El saqueo a los ayuntamientos

Desvío de recursos públicos federales, gastos sin comprobar, obras inexistentes o inconclusas; compras infladas, facturas de empresas fantasma, familiares y amigos basificados y la desaparición de millones de pesos de créditos bancarios obtenidos durante sus administraciones, son parte de las irregularidades detectadas en las primeras dos semanas de revisión de la documentación en los gobiernos de los ex alcaldes José Antonio Agúndez Montaño, Francisco Javier Monroy Sánchez, Esthela Ponce Beltrán, Jorge Alberto Avilés Pérez y Guillermo Santillán Meza, en Los Cabos, La Paz, Loreto y Mulegé. Los ex ediles saquearon a los gobiernos municipales y los dejaron en la bancarrota, lo que inclusive causó que Los Cabos y La Paz ingresaran en la lista de los 15 ayuntamientos más endeudados del país, con más de mil millones de pesos en deuda pública, apenas debajo de Guadalajara, Tijuana, Zapopan y Nuevo Laredo, y por arriba de Mexicali, Tlaquepaque, Tonalá, Cuernavaca, Hermosillo y Ecatepec. A poco más de dos semanas de haber tomado protesta, los nuevos presidentes municipales, Arturo de la Rosa Escalante, Armando Martínez Vega, Francisco Pelayo Covarrubias, Arely Arce Peralta y Cecilia López González, enfrentan un conflicto financiero muy grave, lo que de entrada tiene en la parálisis a sus nacientes administraciones, en la búsqueda de soluciones inmediatas para resolver los problemas que más aquejan. Los nuevos gobiernos municipales recibieron las arcas vacías y un sinnúmero de problemas, y no tienen ni para los gastos más elementales en la prestación de servicios de seguridad, recolección de basura y alumbrado público. Y es que sin excepción -según los primeros datos del diagnóstico de la situación que guardan los ayuntamientos-, los ediles comenzaron a gobernar con municipios económicamente quebrados y severamente endeudados. Los más importantes y transcendentales son: * XII Ayuntamiento de Los Cabos. Se detectó un desvío de 22 millones 300 mil pesos del Subsidio para la Seguridad de los Municipios (SUBSEMUN), Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y del Impuesto Estatal sobre Nómina en el ejercicio fiscal de 2011; 3.4 millones desviados del SUBSEMUN, 3 millones del FAIS y 7 millones 800 mil pesos del Impuesto Estatal de Nómina en el ejercicio fiscal de 2012; 129 millones de adeudo por concepto de préstamos otorgados a empleados y proveedores; 14 obras inconclusas e inexistentes por más de 40 millones de pesos; 111 millones de adeudo por concepto de pago por aportaciones de cesantía en edad avanzada y vejez, Sistema de Ahorro para el Retiro y FOVISSSSTE, en los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. * XV Ayuntamiento de La Paz.  Fue detectado un desvío de 15 millones 932 mil 271 pesos del Fondo para Infraestructura Social Municipal (FAISM) en el ejercicio fiscal 2013; 11 millones 495 mil 873 pesos desviados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 2014; en suma ,27 millones 428 mil 144 pesos de recursos federales que en vez de aplicarse en obras públicas, fueron a parar en el pago de nómina. Asimismo, la desaparición de 150 millones de pesos de un crédito bancario autorizado en el ejercicio fiscal 2014, 20 millones estaban destinados a un supuesto programa de “Retiro Voluntario”, por el cual se liquidaría a 546 empleados. * XV Ayuntamiento de Comondú. Se heredó un adeudo de 202 millones 372 mil 604 pesos, distribuido de la siguiente manera: 4 millones por concepto de sueldos a personal de confianza y compensados; 83 millones de retenciones del Sistema de Ahorro para el Retiro; 5 millones 400 mil pesos en el pago de aportaciones del ISSSTE; 4 millones 749 mil pesos por cuotas del FOVISSSTE; 17 millones de adeudo en el pago de bonos, mutualidad sindical y prima vacacional; 21 millones de energía eléctrica y casi 400 mil pesos de teléfono; 2 millones 393 mil pesos de adeudo a proveedores y 37 millones 188 a BANOBRAS. * VIII Ayuntamiento de Loreto.  