El miércoles 30 de septiembre, tuve el honor de ser invitada como oradora, al desayuno mensual de la COPARMEX de Ensenada que dirige Isidro Conde. El tema que me solicitaron: la seguridad en Baja California. Extracto de esa plática es el siguiente texto: Tal vez Ustedes como nosotros en la redacción de ZETA, sentimos que el tiempo de la violencia y la inseguridad están de regreso. Después que vivimos tres años de relativa calma de 2010 a 2013, las autoridades permitieron que los niveles de inseguridad y violencia se elevaran de nueva cuenta. Hay varios factores para el regreso de la violencia y la inseguridad: 1. Tenemos nuevos gobiernos. Tanto en el ámbito federal cuando en diciembre de 2012 tomó posesión de la oficina de la Presidencia de la República Enrique Peña Nieto, y en octubre de 2013 hizo lo propio como gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid. 2. La falta de una estrategia integral de combate a la inseguridad por parte de los dos gobiernos. El Federal, que debe combatir el narcotráfico y el crimen organizado porque están en su fuero, y el estatal, adonde corresponde la solución de los homicidios y el combate al narcomenudeo, así como los secuestros. 3. La ausencia de una política que combata de manera eficaz las estructuras financieras de las organizaciones criminales y los cárteles del narcotráfico, por parte de la Procuraduría General de la República y de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 4. La deficiente labor del Ministerio Público Federal que depende de la PGR, y que a falta de preparación integra de manera errónea las averiguaciones, deja en libertad a muchos criminales. 5. La falta de liderazgos en los mandos de las corporaciones policíacas y de procuración de justicia, verdaderamente comprometidos con el combate a la inseguridad, la violencia y la corrupción, que nos dejan instituciones infiltradas por la corrupción que proveen impunidad a los criminales. La conjunción de estos elementos, y otros que Ustedes pueden considerar, nos llevan a un repunte en la inseguridad en Baja California y en México. Tan solo en lo que va del año, en ZETA hemos contabilizado 622 asesinatos con relación al crimen organizado y el narcotráfico, 460 de ellos ocurridos en Tijuana. En la República Mexicana, en los primeros 32 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto, a semanas de que se presentara su Tercer Informe de Gobierno, llegamos a la suma de 57 mil 410 muertes violentas. Un promedio de mil 800 por mes en el país. En las épocas más álgidas de la inseguridad en Baja California, de 2007 a 2010, cuando los ejecutados llegaban a miles por año y las estructuras criminales gozaban de impunidad para el tráfico de droga, la extorsión, el secuestro y el trasiego de enervantes hacia los Estados Unidos, Baja California pudo salir de ese terrible contexto vía dos factores: Primero y el más importante: la participación ciudadana. La denuncia anónima y la denuncia pública que fueron producto del hartazgo sobre el contexto de inseguridad en el que vivíamos. Los ciudadanos comenzaron a levantar la voz, a través de marchas y de exhibir a los policías corruptos y a los criminales, obligando a la autoridad a actuar en beneficio de la sociedad y no de unos cuantos delincuentes. Segundo: la coordinación de mandos federales, estatales y municipales para atender ese llamado social a actuar para traer tranquilidad a esta región. No fue, lo que después se llamó el Modelo Baja California de combate a la inseguridad, la acción de un solo personaje. Recuerdo varios: los Generales Sergio Aponte Polito y Alfonso Duarte; el secretario Daniel de la Rosa (en la época de José Guadalupe Osuna Millán, no en ésta); directores de la Municipal como Julián Leyzaola Pérez. Y la sociedad. Hoy eso no sucede. Pasada la época violenta, el impacto en las estructuras criminales delincuenciales por detenciones de liderazgos criminales en los cárteles Arellano Félix y de Sinaloa, los gobernantes se relajaron y las corporaciones policíacas vuelven poco a poco a la corrupción que