Más represalias y abusos en San Quintín

El autobús número 27 propiedad de la empresa agrícola MS (San Marcos) inició su ruta a las 5 de la mañana en la colonia Lázaro Cárdenas pasando por ejidos y asentamientos donde hasta 40 jornaleros abordaban la unidad. La mañana del 22 de agosto el vehículo no llegó hasta las instalaciones de la compañía en el Ejido Nueva Odisea, siete kilómetros al este de la carretera Transpeninsular. A las 6:15, poco antes de la entrada al trabajo, misteriosamente el chófer del camión dio reversa unos 200 metros, cayó en una zanja y volcó. Se escucharon gritos, los pasajeros quedaron unos sobre otros, cristales de ventanas por todos lados, las pertenencias desbalagadas, aparentemente todos ilesos. Agustina M. tiene 19 semanas de embarazo, también iba a bordo de la unidad 27. Es pequeña, delgada, de tez oscura, se nota su personalidad alegre, aunque su vida y la de su hijo estuvieron en riesgo, sólo sufrió golpes en la cabeza. Según fuentes de San Quintín, aun conmocionados se los llevaron a la empresa para que cumplieran su jornada de trabajo. En pleno accidente el conductor del camión avisó a los patrones, quienes optaron por llevarlos a la empresa evadiendo la responsabilidad de dar parte a la autoridad municipal o federal. Tampoco pidieron atención de emergencia para los jornaleros lesionados, en la Dirección de Seguridad Pública Municipal no existe un parte o un peritaje que determinen el motivo del accidente. Ya en las instalaciones de la compañía uno a uno los jornaleros fueron llevados en vehículos particulares a la clínica 69 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), teniendo que hacer el mismo recorrido de varios kilómetros hasta llegar al pie de carretera. Veinte de ellos se quedaron a trabajar. Para llegar a la Agrícola MS hay que estar preparados para entrar a un paraje desolado, que atraviesa un camino de unos quince metros de ancho de tierra, pedregoso aunque con mantenimiento, pues la empresa produce alimentos de exportación. En varios puntos del trayecto la señal de comunicación se pierde, como lo constató Semanario ZETA días después del accidente, cuando buscó la versión de la empresa pero ésta se negó. Fidel Sánchez Gabriel, uno de los voceros de la Alianza de Jornaleros, lamentó que los empresarios traten de esa manera a los trabajadores y mencionó que ésta es una prueba de que a los patrones “solo les importa el dinero” Refirió que falta mucho para que los dueños de los negocios agrícolas vean a los jornaleros como un “ser de carne y hueso que siente”, porque hay millones de dólares de por medio.   Secretaría del Trabajo   Desde el día del accidente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), tiene inspeccionada a la empresa SM, a quien le dio algunos días de gracia para entregar documentación a la autoridad estatal, indicó la delegada de la dependencia en Ensenada, Guadalupe Barraza Chiquete. En una de las visitas hechas en los últimos días a la agrícola en San Quintín, el personal detectó violaciones de tipo administrativo por incumplir con el pago de la prima dominical, así como el pago doble por laborar el 16 de septiembre, día inhábil.  Para la funcionaria es complicado hacer una declaración sobre los motivos que llevaron a los operadores de SM a no dar parte a la policía municipal sobre el incidente. “El motivo por el que la empresa decidió llevarlos a la empresa es porque ahí tienen una enfermería, porque cuando el chófer se dio cuenta que el accidente no causó mayor problema se los llevó”, detalló conforme a las declaraciones levantadas en el lugar de los hechos. Una de las funciones de la dependencia es verificar que los accidentados estén afiliados al Seguro Social, y aunque  detectaron que los expedientes de cinco jornaleros estaban en proceso, se les dio atención médica.   “Fui personalmente al IMSS para ver cómo estaba la situación y la integridad física de los trabajadores, no había problemas de salud mayores, solo contusiones y por lo tanto ninguno ameritó hospitalización”.   Puede ser grave   El Secretario de Gobierno, Jesús Jaime González Agúndez, señaló que según la reglamentación se trata de una falta administrativa en perjuicio de la empresa agrícola y transportista, “pero puede ser un delito grave porque hay lesionados a los que se les impidió que presentaran su querella”. Incluso si hubo daño o se perdieron objetos que llevaran consigo, también es delito, advirtió el funcionario. Dijo que la orden fue girada al director de Transporte del Ayuntamiento y a la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), quienes están en la etapa de investigación, donde buscan que el camión tenga permiso para circular, seguro de vida para terceras personas, que de comprobarse se pueden imponer sanciones económicas considerables, primero hay que comprobar que el accidente existió, pues no hay ningún dato oficial, pronunció. “De manera formal, no de dichos, y en su momento hay que requerir a la empresa ya que se verifique qué camión es, cuántas