Se dejó  una deuda general de 112 millones 672 mil 099 pesos, distribuida en 48 millones 945 en acreedores; 27 millones 960 en créditos bancarios; 13 millones 829 en aportaciones sociales y 11 millones de retenciones, entre otros. * XV Ayuntamiento de Mulegé. Cuenta con un adeudo de 130 millones de pesos en proveedores y por concepto de pago de salario de mil 550 trabajadores. Aunque solo es el principio, los endeudamientos están obligando a los nuevos alcaldes a tomar una serie de medidas que van desde recorte de personal hasta iniciar programas de austeridad y lanzar campañas de recaudación de impuestos.   Las arcas vacías de Los Cabos   A diferencia de las arcas que se encuentran severamente minadas, lo que dificulta el pago de proveedores e incluso de nómina, el ex presidente municipal de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, vive en la abundancia. En efecto, sin tener aún un reporte final, el nuevo alcalde, Arturo de la Rosa Escalante, estima haber recibido deudas por arriba de los mil millones de pesos, pese a ser el segundo municipio económicamente más rico y solvente de todo México, apenas debajo de Cancún. Mientras el ex alcalde Agúndez vive su retiro político entre sus casas de Los Cabos y La Paz, De la Rosa solicitó el apoyo solidario de transportistas para sacar dos mil toneladas de desechos acumulados de la invasión Caribe -la cual servía de relleno temporal en plena zona urbana de Cabo San Lucas- y depositarlas en el relleno sanitario de La Candelaria, bajo el argumento de que la mayoría de los camiones recolectores estaban descompuestos. En todo el municipio -según datos recabados por ZETA- únicamente funcionaban seis camiones, cuatro en San José del Cabo y dos en Cabo San Lucas, lo que no solo estaba afectando la imagen del destino, sino generando un serio problema de salud pública. De los 11 camiones recolectores entregados por el ex alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño apenas en 2014, todos estaban descompuestos y entrarían en fase de reparación. Peor aún, en el inventario de 120 patrullas de la Comisaría de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, no aparecieron por ningún lado 20 unidades, las que se estima podrían estar en casas o ranchos de ex funcionarios. Actualmente, de acuerdo con el director operativo y de mantenimiento de la Policía cabeña, Javier Munguía Ávalos, únicamente estaban funcionando 20 de las 120 patrullas, 40 de las cuales iban a ser reparadas y otras 40 dadas de baja por su mal estado; las otras 20 eran buscadas por funcionarios del nuevo gobierno. En los primeros quince días de revisión, la comisión del XII Ayuntamiento de Los Cabos detectó el robo de los recursos estatales y federales enviados para resarcir los daños causados por el huracán “Odile”. Los primeros que tendrán que ser llamados a cuentas, son el ex alcalde José Antonio Agúndez Montaño y la red de corrupción encabezada por su hermano, Narciso Agúndez Montaño, en complicidad con sus hijos Christian y Argelia María Agúndez Gómez; además de su yerno, Freddy Erubey Martínez Rivera, quienes facturaron millones de pesos en productos y servicios a través de los prestanombres Williams Garret Lucero Rivera, Lorenzo Esquivel Pérez, Othoniel Marrón Amao, Yoo Edwar Lucero Rivera, Álvaro Alexis Martínez Rivera, Jonathan Torres Inzunza, Jorge Yépez Zazueta y Reynaldo Vázquez Salazar. La presidenta de la Comisión Revisadora del XII Ayuntamiento de Los Cabos, Susana Zatarain, no quiso hablar de los detalles de la revisión de la documentación, a razón de que “estamos esperando el resultado del primer informe”, el cual habría de entregarse el viernes 16 de octubre. Lo que sí comentó es que ese mismo día solicitaría oficialmente la realización de una auditoría que de entrada permitirá detectar