Será hasta finales de este año cuando el pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo dé un fallo respecto al seguimiento que se da al caso de la Plaza 11 de julio, luego de su clausura el 29 de septiembre, informó Flora Arguilés Robert, magistrada titular de la Segunda Sala. Independientemente de la sentencia que dicte el pleno del tribunal, una vez que se dé a conocer la resolución el caso será canalizado en forma inmediata al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), al no haber aportado la autoridad, en este caso el municipio de Tijuana, la información documental relacionada con la obra. Arguilés Robert recordó que al ser precisamente la no disposición de permitir a los ciudadanos el revisar los permisos, licencias y acciones de urbanización requeridas sobre el proyecto de la Plaza 11 de julio, el caso debe ser analizado por ITAIP, por tratarse de información pública para cualquier interesado Expuso que la determinación de paralizar la edificación de la obra se derivó primero porque el municipio no permitió a los quejosos la información requerida, por lo que al recurrir éstos ante el Tribunal de Lo Contencioso Administrativo, éste ordenó al Gobierno local el permitir a los solicitantes no solo examinar los expedientes, sino explicar en reunión el procedimiento bajo el cual fueron concedidos. Al no atenderse esta recomendación en un plazo de 60 días, se ordenó suspender la obra, acto que tampoco acató el gobierno del XXI Ayuntamiento, por lo que fue sancionado con multa económica, además de ser emplazado a suspender la construcción, acto que se llevó a cabo el 26 de septiembre. Pero el gobierno de Jorge Astiazarán se inconformó contra la última resolución, hecho que actualmente analiza el pleno del Tribunal. “El fallo que emitirá el pleno será respecto a si fue o no procedente la suspensión de la obra, pero el tema de acceso a la información demandada por los solicitantes es otro tema que deberá atender el ITAIP”, acotó. En la sesión ordinaria de Cabildo celebrada el viernes 9 de septiembre, el regidor Luis Felipe Ledezma Gil presentó un punto de acuerdo para que el gobierno de Tijuana emitiera un exhorto al gobernador Francisco Vega de Lamadrid. El objetivo era conminarlo a evitar interponer cualquier recurso tendiente a revertir la sentencia de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en la que se ordenó la suspensión de la Plaza 11 de julio. El punto fue rechazado bajo el argumento de que no se le puede coartar el derecho que tienen de hacer uso de las herramientas legales que tiene a disposición.
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