Baja California sigue sin reconocer derechos indígenas

Hasta el día de hoy, Baja California es el único Estado en todo el país que aún no reconoce los derechos de los pueblos indígenas dentro de su Constitución local. Es un tema que lleva atorado nueve años y, tras cuatro intentos y el avance que se dio en la anterior Legislatura, en la actual todavía sigue en estira y afloja, dependiendo de la voluntad política de los diputados locales. A raíz de los conflictos sociales que se dieron en Chiapas en los noventas, en 2001  se reformó el Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incluir los derechos indígenas, y en el diario oficial del 14 de agosto de ese año se estableció que “al entrar en vigor estas reformas, el Congreso de la Unión y las legislaturas de la entidades federativas deberán realizar las adecuaciones a las leyes federales y constitucionales locales que procedan y reglamenten lo aquí estipulado”. En su momento, la XVI Legislatura del Poder Legislativo de Baja California votó a favor de cara a pasar al proceso de armonización legislativa. Además, desde 2007 existe la Ley de Derechos y Cultura Indígena, la cual ha sido letra muerta porque no se ha elevado a rango constitucional, por lo que tampoco los gobiernos estatal y municipales han aplicado programas y presupuestos para estas comunidades. En la actual XXI Legislatura parece que el panorama va cambiando, al presentarse el 26 de febrero pasado la iniciativa al Artículo Séptimo con el Séptimo Bis en materia de Derechos Indígenas, misma que está remitida a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. El siguiente paso en el proceso es que el órgano legislativo consulte a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, nativas y migrantes establecidas en Baja California. Dentro de sus atribuciones, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) tiene el promover con los diferentes niveles de gobierno las adecuaciones jurídicas pertinentes para reconocer los derechos indígenas establecidas en nuestra Constitución y en los tratados internacionales, por lo que esa instancia estará realizando consultas con las comunidades indígenas por lo que resta del mes. En la ciudad de Ensenada la consulta se llevará a cabo el 24 de noviembre, en Tijuana el día 25, en la delegación de Maneadero el 27 y en la delegación de Vicente Guerrero en San Quintín, el 29 de noviembre. En Baja California existe una población de 150 mil indígenas, alrededor de 146 mil son de diferentes partes del país, y el resto pertenecen a los pueblos nativos cucapás, pai pais, kiliwas, kumiais y cochimíes, distribuidos en Mexicali, Tecate, Rosarito y Ensenada. De la gran diversidad de grupos indígenas migrantes puede mencionarse a los mixtecos, triquis, zapotecos, purépechas, amuzgos, coras, mazatecos, otomíes, huastecos, mayas, papagos, yakis, y una veintena más de comunidades indígenas que se ubican principalmente en asentamientos irregulares en los valles de San Quintín, Ojos Negros, La Trinidad, Mexicali, Valle de Las Palmas y Maneadero. “Lo que ha faltado es voluntad política y nos preocupa mucho”, reiteró Juan Malagamba Zentella, delegado de la CDI, ante la abulia con que ha sido abordado el tema en la entidad. “Pero el conflicto de San Quintín nos ha dejado mucha enseñanza, constatar que el rezago no sólo es en la parte cultural, sino en lo socioenòmico”, apuntó. Son 11 millones de indígenas en México “y todos se encuentran en el umbral de la pobreza”, compartió. Agregó que además de la ausencia de políticas aplicadas, hará falta establecer presupuesto y acciones, por ejemplo, un programa de desarrollo regional para San Quintín, “si no se concreta con presupuesto va a seguir la desigualdad”, advirtió. La expectativa es que la reforma de Ley se publique en marzo de 2016. Mientras tanto, especialistas que han dado al seguimiento al tema revelaron al ZETA que en el Congreso local, mientras el diputado priista Marco Antonio Novelo impulsa la iniciativa, se ha topado con la resistencia precisamente de la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y Asuntos Indígenas Rosa Isela Peralta Casillas, del PAN.