fraudes, robos, trucos contables y legales, entre otro tipo de situaciones anómalas que puedan ser sujetas de investigación y dar con los presuntos responsables, en caso de que se haya cometido algún delito. Las irregularidades cometidas por el anterior alcalde cabeño fueron tantas, que van desde la renta de maquinaria, hoteles y vehículos al gobierno municipal por parte de un primo del ex alcalde (José Luis Rosas Montaño), hasta el arrendamiento a un particular de casi toda la flotilla de vehículos del gobierno municipal, el cual -tras la toma de posesión- fue y recogió todas sus unidades bajo el argumento de que el Ayuntamiento adeudaba 7 millones de pesos en renta, y dejo prácticamente sin unidades oficiales al gobierno cabeño. Incluso, en el afán de crear un distractor o conflicto, y tratando de evitar ser investigado, entregó 325 bases sindicales a amigos, familiares y algunos de sus ex colaboradores, lo que subió a 3 mil 654 el número de empleados municipales con un pago de nómina de 35 millones de pesos quincenales.</p> Sin embargo, la líder sindical del Ayuntamiento cabeño, Teresa Verduzco, desconoció las bases que fueron entregadas por el gobierno de José Antonio Agúndez Montaño, porque “no reúnen los requisitos”, en virtud de que los beneficiados eran personas que tenían entre tres y cuatro años en el gobierno, cuando había empleados con más de 14 años de antigüedad. A partir del 15 de octubre, a los supuestos empleados sindicales heredados por la anterior administración dejaron de descontarles las cuotas sindicales, y entonces pasaron al estatus de eventuales, lo que generó la creación de otro sindicado de agundistas, desde luego, sin reconocimiento oficial e incapacitados para negociar con el alcalde, los cuales estaban en la lista de candidatos a ser despedidos en próximos días.   La Paz: desvío de recursos federales   Pero si en la joya de la corona, Los Cabos, hay problemas, qué decir de la capital sudcaliforniana. Mientras la ex alcaldesa Esthela Ponce Beltrán, pasa su vida entre la Cámara de Diputados y su residencia de Puerta Azul en Chametla, el nuevo alcalde, Armando Martínez Vega -tras diez días de haber asumido el cargo- dio a conocer el inicio del programa de recorte de empleados municipales, con la meta final de mil trabajadores, 70 de los cuales fueron despedidos el 9 de octubre. A la par, y como primer paso, el 15 de octubre, el gobierno paceño inició el pago de la quincena área por área, a fin de detectar aviadores, los cuales solo se presentan a cobrar sus quincenas personalmente, pero no desempeñan ninguna labor. No obstante, el presidente municipal paceño reconoció que “el despido de trabajadores hasta con ocho años de servicio está lastimando a muchas familias en este momento”, pero es el único camino para restablecer los servicios públicos. Como en Los Cabos, el de La Paz encontró casi todo el parque vehicular descompuesto y en reparación en la Policía Municipal, servicios públicos y agua potable, por lo que estaba afectando severamente los servicios en las colonias y en la zona dorada de la capital sudcaliforniana, sobre todo por las constantes lluvias de los últimos días, donde las calles lucían llenas de baches y sucias por la tierra que arrastran las corrientes de agua en cada precipitación. El recorte de personal del Ayuntamiento paceño es prácticamente la consolidación de un proyecto que -según datos recabados por ZETA- había sido planteado en diciembre de 2013 en el proyecto de solicitud de crédito de 150 millones de pesos en la administración de la ex alcaldesa Ponce Beltrán. Según el documento, el 80% de los ingresos se destinaba al pago de nómina de los trabajadores, lo que dejaba sin dinero al Municipio, y, por lo tanto, no había capacidad de implementar programas y obras de gobierno con recursos propios, por lo que era “una situación insostenible”. Las deudas de los municipios   Municipio