Recula Tribunal en selección de magistrado

El proceso para la selección de un magistrado numerario para el Tribunal Superior de Justicia de Baja California, se enrareció. De férreos exámenes -el primero de conocimientos generales y el segundo práctico- transitaron a la condescendencia para aprobar incluso a quienes habían reprobado. Así, de tener solamente una persona, la jueza Lourdes Molina, que había aprobado todos y cada uno de los exámenes, el Consejo de la Judicatura dejó pasar a los cuatro reprobados en la prueba práctica, y la lista que la próxima semana será enviada al Congreso del Estado para que los diputados elijan de ahí al próximo magistrado, será de cinco y no de uno, como en justa razón procedía. En estricto orden alfabético y no por las calificaciones logradas -cuatro habían reprobado-, la lista corta que se enviará al Congreso será de la siguiente manera: * Víctor Manuel Fernández Ruíz de Chávez. * Ignacio Flores Anguiano. * Alejandro Isaac Fragozo López. * María de Lourdes Molina Molares. * Marcelino Zepeda Berrelleza. En el inter, y por no estar de acuerdo en aprobar a los reprobados, renunció al Consejo del Jurado Calificador, el magistrado Marco Antonio Jiménez Carrilla, cuyo lugar ocupó su suplente, el también magistrado Víctor Vázquez Fernández, quien junto al presidente del Tribunal, Jorge Armando Vázquez y el consejero de la Judicatura, Gerardo Brizuela, armaron la quinteta de la condescendía. En efecto, de los 24 que se registraron, solo cinco pasaron la prueba de conocimientos donde se le preguntó a los abogados sobre las cinco ramas del Derecho Procesal, Penal, Civil, Familiar, Mercantil y Amparo. Aun cuando el espacio desocupado ante la trágica muerte del magistrado Marco Antonio López Magaña es en un Sala Civil, la idea o por lo menos el objetivo es que quien ocupe el máximo cargo judicial en el Estado, esté preparado en todas las materias y no solo la que desempeñará. Para la segunda fase, el examen práctico, el Jurado Calificador les dio un expediente penal, el mismo caso a todos los cinco semifinalistas -todos jueces, por cierto- para que elaboraran una sentencia con todos los elementos a considerar. Y ahí solo una fue aprobada, una juez civil, Molina. Sin embargo, los otros cuatro introdujeron recursos de revisión al Consejo de la Judicatura y les fueron aceptados. Nada difícil, pues la elaboración de una sentencia puede ser subjetiva. Así se completó la lista de cinco, con una aprobada y cuatro ex reprobados. Ahora corresponderá al Congreso del Estado, donde ya los priistas tienen sus propios candidatos, aun cuando no aprobaron el examen la primera vez, y los líderes panistas están a la espera de una negociación política para determinar el sentido de su voto. En este contexto, se corre el riesgo de que, una vez más, se politice el nombramiento de un magistrado. La cuestión es que este atropellado proceso de selección podría repetirse en los siguientes años, pues en 2017, tres magistrados deberán ser ratificados por el Congreso del Estado, o en caso contrario, iniciar otro proceso de selección. Se trata de los colegiados Miriam Niebla, Carlos Cataño y Sonia Mireya Beltrán. Mismo proceso por el que atravesará en 2018 -de ratificación- Salvador Ortiz. Y en el mismo 2018, definitivamente sí se emprenderán procesos de selección de magistrados, pues dos colegiados, Raúl González Arias y Félix Herrera Esquivel, se retirarán por edad. Ambos nacidos en 1948, llegarán en ese año a los 70 años de edad que marca la Ley como límite para permanecer en el Tribunal.   