, aceparía, consumo de alimentos, gastos médicos, multas de tránsito y hasta  la comida de sus perros; todo salía de la Caja Magisterial. Aparte se pagaban sueldo –unos 10 mil pesos mensuales-, lo cual no estaba contemplado entre el reglamento. Asimismo, mensualmente salía un cheque por 20 mil pesos a nombre de Peñuelas Hermosillo por concepto de renta, dado que era el dueño del local donde funcionaba el organismo, pero sin datos fiscales ni contrato de arrendamiento. Igual de la Caja se pagaban sus impuestos –aproximadamente 50 mil pesos anuales de Impuesto sobre la Renta- gastos médicos y de seguros, absolutamente todo lo metían a gastos de la Caja. Por ejemplo el 2 de marzo compraron en Comercial Mexicana muñecas tipo Barbie por mil 308 pesos, luego comieron hamburguesa en Carl’s Jr. por 346 pesos, fueron a Smart and Final por comida para perro -923 pesos- y ahí mismo por “compras varias” destinaron mil 763 pesos. Hay otros pagos que no quedan muy claros, como los 30 mil pesos mensuales que durante todo el año otorgaron Abraham Payán Contreras -según por trabajos de construcción- o los pagos mensuales de 24 mil pesos de un auto Audi sacado de la agencia, pagos de publicidad al periodista Arturo Casillas -que acreditaron con una factura de 2011-, o el pago de póliza de servicios funerarios. Resalta el tema de los gastos en alimentos: 14 mil 256 pesos en el restaurant Steak House, igual gastaban en los restaurants El Vaquero, La Placita, Pampas, otros de comida china, uno de italiana o en restaurant Chavs.  Hay una factura de una tienda de conveniencia Oxxo por “baterías y donas” por 2 mil 322.85 pesos, otra por pago de hospedaje a Antonio Manríquez -era parte del equipo político de Peñuelas- y 6 mil 246 pesos en la Ciudad de México. Igual aportaban cantidades de 20 mil, 30 mil pesos a “la Sección 2 del SNTE”. El 19 de febrero compraron en Mueblería Ibarra una mesa de centro, antes, el 16 fueron a Walmart, donde adquirieron leche, fruta, refrescos y licor; y dos días después, en Comercial Mexicana, “artículos varios, alimentos”. De acuerdo con los datos, el 26 de marzo pagaron 12 mil 600 pesos al Sanatorio Quiroz por “gastos médicos”, y el 13 de abril salió un cheque por 90 mil pesos como anticipo en la construcción de una alberca, dos días después pagaron con dinero de la Caja una multa de tránsito al Ayuntamiento de Mexicali  por 218 pesos. El 7 de mayo entregaron al SNTE, 225 mil pesos, y ese mismo día salió un cheque de 71 mil pesos supuestamente para el pago de ISR a nombre de José Manuel Peñuelas Espinoza. Pagos de Nextel, de teléfonos celulares, de automóviles y comidas, fueron la constante en 2012. Llaman la atención facturas emitidas a un restaurant de comida china, a nombre de Chen Jinlan, dos del 10 de mayo, otra del 27, una más del 6 y otra del 20 de ese mes por cerca de 5 mil pesos. Luego en junio, al mismo lugar salieron cheques por otros 5 mil pesos. El 14 de julio aparece un cheque emitido a nombre de José Manuel Peñuelas Espinoza por 200 mil pesos; una semana después hay otro de 16 mil pesos por concepto de “vacaciones” y, en el caso de los aguinaldos, se pagaban una parte en diciembre -igual que en el sistema educativo- y la otra en enero. En 2013 encontraron listados muy similares -con gastos por doquier cargados a la cuenta de la Caja Magisterial-, aunque el 14 de enero quedó asentada en una copia de póliza, la erogación de 116 mil 283 pesos a nombre de Araceli Quijano del Mar -de Quijano Tours-con el concepto de “acudir a la Serie del Caribe en Hermosillo”.   El camino legal   “El problema fue que se salieron de los propios estatutos”, comenta un abogado cercano al caso, en alusión a que ASOMA es una asociación constituida sin fines de lucro “para mejorar las condiciones de sus asociados”, donde los integrantes del Consejo Directivo no debían tener sueldo. Ya encarrerados, empezaron a prestar a gente de afuera, y de paso se descubrió que a algunos de los solicitantes les prestaban, pero los hacían firmar un pagaré en blanco, el cual luego modificaban a su criterio y dejaban a la gente sin saber el monto exacto que había que pagar. “Los ahorradores pensaban que el dinero solo lo habían prestado a gente en activo, pero luego se dieron cuenta que habían prestado por fuera”, explica la misma fuente, y eso implicó que también recibían dinero de gente fuera de ese círculo, incluso sospechan que pudieran haber prestado a gente que lavaba dinero. Según los datos, los deudores “cautivos” -jubilados o activos, que les descontaban desde el gobierno- representaban solo cerca de 30 millones de pesos prestados. En julio de 2013, Peñuelas y su selecto equipo distribuyeron una circular donde explicaban que el gobierno estatal se estaba tardando en la entrega del dinero, por lo que se estaba presentando falta de liquidez en la Caja y proponía hacer un plan calendarizado para regresar su dinero; pero el plan no lo concretaron, fue cuando explotó la inconformidad y empezaron a organizarse los ahorradores y a buscar apoyo legal para demandar. Técnicamente, en el proceso judicial del Sistema Acusatorio, los tres imputados -Peñuelas y sus dos hijos- fueron vinculados a proceso, lo que implica el inicio de la investigación judicializada (controlada por el juez) y que dura seis meses -concluye el 16 de abril del año próximo-. En la audiencia de vinculación, la Juez de Garantías dictó la obligación de aportar una garantía económica, en este caso sus bienes por 30 millones de pesos, a lo que se suma la prohibición de abandonar el país y la localidad. Después seguiría la audiencia intermedia -donde se formula oficialmente la acusación-, en este caso por administración fraudulenta,  es entonces cuando se abre el juicio oral -a través de un tribunal con tres jueces diferentes a los que ya intervinieron, quienes desahogan  las pruebas y emiten una sentencia. Todo eso implica que el proceso pueda durar el menos un año más. Posterior a la sentencia, habría una instancia local más –Tribunal Superior de Justicia- y, más arriba, una instancia federal para un posible juicio de amparo. El antecedente en todo este tema, señala a Mario Trejo Dozal como uno de los ahorradores que interpuso una demanda individual por fraude y el juez le decretó la no vinculación a proceso, el Ministerio Publico apeló y el caso se fue a la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia, donde la determinación del juez fue revocada, dictando auto de vinculación a proceso. En respuesta, Peñuelas y su equipo tramitaron un amparo -433/2015- que se fue a un Juzgado de Distrito en Sinaloa, donde se resolvió a favor del ex líder magisterial bajo el argumento de que “no se acreditó el dolo específico”, por lo que el caso se trasladó con fecha 15 de julio -por recurso de revisión del MP- al VI Tribunal Colegiado, con sede en Mexicali, que encabeza el magistrado José Ávalos Cota. De acuerdo con datos extraoficiales, en ese tribunal actualmente revisan asuntos recibidos en abril, por lo que el caso en mención podría tener que esperar cerca de dos meses. “Va a ser impactante si el tribunal confirma la resolución de Los Mochis”, afirma el abogado respecto a la posible repercusión hacia los otros casos.