Deuda Los Cabos $1,200,000,000.00 La Paz $1,000,000,000.00 Comondú $202,000,000.00 Mulegé $130,000,000.00 Loreto $112,000,000.00   Fuente: Investigaciones ZETA La recomendación -de acuerdo con el proyecto- era liquidar a 546 trabajadores, donde gastarían 20 millones de pesos por concepto del finiquito, aguinaldos, primas vacacionales y de antigüedad. Con este paso tendrían un ahorro mensual de 3 millones 582 mil 454 pesos. Obviamente, todo quedó en buenas intenciones, aunque al final, la ex alcaldesa sí recibió el dinero del préstamo bancario, pero lo destinó  a otros gastos, de los cuales no se sabe mucho. Y mientras Esthela Ponce Beltrán vive en México, y su sucesor, Francisco Javier Monroy Sánchez, robusteció desde el poder  negocios casi en la quiebra, el nuevo alcalde definió  la herencia de los ex ediles paceños como “situación desastrosa”, al dejar un adeudo superior a mil millones de pesos. Tan solo en energía eléctrica fueron 50 millones y 40 millones del pago de nóminas atrasadas. Por lo anterior, dio a conocer que recabarían información en el lapso de 30 días -como establece la Ley Orgánica del gobierno municipal-, además de obtener información de algunos desvíos que comenzaron a detectar, por lo que habrá consecuencias para los presuntos responsables. Entre las irregularidades que comenzaron a brotar, aparecen las siguientes: * El gasto irregular de 9 millones 485 mil 681 pesos del Fondo para la Infraestructura Municipal del ejercicio fiscal 2012, destinado exclusivamente para obras del Ramo 33, y gastado en el pago de la nómina del Municipio. * El gasto irregular de 15 millones 932 mil 271 pesos del Fondo para la Infraestructura Municipal del ejercicio fiscal 2013, el cual se usaría en obras del Ramo 33, pero se gastó en el pago de nómina del Ayuntamiento. * El gasto irregular de 11 millones 495 mil 873 pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal del ejercicio fiscal 2013, destinado exclusivamente a infraestructura y pago del gasto corriente. * El desvío de 11 millones de pesos para la construcción de la llamada Fuente Danzante del Centro Histórico de La Paz, monto que fue retirado de la cuenta 06258349 del banco Banorte en varias operaciones, hasta quedar en 0 pesos. * El pago de más de 2 millones de pesos por concepto de reparación de vehículos a nombre de Silvia Aguilar Baltazar, presunta prestanombres del ex alcalde Francisco Javier Monroy Sánchez, y por cuya vía sacaba contratos indebidamente a través de la empresa Autoservicios Aguilar, cuya dirección fiscal resultó ser una vivienda particular y no un taller mecánico.   Comondú: exorbitante nómina   A diferencia del resto de los municipios, y por provenir de un gobierno del PAN, sospechosamente, pocas o nulas son las irregularidades detectadas por el alcalde de Comondú, Francisco Pelayo Covarrubias, en el paso de sus antecesores Venustiano Pérez Sánchez y Antonio Ojeda Molina, donde este último se negó a entregar a ZETA las cuentas de los ingresos y egresos de las llamadas Fiestas Tradicionales de Comondú, las cuales -tras un juicio- finalmente habrán de ser dadas por la nueva administración. No obstante, ninguno de los dos anteriores presidentes municipales endeudaron el Ayuntamiento, sino que todo viene arrastrando desde el gobierno del ex alcalde, Joel Villegas Ibarra, con la solicitud y entrega de un crédito de 69 millones de pesos, el cual en todo este tiempo redujeron a 37 millones. En la principal zona agrícola del Estado, el problema fundamental del XV Ayuntamiento de Comondú, es el pago de nómina, cuyo dinero prácticamente no alcanza quincena tras quincena. El propio alcalde de Comondú, Francisco Pelayo Covarrubias, reconoció a ZETA haberse sacado “la rifa del tigre”, porque “el 95% de los ingresos en este momento se va a la carga nominal”. – O sea, ni margen de mejorar y reforzar los servicios públicos, ya no digamos hacer obra