El recurso de los reprobados   Ante el recurso de revisión interpuesto por cuatro aspirantes a magistrado que habían sido eliminados del proceso de selección en el Poder Judicial tuvieron que recular, revisar y modificar la calificación de los postulantes, quiénes siguen en el proceso y, el lunes 5 de octubre, comparecieron ante la Comisión de Evaluación. Uno de los integrantes de esa Comisión, el magistrado Marco Antonio Jiménez Carrillo, se negó a seguir participando en ese Jurado con el argumento de que su tarea terminó con la comparecencia y evaluación de la única participante que en una primera fase aprobó todas las evaluaciones. Por su parte, el presidente del Poder Judicial, Jorge Armando Vázquez, asegura que después de la revisión, se consideró que sí había elementos para que los cuatro pasaran a la siguiente fase. “Revisamos cada uno de los aspectos y, de la sumatoria total, sí alcanzaron la mínima aprobatoria”, explicó el magistrado Salvador Ortiz Morales, quien encabezó la Comisión Revisora. Para el presidente del Colegio de Abogados de Mexicali, Anuar Ramos, resulta preocupante que se hayan dado este tipo de situaciones y que pueda darse una imagen de que “las valoraciones, la convocatoria, no se desarrollaron en el mejor ambiente”, y caracterizó como sorpresivo que dentro del procedimiento se haya dado pie a que se presentaran recursos. “Es importante que la lista que va a enviar hacia el Congreso del Estado la envíe sin ninguna falla, ni de forma ni de fondo, que sean las personas que en verdad hayan reunido los requisitos y los requerimientos que se hicieron en la convocatoria”. Jiménez Carrillo justificó su salida del Jurado Calificador: “Fue por una cuestión de principios”, en alusión a que -desde su punto de vista- él ya cumplió con la tarea asignada. Su lugar fue ocupado por el magistrado Víctor Vázquez. Explicó que se calificaron los exámenes teóricos de 24 aspirantes, pero 19 no alcanzaron la calificación mínima de 8 para seguir participando. Cinco aspirantes pasaron a la otra etapa, la del examen práctico, donde buscaban medir la capacidad para fundar y motivar la aptitud para fijar la Litis, la estructura de la sentencia, las consideraciones y la conclusión, los puntos resolutivos. El magistrado afirmó que estos exámenes no tienen nombre, se les identifica con un código de barras en la idea de que el que califica, no sepa de quién se trata. “Bajo esos rubros, a mi saber y entender, y aplicando la experiencia que tengo en la universidad, considere que cuatro no habían resuelto el caso como se debía, por lo tanto, no alcanzaban el 8, y una sí”. Refiere que cada Jurado emitió una calificación que queda establecida en un acta que se levanta individualmente, lo que implica que cada Jurado hizo cinco actas, las que luego se promedian y se da el resultado, el cual resulta inhibitorio. “El resultado marca que si no se obtiene la mínima calificación de 8, ya no puede pasar a la siguiente etapa, así lo marca el Reglamento de Carrera Judicial”, aclara Jiménez Carrillo. Dice que por respeto a los participantes prefiere no mencionar la calificación que él designó, y solo comenta que “fue bajo…”. Luego de emitida la calificación, el Consejo de la Judicatura la aprueba y ordena su publicación. “Aquí campeó el derecho fundamental que tienen los concursantes a inconformarse”, y para esto el Reglamento del Carrera Judicial establece que se formará un Jurado Especial para revisar los exámenes. Este Jurado lo encabeza el magistrado Salvador Ortiz y son designados por los integrantes de la Comisión de Carrera Judicial, quienes hacen una propuesta en el pleno del Consejo de la Judicatura. “Lo que resultó es que en la revisión todos pasaron, como haya sido, todos pasaron. Entonces yo ya no participo en la siguiente etapa, más que con Lourdes Molina. Yo me excusé de conocer (de las comparecencias de los cuatro) porque yo ya emití una evaluación que sigo sosteniendo, eso me inhibe de participar en la entrevista con ellos. Para mí ya concluyó mi comisión en el momento en que entrevistamos a Lourdes Molina”, aclara el magistrado Jiménez Carrillo. Se le insiste sobre los argumentos