Cumplen aspirantes, diputados cuestionan proceso

En una sesión que se prolongó más de cinco horas, los cinco aspirantes a una Magistratura en el Tribunal Superior de Justicia de Baja California comparecieron ante un singular grupo de sinodales: los diputados de la Comisión de Legislación, Gobernación y Puntos Constitucionales. Sus principales propuestas, sus fortalezas, el procedimiento de evaluación efectuado en el Poder judicial, el Haber de Retiro, fueron los repetidos cuestionamientos por el grupo de legisladores donde participaron Roberto Dávalos del PRD, Rodolfo Olimpo del PES, Miriam Ayón del PRI, del mismo partido  Rene Mendívil y el panista Cuauhtémoc Cardona. A ellos se les sumaron Gustavo Sánchez, Mónica Bedoya, Juan Antonio Sánchez Zertuche y Juan Manuel Molina, más otros diputados que iban  y venían –Alcibíades, Irma Martínez, Fausto Gallardo– y que en su momento sumaron 13 los legisladores presentes. Y al final de las comparecencias –al elaborar el dictamen– la propuesta de Molina de solicitar al Poder Judicial un detallado informe –con actas y demás documentos– sobre el procedimiento de evaluación –que dejó primero a 20 aspirantes, luego a otros cuatro que impugnaron y fueron recalificados. El caso es que el Dictamen número 68 salió “genérico”, pero se les añadió un párrafo para puntualizar que “en caso de no lograr los 17 votos necesarios se tendría que repetir el proceso…”.   No aspiro a pensión: Zepeda El primero en comparecer fue Marcelino Zepeda Berrelleza, ensenadense y Juez Mixto de Paz, con 20 años de carrera judicial, el mejor evaluado –en la segunda evaluación después de reprobar la primera– según el Poder Judicial. “Lo que realmente está en juego es el valor supremo de la libertad”, dijo en alusión a los cientos de ciudadanos que tienen constitucionalmente la oportunidad de recurrir sentencias, acuerdos, providencias. “El derecho que tienen que la persona que asuma la posibilidad de dar solución a esos recursos cuente con experiencia y con un desarrollo académico sostenido”. Zepeda refirió que “en materia de justicia en Baja California no podemos andar con improvisaciones ni pretender empezar a aprender sino aplicar la experiencia y los conocimientos”. Recalcó que en los últimos 13 años ha dictado cientos de sentencias y miles de acuerdos –además de civil y mercantil– en el orden penal, “Quiero ser Magistrado para aportar experiencia, conocimiento adquirido y para promover e impulsar la transparencia en el Poder Judicial”. Otro de sus puntos: Que las sesiones del Poder Judicial sean públicas, como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El diputado Molina lo cuestionó sobre el Reglamento de la Carrera Judicial y el necesario anonimato de los participantes –en los concursos– concretamente si habían cumplido los candados de certeza y seguridad; Zepeda repuso que “sí hubo adecuado cuidado”. Al insistir el legislador en que si había puesto su nombre en uno de los exámenes, el compareciente aceptó, “No hubo firma pero sí el nombre…” Mendívil le preguntó sobre el Haber de Retiro –pensión para Magistrados–, Zepeda dijo tener un sueldo decoroso, sin ninguna aspiración a esa pensión, ni como juez ni como servidor público. Esa primera comparecencia se llevó cerca de 35 minutos.   Valentía necesaria: Flores Anguiano Siguió en el turno el Juez Civil del Poblado Guadalupe Victoria Ignacio Flores Anguiano, quien expuso que era una gran oportunidad “para contribuir en la impartición de justicia, con el propósito de superar en cantidad y calidad el quehacer jurisdiccional, lo que implica un serio compromiso y una grave responsabilidad”. Delineó un perfil óptimo del juzgador, mencionando la probidad, el conocimiento, humanistas y valientes, como necesarios elementos, ya que la falta de éstos impide alcanzar el propósito de la justicia. Del procedimiento de evaluación el diputado Molina le lanzo el “buscapiés” sobre los integrantes del comité de evaluación, el procedimiento y la declinación del Magistrado Jiménez Carrillo para de nuevo evaluar a los que ya habían “no acreditado”, a lo que el compareciente simple y llanamente dijo “A ciencia cierta no tengo conocimiento pleno del porqué de su decisión”, aunque mencionó que quizá por el hecho de que cuatro del los participantes habían interpuesto un recurso de revisión. Sobre el Haber de Retiro Flores Anguiano dijo que debía implementarse –de acuerdo a la Ley Orgánica– que los funcionarios al llegar a los 70 años tendrán derecho a una jubilación. Mencionó que a nivel federal y en algunas entidades existe la jubilación o el Haber de Retiro –al que caracterizó como una especie de indemnización al final del encargo– y así sintetizó su opinión: “me parece que es justo que cuando se le ha dedicado la vida a una labor como ésta, creo que vale la pena darle al juzgador una cantidad  mensual, mínima que sea, que le permita vivir…”. Su participación duró también cerca de 35 minutos.   