pública…, se le planteó. “Nada, nada, nada; y está ahorita muy difícil”. Obviamente, y consciente de la situación económica, el alcalde comundeño no tuvo más remedio que salir de la comodidad de su oficina e ir a buscar recursos federales a México. Primero a las cámaras de diputados y senadores, y luego a las secretarías de Estado, donde pretende bajar recursos económicos para obras y programas de gobierno. Empleados que planean despedir   Municipio Número Los Cabos 600 La Paz 1,000 Comondú 300 Mulegé 200 Loreto 200   Fuente: Investigaciones ZETA   Durante la entrevista con este Semanario, inclusive el edil hacía antesala al secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videragay Caso, después de haber registrado la solicitud de ingreso al Programa de Rescate Financiero de los Ayuntamientos, donde planeaba obtener el llamado cupón cero, un préstamo sin intereses y pagadero a 20 años para el adelgazamiento de nómina y la liquidación de empleados que están de más en los gobiernos municipales. Peor aún, dijo que la situación económica es tan difícil y complicada que la recaudación de impuestos apenas alcanza el 35% de los contribuyentes -en el caso de ese municipio-, por lo que están por lanzar una campaña de concientización del pago puntual de sus impuestos: “Para dar resultados, necesitamos que la gente pague sus contribuciones. Está muy difícil, entonces, necesitamos trabajar y jalar parejo todos, cada quien desde su trinchera, poder salir adelante; porque de otra manera, estamos imposibilitados, desafortunadamente para todo ocupamos recursos económicos”. Ahora el presidente municipal le volteó la tortilla a los comundeños, quienes antes de exigir resultados, deberán pagar puntualmente sus impuestos prediales, agua y drenaje, entre otros. Del 95% que se paga en nómina -según datos recabados por este Semanario-, el 70% es de personal sindicalizado, 15% del estado de fuerza y 10% entre cuerpo edilicio y personal compensado. El edil comundeño expuso que a falta de dinero, ha tenido que ingeniárselas, solicitando el apoyo de amigos y conocidos para que participen en la limpieza de la ciudad, con ayuda de la propia ciudadanía para que limpien las fachadas de sus casas y dar un aspecto de ciudad limpia. Lo más preocupante en la nueva administración son las deudas con ISSSTE, FOVISSSTE, SHCP y CFE, esta última incluso congeló la deuda de 21 millones del Ayuntamiento comundeño, y así la sostendrá mientras paguen puntualmente, de hoy en adelante. De ahí que el alcalde haya iniciado un programa de renovación de las 5 mil 500 lámparas de la red del alumbrado público, quintando lámparas de vapor de sodio de 150 watts, y poniendo luces LED de 50 y hasta 60 watts, a fin de ahorrar energía y reducir el gasto de energía. Inclusive “estoy empujando un proyecto de ser el primer municipio ecológico, porque ando buscando equipos fotovoltaicos para colocar en los pozos de agua y en las azoteas de los edificios públicos. Vamos a convertir a Comondú en el primer municipio verde, netamente responsable con la ecología y la gente”, finalizó Pelayo.   Loreto: ex alcalde en la Tesorería   En los primeros días de revisión, el cochinero de la administración del ex alcalde Jorge Alberto Avilés Pérez, comenzó a brotar y a expedir fuertes olores de corrupción en el VIII Ayuntamiento de Loreto. Desde el reparto discrecional y millonario de obras públicas a favor de sus socios y amigos, Jorge Armando López Espinoza, y los hermanos Francisco Javier y Hansel Ulises Ramos Robles, hasta el gasto irregular de recursos federales etiquetados, los cuales fueron desviados con el aval de su cabildo cómplice y enviados al pago de nómina; situación por la que incluso el ex alcalde de Loreto, Yuan Yee, fue detenido el 14 de marzo de 2014 y posteriormente encarcelado. No obstante, después de 147 días, el político perredista recuperó su libertad tras devolver el