principales para excusarse. Responde contundente: “Yo ya emití una evaluación reprobatoria, la cual creo que es la correcta, por lo que considero que ya no debo de estar ahí, para ser congruente con esa evaluación”. Niega que se esté siguiendo un procedimiento incorrecto -está previsto por la Ley-, aunque añade que habría que ver cómo se motivó el revocar la calificación que ya se había emitido. “Es una cuestión de principios”, sostiene, y despeja que esto tenga que ver con un pleito de fondo entre un grupo de magistrados contra otro grupo de magistrados. “Nada tiene que ver eso, sí hay diferencias de criterios, en todos los órganos colegiados las hay, pero hay la libertad de expresarlas y los mecanismos legales para hacerlo”, finaliza.   Examen práctico, “de apreciación”: Vázquez   El presidente del Tribunal, Jorge Armando Vázquez, es integrante del Consejo del Jurado Calificador, y la Comisión Revisora -de los recursos de los no aprobados- la integran el magistrado Salvador Ortiz, el consejero Héctor Díaz y el magistrado Jorge Pérez Castañeda. — ¿Cómo se explica que en una parte no hayan aprobado y en otra si?, se le pregunta al titular del Poder Judicial “Lo que pasa es que en el examen práctico es de apreciación, se califica objetividad, estructura, criterio, todos tienen el perfil de abogados, pero la sentencia en este caso era un caso penal, y la mayoría de los aspirantes eran jueces civiles. A la hora del análisis, dos de los que habían hecho la revisión coincidieron que no era suficiente. La comisión que se integró, consideró que esos elementos si eran suficientes. Es de apreciación”. En contraparte, los tres recursos interpuestos por los 19 primeros eliminados no procedieron “porque eran exámenes teóricos donde la respuesta debe ser más concreta”, y al someterse a revisión, la decisión fue en el sentido de que las respuestas emitidas “no eran las que debieron haber señalado”. De la prórroga solicitada al Congreso, Vázquez aclaró que no se estableció fecha tope, aunque dijo que el Poder Judicial tiene 90 días para este proceso y la calificación de las comparecencias del lunes estaría listas para hoy viernes 9 de octubre. El magistrado Salvador Ortiz Morales, quien encabezó la Comisión Revisora, detalla: “Con el respeto que tenemos a la primera evaluación, nosotros al revisar los expedientes consideramos que guardaban los elementos que cotidianamente revisamos en las resoluciones, además que nos percatamos de los requisitos que pide la Ley, la cual es muy puntual y dice que puntuación puedes darle a cada aspecto de la resolución. En la sumatoria total, nosotros sí alcanzamos a apreciar, desde nuestro punto de vista, que ellos habían adquirido el mínimo. “Con lo que la Ley nos permite, revisamos cada uno de los aspectos -estructura, desarrollo, fundamentación, motivación y el resultado-, y de la sumatoria total, sí alcanzaron la mínima aprobatoria”. — ¿Cómo se puede explicar que un grupo evalúa y no alcanzan la mínima aprobatoria, y después otro grupo califica y sí los aprueba? “Creo que aquí sí nos encontramos ante criterio. Cuando es una calificación de un examen teórico, solo existen respuestas correctas, pero cuando se aprecia un proyecto de resolución, cada uno de nosotros valoramos en forma distinta. Más que decir subjetivo, se atiende a otros parámetros… cómo está en el reglamento, sí nos permite dividir presentación, estructura, motivación y fundamentación. Algunas personas pudiéramos aceptar la básica y habrá personas que, lógicamente, quisieran tener un desarrollo mucho más amplio”.   