Organizarse y ahorrar: Lourdes Molina La actual Jueza de Primera Instancia en Tijuana y académica –va por la Maestría– pareció la más organizada. Llegó con un equipo de apoyo, distribuyó un juego engargolado con su currículum y de entrada se apoyó en un fajo de tarjetas para sintetizar su planteamiento. Dio cifras del trabajo en su juzgado y su comparecencia –casi una hora con 15 minutos– resultó una suerte de mini informe de su gestión. Habló de sus convicciones y la importancia de la modernización, actualización y reingeniería del Poder Judicial. Mencionó lo que denominó “proyecto piloto” implementado en su juzgado en aras de la eficiencia y que incluyó el organizar los datos, estandarizar el trabajo y mejorar los resultados, donde se incluyó la figura de administrador. ”No es pretexto no tener dinero suficiente para impartir una justicia digna a los justiciables”, sostuvo Molina Morales. Expuso que su juzgado se han radicado 7 mil 746 juicios, de los cuales hay activos mil 982, el resto se concluyeron por varias causas, principalmente por convenio judicial, “soy una creyente de los medios alternos de solución de conflicto, participo de manera directa en las audiencias que se llevan en mi juzgado”, expuso la jueza tijuanense. Dijo que se determinaron 3 mil 728 juicios, 2 mil 336 concluidos, con sentencia definitiva, de las cuales –aseguró– hay un porcentaje de sentencias confirmadas de 99.79, que equivalen a 2 mil 331 sentencias. “Concibo a una Magistrada o Magistrado que legitima sus decisiones, que se apoye en su carrera judicial, pero que se apoye en su visión de Estado, con la mira y la acción judicial puestas en un diseño de celeridad procesal siempre respetuosa, leal e incluyente”, dijo la jueza Molina antes de iniciar la sesión de preguntas. Sobre el número de quejas en su juzgado, Molina Morales dijo no tener ninguna, y acerca del procedimiento –lanzada por Miriam Ayón– y el giro en la calificación donde de ir en el número uno la parte de los méritos la envió hasta el tercer puesto. “El procedimiento ha sido totalmente apegado a la legalidad, imparcial, objetivo, transparente”, sostuvo la jueza quien refirió que anteriormente el procedimiento era “muy sencillo”, prácticamente reunir los requisitos y “pasar al pleno del Tribunal, en el caso del juez, o contar con el apoyo del señor gobernador para ser designado”. Luego se modificó el Reglamento de Carrera Judicial y al ser designada jueza ya le tocaron estas nuevas reglas. Entre los cerca de 75 minutos de su comparecencia destacó la respuesta ante el tema del Haber de Retiro, Molina dijo: “Si es aportación de nuestro sueldo, nosotros organizados para nosotros auto ahorrar, estoy de acuerdo, creo que el pueblo ya bastante nos aporta”, dijo al mencionar su trayectoria como litigante y añadió que no teme terminar su carrera judicial y regresar a su despacho o al tiempo completo a la catedra. “Creo que tenemos tiempo suficiente, 15 años de juez o Magistrado, con ese ingreso nada despreciable, creo que no se puede organizar y ahorrar y preparar para retirarse, al menos mi abuela así me enseñó”.   Capacidad y empeño: Fernández Ruiz de Chávez En el turno siguió Víctor Manuel Fernández Ruiz de Chávez, actual Magistrado Supernumerario y Juez Familiar, quien habló de las funciones del Poder Judicial y su desempeño durante 34 años en esa instancia. “La idea de mi participación es colaborar en las funciones del Poder Judicial del Estado, que es impartir justicia”, expuso mencionando sus responsabilidades como Actuario, Secretario de Acuerdos, en la Secretaría General y como particular del Magistrado Presiente Donaciano Ortega Romero y desde hace 20 años, juez. “Mi propósito de aspirar a Magistrado es contribuir desde otra trinchera y un poco de mayor conocimiento para una mejor impartición de justicia”, dijo en su sintetizada presentación. Sobre lo que considera su fortaleza –la repetida pregunta de Mónica Bedoya a todos–, Ruiz de Chávez mencionó los requisitos Constitucionales para ser Magistrado– entre éstos la capacidad, la trayectoria u las distinciones recibidas, recalcando que en sus 34 años de su trayectoria nunca ha sido objeto de ninguna sanción y en sus años de juez ha sido ratificado en cinco ocasiones. “Eso deja ver una trayectoria donde me he distinguido por mi capacidad, mi dedicación y empeño”, expuso Ruiz de Chávez, quien dijo sentirse con los méritos suficientes. En cuanto a su vasta trayectoria –que no se reflejó en la calificación por méritos– Ruiz de Chávez consideró que hubo una “indebida apreciación”, mencionando lo sucedido durante el procedimiento de evaluación y por qué tuvo que recurrir a un recurso de revisión. El actual Juez de lo Familiar mencionó que ha participado en tres convocatorias para la Magistratura y en dos de éstas estuvo en primero y segundo lugar, en términos de calificación. Del Haber de Retiro dijo que era algo que “no me inquieta, con mis ingresos me es suficiente y en un futuro, Dios dirá”. Duró 35 minutos frente a los legisladores.   