provee impunidad. Han permitido tanto el Gobierno Federal como el estatal, que en los últimos tres años los cárteles que decían desmantelados, se reorganicen, hagan alianzas con otras asociaciones criminales e inicien una nueva temporada de sangre y plomo. Este escenario nos lleva a los mexicanos, a los bajacalifornianos en particular, a enfrentar las tres íes: Impunidad, Incapacidad, Injusticia. El claro ejemplo del resultado de tan nefasto trinomio son las liberaciones de hombres y mujeres detenidos por la comisión de delitos. En nuestro Estado, capos al servicio del Cártel de Sinaloa y del Cártel Arellano Félix, han sido aprehendidos por el Ejército por órdenes del Gobierno Federal, poniendo al servicio de la seguridad pública las tácticas del servicio militar; luego el Ministerio Público, sea federal o estatal, consignan de manera deficiente y al llegar a los Juzgados son liberados, sea por amparos o por falta de elementos para procesar. Particularmente en la Procuraduría General de la República o en la Procuraduría de Justicia del Estado, dos de las instituciones con niveles de corrupción altos que ni en la época de Peña ni en la de Francisco Vega de Lamadrid, han atravesado por depuración real (y necesaria) para retirar de sus filas a los agentes corruptos y funcionarios deshonestos. Ni la procuradora del Estado ha iniciado una limpia al interior de la Policía Ministerial, ni lo han hecho los secretarios o directores de Seguridad de los municipios, tampoco la Policía Estatal Preventiva. Como hace muchos años, tenemos corporaciones divididas. Las que ofrecen impunidad a un cártel, las que lo hacen a otro. O las que delinquen por su cuenta. Hace unos días, para muestra, agentes de la PGR en la Ciudad de México fueron detenidos tras sostener una balacera con policías capitalinos, y al registrarse el vehículo fueron encontradas armas largas y 38.9 kilos de marihuana. La corrupción es un problema endémico de este país. Y ni el Gobierno Federal ni el gobierno estatal, tienen estrategias definidas para combatirlas en el ámbito de las fuerzas de seguridad pública. En estas condiciones tenemos en México un sistema de gobierno cuya estructura está dispuesta para la corrupción, que aun limitada a quienes trabajan en la administración del Estado, llega también al ámbito criminal a partir de la corrupción que provee la impunidad. El Gobierno Federal, luego de la toma de posesión del Presidente Enrique Peña Nieto, cambió la estrategia de seguridad que se venía aplicando durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, esto es normal. Otro Presidente y además de otro partido, trae otro plan. Pero lo que se había más o menos avanzado en el combate al narcotráfico y el crimen organizado se perdió. No hubo continuidad en los proyectos, nada. Ciertamente la guerra contra las drogas de Calderón no fue la estrategia más efectiva, pero tampoco lo es la de Enrique Peña Nieto, quien ha centrado esfuerzos, aun mínimos, en la aprehensión de cabecillas y líderes criminales, dejando de lado la investigación y la aprehensión del resto de la banda, o el aseguramiento y congelamiento de bienes inmuebles, cuentas bancarias y otros delitos financieros con dinero de procedencia ilícita. Qué podemos hacer los bajacalifornianos para revertir esta situación: lo que ya hicimos en el pasado. Nosotros como periodistas, no autocensuraros, investigar y publicar reportajes que evidencien la corrupción, la impunidad criminal, la incapacidad gubernamental y la injusticia, allende presiones o amenazas contra nosotros. Señalar a los delincuentes por nombre e imagen para saber de quién debemos cuidarnos y a quiénes el gobierno está protegiendo. Como ciudadanos, denunciar de manera anónima, a un periódico, lo que vemos, de lo que somos testigos, de lo que somos víctimas. La participación social, la denuncia ciudadana cuando se trata de criminales, y el voto cuando se trata de gobernantes y partidos, es lo que nos llevará a tener el Estado en el que deseamos vivir.
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