Las comparecencias   Víctor Fernández Ruiz de Chávez fue el primer compareciente de  lunes 5 de octubre. Con un formato y preguntas muy similares a las planteadas a la actual jueza de Tijuana, Lourdes Molina. La variante la presentó el magistrado Víctor Vázquez, quien no participó en aquella presentación. De inmediato el conejero Brizuela le preguntó sobre una primera propuesta que tendría en caso de que fuese designado magistrado. El actual Juez de lo Familiar en Mexicali dio primero una larga vuelta al tema para luego exponer una serie de propuestas para abatir y agilizar procedimientos, como exentar a los actuarios de levantar las actas en las diligencias de notificación, dado que a cada uno le turnan en promedio de 20 a 30 expedientes diarios y, de paso, propuso reducir la carga de trabajo para los secretarios de Acuerdos con el apoyo de universitarios prestadores de servicio social. De igual forma, una modificación en cuanto a la forma de trabajo de las Salas del Tribunal Superior de Justicia -actualmente lo hacen en forma colegiada- para realizarlo de manera unitaria. Otros temas fueron la equidad de género en el Poder Judicial, la necesaria ética en el desempeño. El magistrado Vázquez lo llevó con preguntas que parecían capciosas. ¿Por qué toca o expediente? Y en su caso, Armando Vázquez preguntó sobre cómo ser más eficientes en el Poder Judicial, lo que sirvió al actual Juez de lo Familiar a decirse orgulloso del trabajo que realizan. En el turno siguió Ignacio Flores Anguiano, actual Juez Civil en el poblado Guadalupe Victoria, en el Valle de Mexicali; los temas que le preguntó el consejero Brizuela fueron muy similares, mientras que el magistrado Vázquez ideó una singular pregunta relativa a la posibilidad de que terminara la gratuidad de la justicia.  “Es delicado en cierto modo, puede ser aventurado el que el Estado cobre ciertos derechos por la administración de la justicia. Nunca se me había ocurrido esa posibilidad, pero viéndola desde un punto de vista objetivo y razonable, quizá no fuera tan descabellado que el Estado, en determinados casos y bajo ciertas condiciones, pudiera cobrar costos judiciales”, repuso el compareciente. Armando Vázquez retomó el tema de las “decisiones justas”, a lo que Flores Anguiano mencionó la opción de que un determinado caso se debe resolver conforme a derecho, “pero efectivamente hay muchas ocasiones en que riñen el derecho con la justicia. Ahí el juzgador debe asumir un papel que le permita resolver de la manera más adecuada para no sobrepasar los límites que le son permitidos, para tratar de que su resolución esté lo más apegada tanto al derecho como a la justicia”. Le siguió Alejandro Fragozo López, actual titular del Juzgado Cuarto Civil en Tijuana, quien mostró seguridad en sus planteamientos y dijo contar con historial de haber laborado en varias sedes, lo que le da una necesaria experiencia del pulso de lo que sucede en la región. El consejero Brizuela le pregunta sobre el extra que tenía para ser designado magistrado, con más cualidades que los demás aspirantes. “Creo que su hay una pequeña distinción, todos estamos calificados, todos tenemos experiencia profesional, sin embargo, considero que tengo un plus en cuanto a la carrera judicial” .sostuvo el aspirante a la magistratura, mencionado su labor de nueve años, “te da el temple en las resoluciones”. Sumó el ser de Ensenada y con un arranque de su carrera judicial en Tecate. En esa línea, el magistrado Vázquez le inquirió sobre el papel en que quedaría el juez Zepeda Berrelleza -de Ensenada-,  actual Juez de Paz y también espirante a la magistratura. “Estimo al compañero de Ensenada, fuimos compañeros en una especialidad que hicimos, pero por vicisitudes de nuestra vida nos tocó ser titulares en diferentes Juzgados. Sin embargo, reitero que la templanza, las presiones a las que estás sometido en un Juzgado de Primera Instancia de Tijuana, sí son distintas a un Juzgado de Paz”. Finalmente, el ensenadense y actual Juez Mixto de Paz, Marcelino Zepeda Berrelleza, contestó cuestionamientos similares. De entrada, Brizuela la preguntó si estaba en desventaja -como