Zócalo 11 de julio, clausurado por falta de licencias

Ni Gobierno del Estado, ni municipio de Tijuana, lograron certificar que las obras que se ejecutan con recurso público federal en el Parque Benito Juárez, cuenten con las debidas licencias de uso de suelo, remoción o tala de árboles, ni con la autorización correspondiente para explotar bancos de material, como la arena que del predio es sustraída. Estas posibles irregularidades también son investigadas por la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado de la República. Pero mientras se corrobora si el proyecto es o no sustentable, a decir de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE) la clausura de la obra significa para el erario una pérdida diaria de 200 mil pesos, cantidad que debe ser indemnizada a la empresa Jay Construcciones, de acuerdo al contrato que se suscribió para la edificación del Multiforo y la construcción de la torre emblema de la Plaza 11 de julio.   LAS RAZONES DE LA CLAUSURA   Aunque es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) la única autoridad con facultades para expedir permisos para tala, hasta el momento ni la autoridad que desarrolla la Plaza 11 de julio, ni sus promotores, han presentado los permisos federales correspondientes para la remoción o tala de 164 árboles del Parque Benito Juárez. La documentación exhibida ante las autoridades que así se lo han requerido, como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es la expedida por la dirección de Protección al Ambiente del Municipio de Tijuana, lo cual el TCA consideró carente de sustento “fehaciente” para demostrar el cumplimiento de la normatividad en uso de suelo, construcción e impacto ambiental, por lo que ordenó la clausura de la obra. Desde su inicio, la Plaza 11 de julio ha sido cuestionada por el impacto al medio ambiente que significa el modificar el Parque Benito Juárez para que la obra de concreto pueda erigirse. La modificación de uso de suelo de tres predios públicos en los que se levanta el inmueble promovido por el Patronato 11 de julio, que encabeza Carolina Aubanel Riedel, tampoco ha sido aclarada del todo. Por ello los grupos de ciudadanos inconformes con la obra que califican de arbitraria la han denunciado desde su concepción, en 2010, como irregular. Fue hasta marzo de 2015 que lograron ser escuchados, al atender el Tribunal de lo Contencioso Administrativo una queja presentada por el grupo que dirige Sabino Arellano, por la expedición de permisos que el Municipio de Tijuana otorgó para la edificación de la plaza, sin el seguimiento normativo correspondiente. Ante el Tribunal, los quejosos acusaron al presidente municipal en turno, Jorge Astiazarán, de permitir el desarrollo de la obra sin comprobar que ésta fuera sustentable. En marzo de 2015 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado requirió al municipio proveer pruebas que demostraran que las obras proyectadas en el predio con Clave Catastral RG-023-001, dónde se ubica el Parque Benito Juárez, procuren un beneficio para la sociedad. El 16 de abril de 2015 la magistratura emplazó al municipio a exhibir en un término de tres días la totalidad de los documentos y permisos relacionados con la obra, el gobierno de Jorge Astiazarán no cumplió, por lo que le fue ordenado suspender la ejecución del proyecto, lo cual tampoco obedeció.   ASTIAZARÁN MULTADO POR DESACATO   En abril de 2015 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ordenó a Jorge Astiazarán materializar la resolución, pero el presidente municipal de Tijuana ignoró la ordenanza y se limitó a presentar documentación que no se consideró válida, por lo que fue multado con un mes de salario mínimo vigente. La sanción administrativa le tendrá que ser aplicada vía nómina, por violentar “la suspensión definitiva concedida en el presente juicio”. La multa se impuso el jueves 24 de septiembre de 2015, acompañada de una nueva resolución del Tribunal, acreditar en tres días (hábiles) el “completo cumplimiento a la suspensión  definitiva”. Caso contrario, se advirtió a Astiazarán, sería acreedor “a una multa de tres meses de salario mínimo vigente”. Fue así que el mediodía del martes 29 de septiembre, el XXI Ayuntamiento de Tijuana, a través de los inspectores de Desarrollo Urbano, procedió a parar la construcción del proyecto. La clausura es por tiempo indefinido, hasta que jurídicamente se sustente la viabilidad ambiental y técnica del proyecto, algo en lo que apenas se ocupa el área jurídica del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid y que la Secretaría General de Gobierno, a cargo de Francisco Rueda, dice no tener fecha para delimitar.   