dinero al Gobierno Federal y pagar una multa. Es el caso de los 7 millones 487 mil 997 pesos con 99 centavos que, según el orden del día del 4 de julio de 2013, el entonces presidente del Comité Técnico del Fondo de Obras e Infraestructura Social (FOIS) y hoy ex alcalde, Jorge Alberto Avilés Pérez, solicitó la cancelación de cuatro obras. El argumento fue que “se han encontrado problemas y limitaciones que han impedido que se lleven a cabo hasta la fecha, y que por otra parte, existan obras que podrían iniciarse a la brevedad y también tendrían un impacto muy positivo en la rehabilitación de la infraestructura urbana de Loreto”. Aunque el dinero finalmente fue gastado en el pago de nómina, el documento trascribe que las cuatro obras iban a ser sustituidas por siete obras diferentes, pero con un gasto de 2 millones 500 mil pesos más en las siguientes: * Saneamiento, guarniciones, banquetas, alumbrado público y pavimentación con concreto hidráulico en la calle Ignacio Zaragoza. * Saneamiento, guarniciones, banquetas, alumbrado público y pavimentación con concreto hidráulico en la calle José María Morelos. * Ampliación de red de drenaje en la colonia El Jaral. * Primera etapa de la construcción de la Casa de la Cultura. * Guarniciones, banqueta alumbrado público y pavimentación con concreto asfaltico en la calle Colegio, entre Miguel Hidalgo y Fernando Jordán. * Saneamiento, guarniciones, banquetas, alumbrado público y pavimentación con concreto hidráulico en la calle Fernando Jordán, tramo de Baja California a Bordo. * Saneamiento, guarniciones, banquetas, alumbrado público y pavimentación con concreto hidráulico en la calle Deportiva tramo Salvatierra a Maquinitas. No solo eso. La caótica situación por la que atraviesa la nueva administración, con severos problemas de liquidez, contrasta con la boyante economía de las compañías del ex alcalde Jorge Alberto Avilés Pérez y sus socios comerciales, quien dicho sea de paso, regresó a su plaza de sindicalizado en el gobierno de la nueva alcaldesa de Loreto, Arely Arce Peralta. Hoy por hoy, y por increíble que parezca, Avilés despacha como un humilde y empleado más del área de Tesorería, con un horario de 8:00 am a 3:00 pm, pero por la tarde atiende todos sus asuntos de negocios desde su mansión en Loreto. La propia alcaldesa loretana reconoció que es “muy incómodo” tener al ex alcalde metido en la Tesorería, por lo cual habría propuesto un permiso para que se retire por tres años del servicio público, lo que deja entrever su tibieza y, desde luego, su nulo interés en investigar las tropelías cometidas en la administración pasada. Con base a datos obtenidos por ZETA, la negociación versa sobre la impunidad del ex edil en cuanto a los hechos de corrupción en su gobierno, quien cerró su administración sin un centavo en las arcas para pagar las quincenas de los trabajadores y con deudas con proveedores por más de 6 millones de pesos. En los últimos días, la presidenta municipal de Loreto sospechosamente prefiere no tocar el tema de la corrupción de su antecesor, pero enfoca su plática  en la nómina. “No la encontré tan bien, encontré situaciones complicadas. El anterior alcalde sí hizo una reducción de nómina, pero todavía continúa una nómina bastante complicada para la economía de Loreto”, refirió. El colmo es que la nueva administración planea pagar entre 10 y 12 millones de pesos de sueldos atrasados y el finiquito de regidores, como si de verdad los hubieran desquitado y hayan llevado a Loreto al desarrollo, cuando para lo único que sirvieron -según la percepción de los loretanos- fue ser tapaderas de la desmedida corrupción del anterior gobierno, e incluso aprobaron todas las cuentas públicas, a sabiendas del saqueo y las pillerías del ex alcalde Avilés.   