Juez de Paz- ante los otros aspirantes que eran jueces de Primera Instancia, a lo que contestó: “En ningún momento me encuentro en desventaja ante los tres jueces civiles y el Juez Familiar que también participan, en razón de que en varias ocasiones he tenido la oportunidad de participar en este tipo de concursos, en 2011, 2013 y 2015, y en cada uno de ellos he tenido calificaciones sobresalientes, siempre formando parte de la lista que se envía al Congreso, donde son otros los parámetros que intervienen en las decisiones”. Por su parte, el magistrado Vázquez le planteó las diferencias en cuanto a jurisdicción -en materia penal y civil- de Isla de Cedros, a lo que el compareciente asumió que no le había tocado esa diferencia, sí en cuanto a San Quintín y en Primera Instancia, pero no relativo a Isla de Cedros. Aun así, opinó que debería hacerse un análisis general dela situación, ya que en materia de justicia, además del aspecto jurídico, en los últimos años se ha analizado el aspecto de carácter económico, lo que resulta funcional. ”Creo que lo que debe privilegiarse es el aspecto competencial-jurídico compaginado con lo que resulte más funcional”. Así concluyeron las entrevistas a los cuatro aspirantes que habían sido eliminados la primera ocasión por el Jurado Calificador, que tras la salida de Jiménez Carrillo –por congruencia, pues él participó del proceso inicial donde salió una sola persona aprobada-, se reintegró el Jurado que sí aprobó a cuatro reprobados y reinstalados en su papel de aspirantes tras el recurso que introdujeron. El enrarecido proceso, luego de que el Poder Judicial recula en los resultados de sus propios exámenes para permitir a personas que fueron consideradas como no capacitadas de manera óptima -no alcanzaron el mínimo de 8, explicó Jiménez Carillo- para convertirse en magistrados, ahora serán puestos a disposición de los diputados para que de entre ellos, uno sea electo magistrado. Haya o no aprobado todos los exámenes.     Las calificaciones y las re-calificaciones   Los cuatro jueces, Víctor Manuel Fernández Ruiz de Chávez, Ignacio Flores Anguiano, Alejandro Isaac Fragozo López y Marcelino Zepeda Berrelleza, que no aprobaron el examen práctico, la segunda prueba para ocupar un lugar en la lista que el Poder Judicial envía al Congreso del Estado para de ahí seleccionar a un magistrado para el Tribunal Superior de Justicia de Baja California, obtuvieron calificaciones por debajo del mínimo de 8 requerido para sacar adelante tal evaluación. Quedaron así: * Víctor Manuel Fernández Ruíz de Chávez, 50.00 * Ignacio Flores Anguiano, 60.66 * Alejandro Isaac Fragozo López, 76.66. * Marcelino Zepeda Berrelleza, 71.00 La única que aprobó fue la licenciada Lourdes Molina, Morales con 89.83. Luego de que los cuatro no aprobados recurrieron a un recurso de revisión, el cual les fue concedido, el magistrado Marco Antonio Jiménez Carrillo “por principio” abandonó el Jurado Calificador, quedando la nueva composición de ese Jurado de la siguiente manera: Jorge Armando Vázquez, presidente del Tribunal; Víctor Vázquez Fernández, magistrado; y Gerardo Brizuela, consejero de la Judicatura. El nuevo Jurado no aplicó un nuevo examen a los reprobados, sino que utilizó la sentencia que hicieron en el examen original -la que no pasaron- y aplicaron parámetros más laxos para aprobar a los reprobados. Así, evaluando el mismo trabajo que ya habían eliminado -por lo menos Vázquez y Brizuela-, esta vez, todos emitieron calificaciones aprobatorias para todos, quedando así: * Fernández Ruíz de Chávez: 83. * Flores Anguiano: 85. * Fragozo López: 85. * Zepeda Berrelleza: 86. En la reevaluación, con parámetros distintos con los que fue valorado el trabajo de Lourdes Molina (89.83), todos aprobaron, aunque ciertamente ninguno -con todo y la ventaja- sobrepasó la calificación de la jueza.