ONU aboga por secuestradores

En 2009, las áreas de inteligencia militar y policiacas del Estado, ubicaban a Ramiro Ramírez Martínez “El Rambo”, Orlando Santaolaya Villarreal “El Chuletas”, Rodrigo Ramírez Martínez “El Gordo” y Ramiro López Vázquez, como operadores de Teodoro García Semental “El Teo”, jefe de la plaza del Cártel de Sinaloa en Baja California. Los detuvieron. Pero gracias a una recomendación emitida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la incapacidad del gobierno mexicano para refutar los dichos y pruebas de tortura, podrían salir libres en menos de 90 días. De acuerdo con informes oficiales, el 16 de junio de 2009, personal militar recibió una llamada anónima acerca de “un grupo de personas que tenían a personas secuestradas” en Playas de Rosarito. El mando militar ordenó un operativo integrado por 14 soldados. A decir del parte informativo, los cuatro hombres fueron detenidos en una casa donde se encontraba secuestrado un hombre de 65 años. La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) anunció la detención y el aseguramiento de mil 662 cartuchos, 20 armas, 278 cargadores, dinero en efectivo, vehículos y equipo táctico. Sin embargo, familiares de los detenidos denunciaron tortura por parte de los castrenses desde el momento de la aprehensión hasta el arraigo de 40 días -concedido por un juez- en el cuartel militar. Por lo tanto, exigían la “exclusión de pruebas obtenidas bajo tortura y confesiones no obtenidas ante un juez”. Casi tres años después, en 2012, el Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) de la ONU, admitió la queja presentada por organismos de derechos humanos en México. Una mala integración del parte militar, atención médica negada a los detenidos, así como una lenta e ineficaz investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) por tortura, fueron elementos determinantes para la recomendación. Al respecto, Raúl Ramírez Baena, ex procurador de Derechos Humanos en Baja California y quien ha defendido el caso, aseguró que los cuatro hombres, quienes se encuentran recluidos en el penal federal de Tepic, Nayarit, “están muy contentos, esperando que pronto sean liberados”.   Detrás de “El Teo”, “La Perra” y “El Kaibil”   Entre 2008 y 2009, en Tijuana se registraron más de mil homicidios, la mayoría debido a los enfrentamientos entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Arellano Félix. Declaraciones ministeriales e informes de inteligencia, ubicaron a Ramiro Ramírez Martínez “El Rambo” dentro del organigrama del narcotraficante Teodoro García Semental “El Teo”, integrante del Cártel de Sinaloa y hoy preso en el penal El Altiplano de Almoloya de Juárez, Estado de México. A sus 21 años, en abril de 2006, Ramírez Martínez fue reclutado por “El Teo” cuando éste todavía trabajaba para los Arellano Félix, indican informes de seguridad. Orlando Santaolaya “El Chuletas” y “El Rambo” eran identificados por la autoridad como los autores de la decapitación de dos policías en Rosarito, los asesinatos de dos policías ministeriales, tres policías estatales preventivos, así como del ataque a balazos a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), entre más sucesos ocurridos entre 2006 y 2008. Así lo declaró Ángel Jácome Gamboa “El Kaibil”, ex policía municipal, miembro de la célula de “El Teo” y uno de los jefes de Ramírez Martínez, quien fue detenido en marzo de 2009. Jácome Gamboa además acusó a Ramírez y Santaolaya de traficar droga hacia Estados Unidos, secuestrar y ser parte de la administración del narcomenudeo en Rosarito. Filiberto Parra Ramos “La Perra”, detenido el 10 de junio de 2009 -una semana antes que “El Rambo” y “El Chuletas”-, corroboró esta información.   Versiones encontradas   En su declaración ministerial, Ramírez Martínez admitió haber participado en el secuestro de don Fernando, un hombre de 65 años de edad, jubilado y quien había permanecido cautivo durante 24 días. La víctima narró cómo para privarlo de la libertad, los secuestradores se identificaron como agentes federales y lo acusaron de violación. Frente a la prensa, don Fernando dio testimonio de cómo le amputaron el dedo índice de la mano para exigir rescate a su familia. Por su parte, “El Rambo” admitió en declaraciones que recibieron un pago de la familia del secuestrado, pero que Raydel López Uriarte “El Muletas” había dado la orden de pedir más dinero por él y después asesinarlo. “Se encontraba amarrado de pies y manos y vendado de los ojos, presentaba lesiones y evidentes signos de tortura”, detalla el informe que México rindió a las Naciones Unidas, sobre las condiciones en que el hombre fue encontrado.  Mientras la SEDENA sostiene que los cuatro hombres fueron detenidos en una casa ubicada en la colonia Carlos Salinas de Gortari en Playas de Rosarito, los quejosos “aportaron cinco pruebas testificales que confirman la detención de Ramiro y Rodrigo Ramírez y Orlando Santaolaya por contingentes militares frente al hotel Oceana”, detalla la recomendación. Ante la ONU, Ramiro Ramírez y Orlando Santaolaya admitieron haber respondido a los nombres “El Rambo” y “El Chuletas”, respectivamente, cuando fueron detenidos. Explican que fueron golpeados en la zona de las costillas, en el estómago y en la mandíbula, les colocaron bolsas de plástico conforme los interrogaban sobre secuestros. “Les aplicaron choques eléctricos en los genitales y otras partes del cuerpo… los militares les empezaron a arrancar uñas de los pies,  atados de manos y pies durante la noche y amordazado con cinta adhesiva”, es parte de la narrativa expuesta por los detenidos. Sostienen además que “firmaron su declaración ante el Agente del Ministerio Público con los ojos vendados y sin la presencia de un abogado de su elección”, aunque esta afirmación sería desechada por un Juzgado federal, el 1 de agosto de 2009. De esta forma, el 6 de agosto de 2009, el Juzgado dictó auto de formal prisión por los delitos de delincuencia organizada, posesión de armas exclusivas del Ejército, secuestro y robo. Cuando apelaron la decisión, el 8 de enero 2010, el Tribunal Unitario del 24 Circuito de Acapulco consideró que las declaraciones de tortura “carecían de valor probatorio, puesto que no existían otros medios de convicción que las sustentaran”. No obstante la PGR admite severas lesiones en dos de los detenidos. Una perforación de tímpano en Ramiro López y, por lo tanto, la pérdida del oído derecho; y una fractura de mandíbula en el rostro de Ramiro Ramírez.   Procedimiento contaminado de origen   En resumen, la queja presentada ante el CAT por los detenidos, expone que “los agentes del Estado les infligieron intencionalmente dolores y sufrimientos graves con el fin de obtener de ellos una confesión sobre la comisión de presuntos delitos de participación en una estructura criminal y secuestro de una persona”.