MUNICIPIO AUTORIZÓ TALA   Una vez clausurada la construcción de la Plaza 11 de julio, el secretario de desarrollo urbano y ecología de Tijuana, Roberto Sánchez Martínez, y el director de protección al ambiente de Tijuana, Gabriel Alonso Veytia Burgueño, admitieron que el municipio permitió la remoción, reubicación y tala de árboles. La solicitud para tal acción la requirió, y le fue autorizada, al Patronato 11 de julio. El 20 de agosto de 2013 la Dirección de Protección al Ambiente emitió un dictamen procedente referente a la reubicación de 97 ejemplares y la tala de un árbol de la especie eucalipto Asimismo, el 24 de abril de 2015 se dio otra autorización “para el trasplante de 66 especies de diferentes tipos y alturas y solamente la tala de cinco diferentes especies”, detalló el titular de la dependencia. Cada especie se encuentra debidamente registrada en un catálogo, cada árbol se encuentra debidamente removido y trasplantado en otra área de la ciudad, principalmente en la Zona Río, alrededor del CREA y atrás de la glorieta de Tomás Aquino, dijo. Y admitió: “Cuatro a cinco especies no sobrevivieron a la remoción del trasplante”.   TRIANGULACIÓN EN SOLICITUD DE LICENCIAS   De las licencias de construcción, Roberto Sánchez precisó que la primera de ellas se expidió el 29 de noviembre de 2010, a petición de Ricardo Cisneros Rodríguez, director general del Patronato 11 de julio. La Plaza 11 de julio, obra que se desarrolla en una superficie 225 mil metros cuadrados, está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado (SIDUE), la cual tendría que ser la encargada de requerir permisos y licencias, de acuerdo a la normatividad, opinó Roberto Méndez, ex presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana. Fue hasta el 7 de agosto de 2013, cuando se requirió la tercera prórroga para la obra, que SIDUE requirió los permisos para su ejecución, lo hizo a nombre del ingeniero Gabriel Arvizu Loyola, delegado de la dependencia en Tijuana, autorización que venció el lunes 28 de septiembre, un día antes de la clausura y no había sido revalidada.   PROYECTO BAJO INVESTIGACIÓN   El 8 de julio de 2015 la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, secretaria de la Comisión de Protección al Ambiente, presentó una proposición con punto de acuerdo por la que se exhortó al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre los resultados de los estudios de impacto ambiental para la construcción del proyecto Zócalo 11 de julio. También se le requirió notificar sobre los permisos y autorizaciones para la construcción de la obra. En tanto, al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), se le exhortó a investigar sobre la tala de árboles dentro del Parque Benito Juárez. En el mismo punto de acuerdo se instruyó al gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, reforzar la vigilancia en esa área verde “y se evite de manera inmediata la tala de árboles”. Hasta el momento ninguna autoridad ha respondido. La comisión también trabaja en un punto de acuerdo para elevar las multas, tanto a particulares como a las propias autoridades que permitan o realicen daños a la naturaleza.   PRESUPUESTO LIMITADO Y SIN APLICAR   Edificado meramente con recurso público federal, la clausura del proyecto Zócalo 11 de julio representará un menoscabo económico para el erario de Baja California, pues tendrá que pagar una indemnización a la empresa que lo edifica, además de que corre el riesgo de tener que devolver a la federación 95 millones de pesos no ejercidos en la obra. En 2013 el gobierno federal asignó 100 millones de pesos para el arranque del proyecto, el cual quedó a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado quien, a su vez, lo concesionó a la empresa Jay Construcciones. En 2014 la federación etiquetó una partida similar, con lo que dio arranque la edificación