Soy institucional: Fragoso Finalmente y ya cerca de las siete de la tarde tocó su turno a Alejandro Isaac Fragoso López, Juez Cuarto Civil en Tijuana quien dijo tener cerca de 20 años de carrera judicial. Dijo haber laborado como Actuario en Tecate, luego igual en Tijuana y mediante concurso llegó a Secretario de Acuerdos en el Juzgado Octavo Civil y desde enero de 2008 fue designado –mediante concurso de oposición– como Juez de Primera Instancia en el Cuarto Civil, donde ya fue ratificado, a la par de su labor como catedrático. De su plan de trabajo mencionó directrices –propuestas al pleno del TSJ– como la capacitación legislativa, los indicadores de eficiencia, la transparencia y el acceso a la justicia para grupos vulnerables. El diputado Molina le preguntó sobre el procedimiento mencionando, que hace unos meses en el Poder judicial la mayoría de los participantes fueron ratificados como jueces pero ahora ese mismo organismo les dice que “no pasaron un examen teórico” 20 de ellos y aspirantes a la Magistratura. En respuesta Fragoso consideró que se trataba de un procedimiento complicado, desgastante, cansado y agotador. “Soy una persona institucional, pero reconozco que el concurso estuvo apegado, en su mayoría a las bases que establece el reglamento de la carrera judicial, sin embargo, hablando de nuestros compañeros, la convocatoria era muy clara y establecía que iban a ser cinco áreas de conocimiento, ahí es donde hubo confusión”. En suma el actual Juez Familiar consideró en cuanto al procedimiento que “en su mayoría se cumplió con los lineamientos que marca la carrera judicial. Estuvo menos de 30 minutos frente a los legisladores.   Dictamen 68 Al final de las comparecencias el diputado por el partido Movimiento Ciudadano, Juan Manuel Molina consideró que era necesario solicitar más información –actas, documentos, el expediente completo–, en relación con el proceso de evaluación realizado en el Poder Judicial, dado que en las mismas respuestas de los aspirantes se evidenció que en los exámenes realizados no se cumplió con el requisito de seguridad marcado en el Reglamento de la Carrera Judicial. Molina dijo que con este tipo de prácticas “se podría haber perjudicado a alguno de los aspirantes”, aparte mencionando que hay al menos un juicio de garantías pendiente y relacionado con la primera fase del proceso. En suma proponía que no se elaborara un dictamen, hasta que el Poder Judicial remitiera la información complementaria requerida. Sobre el tema el coordinador de la bancada panista Gustavo Sánchez mencionó que “desde aquí vemos un procedimiento que no fue ortodoxo”, preguntándose hasta qué punto alguien que no saliera favorecido pudiera invocarlo y en qué plazos estaría para hacerlo. Por su parte el líder de los diputados priistas, René Mendívil expuso que “es un tema para registrar, atender pero creo que debemos sujetarnos a lo que es nuestra obligación y responsabilidad como comisión”. Dijo que a esa instancia le correspondía turnar el tema a la Junta de Coordinación Política. “Nosotros estaríamos, en todo caso, convalidando alguna anomalía, de haber alguna irregularidad”, expuso el presidente de la comisión, Roberto Dávalos, mencionando que se podría solicitar al departamento jurídico un análisis acerca de las posibles facultades para solicitar la información referida. Al final los diputados optaron por votar a favor de la propuesta para elaborar un dictamen “genérico”, donde se establece el supuesto de que alguno de los participantes obtenga la mayoría calificada, aunque se acordó incluir en los considerandos del documento que “en casos cuando el Congreso no aprueba el nombramiento, obliga a que tenga que remitirse una nueva propuesta por parte del Poder Judicial”. Terminado la sesión el diputado Molina insistió en que debe tomarse una decisión más seria y no con los ojos cerrados, por eso la necesidad de contar con mayor información sobre lo sucedido. “No estoy señalando que hayan sido imparciales, pero al menos la duda existe de que se violó el reglamento de Carrera Judicial”, refirió el diputado naranja considerando que sí quedan elementos para una posible impugnación.