Mulegé: ex alcalde rico, Ayuntamiento pobre   A diferencia de la grave crisis económica del XV Ayuntamiento de Mulegé, donde desde el arranque de la nueva administración padecen de todos los males, en la oficina del ex alcalde Guillermo Santillán Meza, no se respira pobreza. Con un edificio propio y adquirido por 2 millones de pesos en su primer año de gobierno, la Notaria Pública Número 20, popularmente conocida como la del “Guille” Santillán, ostenta un excelente servicio y lujos de los que antes de ser alcalde padecía: café, galletas, jugos, refrescos, una sala muy cómoda en la entrada para recibir a los clientes y aire acondicionado hasta en el rincón más íntimo. Entre su Notaría y sus frecuentes viajes fuera de la ciudad, la vida de Santillán Meza, pasa como si nada, en tanto, la nueva alcaldesa, Cecilia López González, no halla la puerta para resolver los problemas más elementales de su naciente gobierno. En la última reunión con los medios, se quejó amargamente de que el gobierno está “en la bancarrota”, con una adeudo superior a 130 millones de pesos –tan solo entre sueldos caídos y adeudos con proveedores-, por lo que anunció el inicio de una investigación sobre la herencia de la anterior administración. Viendo el peligro, los ex colaboradores del ex alcalde mulegino, de inmediato activaron una estrategia de distracción, y corrieron el rumor de que “la alcaldesa y los regidores, desde la entrada, se habían aumentado el sueldo”. La respuesta vino casi de inmediato, cuando López argumentó que  es imposible “subir el sueldo a regidores y personal de confianza, inclusive directivos”, porque los que se fueron dejaron tan precaria la situación económica, que “hubo la necesidad de bajar sueldos, empezando por la presidencia municipal de Mulegé”. Aunque no detalló la cantidad que redujo de su sueldo, echó de cabeza a los antecesores: “Lo único que dejaron fue millonarios adeudos y una nómina de mil 550 empleados”. La presidenta municipal adelantó que en los primeros quince días de revisión “se detectaron una serie de anomalías y faltaron muchos gastos por comprobar”, por lo que la nueva administración había iniciado una auditoría que terminaría en denuncias penales en contra de los presuntos responsables.   Van por rescate financiero federal   Independientemente de la situación en cada uno de los municipios, los nuevos alcaldes del Estado van por el “rescate financiero de los ayuntamientos”, lo que de entrada implicaría -en el caso de Los Cabos y La Paz- el despido de alrededor de mil trabajadores. El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, solicitó a los cinco presidentes municipales tomar medidas correctivas para evitar el colapso en el futuro. Por el momento, el Gobierno del Estado está siendo el aval cada quincena del pago de nómina de los ayuntamientos, los cuales recurren a préstamos. Con una administración entrando en funciones, el alcalde de Comondú, Francisco Pelayo Covarrubias, afirmó que “es un buen momento” para tomar medidas y adelgazar la nómina, tal y como hasta ahora pretenden hacerlo en: * La Paz, con mil empleados. * Los Cabos, con 600. * Comondú, con 300. * Loreto, con 200. * Mulegé, con 200. Durante el último encuentro entre el gobernador y los alcaldes, Carlos Mendoza Davis pidió que fuera “un ejemplo a nivel nacional”, a quienes refrendó su respeto y apertura para colaborar juntos, porque la sociedad espera resultados de las nuevas administraciones. El gobernador del estado consideró que es “un gran reto en los ayuntamientos, por las condiciones en que se recibieron (…), estoy seguro que trabajando en la misma dirección y con un ejercicio responsable de la administración, se logrará dar a la sociedad el resultado que espera”. El llamado rescate financiero de los ayuntamientos, no es otra cosa que tramitar un crédito sin interés y pagadero a 20 años en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual otorga un cupón  cero, cuyo principal requisito es presentar un adelgazamiento de la nómina gubernamental.