del Multiforo y la cimentación del edificio emblema de la Plaza 11 de julio. Para 2015 se esperaba una cantidad igual, pero el recorte presupuestal de la federación redujo la partida destinada para la plaza a 50 millones de pesos, cantidad que se especificó para la “conclusión del Multiforo, edificio del Instituto de la Cultura de Baja California, andadores y áreas verdes de la Plaza 11 de julio”. A la fecha el avance de la obra se aprecia lento, siendo el Multiforo la obra de mayor progreso con un 95 por ciento de avance. Ello ha derivado en una aplicación incompleta de los recursos destinados para el desarrollo de la acción. De los 250 millones que la federación ha canalizado en tres años para la ejecución de la plaza, SIDUE solo ha aplicado 155 millones; el resto, 95 millones de pesos están en riesgo de que el gobierno federal los requiera si no se ejercen dentro del actual ejercicio fiscal. La clausura de la obra aumenta el riesgo de incumplimiento. En su origen, para el desarrollo del proyecto se estableció un 75 por ciento de inversión privada y solo la aplicación de un 35 por ciento de recurso público.   PATRONATO INCUMPLE   Desde su conformación en 2010, el Patronato 11 de julio ha sido beneficiado con recurso público para operar como gestor de la plaza del mismo nombre, pero hasta el momento su representación no ha dado resultados. La obra continúa sin contar con postores que inviertan en ella. Tanto la federación como el gobierno de Baja California, han asignado recursos públicos para el organismo civil encabezado por Carolina Aubanel. Mientras la federación le ha asignado recursos a fondo perdido destinados para la promoción turística, el Estado ha tomado del presupuesto etiquetado al rubro de educación, para aportar al sostenimiento del patronato. Los montos y el manejo de este apoyo no han sido transparentes. Lo único claro es el poco resultado de los estudios de costo-beneficio y el análisis del modelo de negocio en los que el organismo dice aplicar los recursos que le son proveídos, porque hasta el momento la Plaza 11 de julio carece de inversionistas interesados en invertir en el proyecto. Por ello el patronato no ha presentado ante la Junta de Asociaciones Público Privadas del gobierno del estado las propuestas, situación que también ha frenado la ejecución de la obra. En lo que va del 2015 ha requerido de dos prórrogas al gobierno de Francisco Vega para poder reunir a los posibles candidatos a participar en la inversión de la Plaza 11 de julio. La última prórroga la solicitó en agosto pasado y vence en febrero de 2016, si para entonces continúa sin postores y un modelo de negocio que lo haga sustentable económicamente “el estado tendrá que definir qué tendrá que hacer, porque no puede dejar una obra inconclusa”, señaló Manuel Guevara, titular de SIDUE. Hasta el cierre de esta edición, ningún integrante del patronato quiso dar una postura sobre la clausura y la situación del proyecto.     Aubanel: sí se cuenta con todos los permisos   Por una omisión del jurídico del gobierno del estado, que no contestó en tiempo y forma, se clausuro la Plaza 11 de julio, señaló Carolina Aubanel Riedel, presidenta del Patronato 11 de julio. “Hay omisiones en la acción, pero ya trabajan en ello”, dijo al referirse a las autoridades estatales. Aseguró que sí se cuenta con todos los permisos y licencias tanto locales como se Semarnat y Profepa, caso contrario, “no habríamos podido gestionar recursos federales”, pero negó que por el proyecto se haya talado un solo árbol. Calificó como cíclicos los ataques contra la obra, particularmente previo a las elecciones, y con ello “no perjudican al patronato, sino el progreso de la ciudad, cuando no se ha gastado ni un peso de los tijuanenses en el proyecto”, asentó. Respecto a la prórroga solicitada para la presentación de propuestas, anotó que, a sugerencia de las propias autoridades del estado, se contrató al despacho de Federico Carstens para que realice el estudio financiero del proyecto, el cual se tendrá listo para el 29 de febrero, fecha en que concluye la prórroga. Respecto al manejo de los recursos públicos, sostuvo que el patronato solo recibe del erario el sueldo del director Ricardo Cisneros, el pago de una secretaria y papelería.