personas llevaba y confirmar que cada una de las personas estén sanas y no haya querellas que presentar”. Lucila Hernández, representante de las mujeres jornaleras en la zona de Los Pinos, cerca del Ejido Nueva Odisea, dijo que la versión que a ella le dieron fue que una vez que la unidad volcó, sacaron a la gente, y que durante el día los jornaleros se sintieron mal y fue cuando los trasladaron al Seguro Social con golpes no tan graves. Tras el movimiento levantado por la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal para la Justicia Social, del que fue parte, Lucila asegura que las cosas en los ranchos agrícolas del sur de Ensenada siguen tal cuales. “No ha cambiado nada, los patrones le ponen en el expediente del IMSS como enfermedad general. Todo sigue igual, yo creo que está peor porque ahora hay represalias”, contestó molesta por la situación de los trabajadores migrantes.   Entrega arma por vales, aliancista   Los voceros de la Alianza siguen con la lucha. El viernes 25 de septiembre ya entrada la noche se reunieron con funcionarios municipales y federales en la comunidad Nueva San Juan Copala, en la colonia Vicente Guerrero, pero esta vez no para tratar los temas laborales que aquejan a sus representados, sino sobre seguridad pública. Lo que motivó el encuentro fue que tres días antes, el martes, elementos de seguridad del Ejército mexicano o municipales –hasta ese momento lo desconocían– habían entrado a la vivienda ubicada en la colonia Francisco Villa, allanaron el domicilio del vocero de la agrupación Erlinto Miguel Martínez. De la casa sacaron un arma calibre 22, ahora en poder de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), quien ofreció despensa por el revólver. El coronel del 67 Batallón en San Quintín, Daniel Lugo Salinas quedó mal parado frente a los jornaleros, quienes le recriminaron faltas graves hacia los ciudadanos y durante su exposición mencionó que todo se trató de un “error” que se debe reparar. “Estamos trabajando, es lo único que le puedo decir”, respondió a secas el comandante. El encuentro se prolongó por varias horas, hasta el anochecer, y los representantes de trabajadores agrícolas expresaron ser blanco de detenciones frecuentes e injustificadas por parte de agentes municipales. Sobre la irrupción en el domicilio del vocero se sabe que no hubo detenidos y que al parecer fueron tres policías municipales los que entraron al domicilio sin autorización. El director de Seguridad Pública Municipal, Enrique Villarreal Montemayor, advirtió que no solapará a ningún oficial de la corporación y que someterá a los oficiales. “El acuerdo básico es que si hay cualquier cosa que esté fuera de derecho, o de los parámetros legales, se va a proceder, no vamos a tapar a nadie, nunca lo hemos hecho y no lo vamos a hacer ahora”, respondió cansado el titular tras varias horas de reunión en la comunidad. Mientras el síndico procurador, Iván Barbosa Ochoa, declaró que con la queja van dos versiones, la primera es que entraron a su domicilio, y la segunda que lo intervinieron cuando caminaba por la vía pública con el arma oculta en una prensa. “Di instrucciones para que se abra la investigación por oficio una vez que tuve conocimiento. Si hay elementos tenemos que iniciar el proceso en contra de los elementos, en este caso de Seguridad Pública Municipal”, expuso. El síndico ponderó que no le corresponde a él la suspensión de los elementos municipales, sino a la Comisión Disciplinaria de Seguridad Pública. Debido a que los pobladores que simpatizan con el movimiento de jornaleros manifestaron su rechazo a que los policías involucrados en este hecho continúen patrullando, se giró la instrucción para que sean removidos de zona en tanto que se esclarece caso, presuntamente de allanamiento de morada, delito  tipificado en el Código Penal de Baja California con una sanción de seis meses a tres años.     “Permanecer en el lugar del accidente” En el Reglamento de Tránsito para el Municipio de Ensenada, artículo 200 se menciona que los conductores de vehículos y los peatones implicados en un accidente de tránsito, en el que resulten personas lesionadas o fallecidas, deberán proceder de las siguientes maneras: I.- Permanecer en el lugar del accidente para prestar o facilitar asistencia al lesionado o lesionados y procurando se dé aviso a la autoridad competente, para que tome conocimiento de los hechos. II.- Cuando no se disponga de atención médica, inmediatamente, los implicados no deberán remover o desplazar a los lesionados, a menos que ésta sea la única forma de proporcionarles auxilio oportuno o facilitar atención médica indispensable para evitar que se agrave su estado de salud. III.- Tomar las medidas indispensables mediante señalamientos preventivos y encauzamiento de la circulación, para evitar que ocurra otro accidente. VI.- Cuando el propietario de un vehículo tenga conocimiento de que éste ha participado en un accidente, estará obligado mancomunadamente con su conductor a dar aviso correspondiente.