En el marco de la inauguración de la Octava Semana Nacional de Educación Financiera (12 al 16 de octubre) en Baja California, el titular de la Procuraduría del Contribuyente (PRODECON), Iván José Curiel Villaseñor abordó el tema “El Ombudsman Fiscal del Estado Mexicano” en las instalaciones de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. De entrada comentó que solo 37 millones de personas, de más de 100 millones, son las que contribuyen en el país. También habló de las facultades del organismo que representa. Dentro de otras cosas, agregó, que el Artículo 31, fracción IV de la Constitución Política establece que son obligaciones de los mexicanos contribuir al gasto público. “Pero éstos deben ser proporcionales y equitativos, es decir que deben pagarse de acuerdo a su capacidad contributiva y equitativo de cuánto se va a pagar. “Lo primero que vas a recibir es asesoría y consulta legal en relación a los temas fiscales y hacendarios. El delegado afirmó que el 90 por ciento de los asuntos que tienen se resuelven de manera satisfasfactoria. Abundó que PRODECON es un organismo desentralizado que defiende los derechos de los contribuyentes, garantizando su efectivo acceso a la justicia fiscal. Y como organismo tienen la facultad de convocar a reuniones a las autoridases fiscales. En tal sentido se han tenido varias reuniones por embargos de cuentas bancarias, verificación de origen al proveedor del extranjero, caducidad y amortizaciones cobradas por el INFONAVIT y proyectos de modificación a la clasificación de las empresas en el seguro de riesgo de trabajo (IMSS). Recordó que en 2013 la autoridad fiscal le fincó un crédito a un contribuyente en Mazatlán, Sinaloa por 980 millones de pesos, lo que no iba de acuerdo con su capacidad contributiva, se acreditaron violaciones a derechos humanos y se emitió una recomendacion pública, lo que es una prueba adicional en materia fiscal. Otra de las facultades del organismo es la revisión de problemas sistémicos, es decir cuando se derivan de la estructura del sistema tributario y se traducen en inseguridad jurídica, molestias, afectaciones o vulneración de los derechos de los contribuyentes. Agregó que dentro de sus funciones está el proponer modificaciones al SAT en sus reglamentaciones así como opiniones técnicas a petición del mismo organismo, para que su trabajo de recaudación pueda ser llevado a cabo. Son también, intermediarios en la adopcion de acuerdos conclusivos. “En estos momentos se están llevando a cabo 13 mil 500 revisiones de auditoria a nivel nacional, la cual dura 12 meses revisando y seis meses adicionales para emitir una resolución; es decir 18 meses con un acto de molestia en tu negocio y persona. Concretó que al final del día tiene 9 atribuciones sustantivas, y lo que se busca es tener conciencia de la denuncia, pues los contribuyentes no están solos.