En México y en los países con los cuales el nuestro tiene relaciones oficiales, la prensa, particularmente la escrita, no ha sido benévola con la Presidencia de Enrique Peña Nieto. Primero porque le dieron el beneficio de la duda e incluso le resaltaron –sin resultados palpables– la labor legislativa de aprobar sus “reformas transformadoras”, y después porque simplemente los buenos resultados de ese trabajo no se han presentado. Y en medio de la campaña de las reformas de Enrique Peña Nieto, o por concentrarse en ellas y en la manera que habrán de dar luz a sus políticas públicas en beneficio del desarrollo y la estabilidad de la economía y de los mexicanos, la guerra contra las drogas, o contra el narco, como usted prefiera llamarlo, se olvidó, o se minimizó o se ignoró, hasta rebrotar de la manera más terrible. Matando a integrantes de la sociedad mexicana, estudiantes, comerciantes, civiles, madres, hijas, hijos. Para ejemplo los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa, este último que enardeció a los mexicanos y a la comunidad internacional, por tratarse de jóvenes estudiantes –sí rijosos, sí manifestantes y sí inconformes como suelen ser los estudiantes– los atacados por fuerzas civiles y narcotraficantes, donde muchos quedaron heridos, otros muertos y 43 desaparecidos. El caso Tlatlaya, llamado así por el nombre del poblado en el Estado de México, donde ocurrió la muerte de 22 personas a manos –presunta y probadamente por parte de la sociedad y de la comunidad internacional– de elementos del Ejército Mexicano, ha despertado también indignación. No en igual medida que Ayotzinapa, pues la primera información que se tuvo de los 22 caídos fue un boletín de prensa del Gobierno Federal que informaba que las Fuerzas Armadas habían acabado con 22 miembros del narcotráfico, y ello marcó la percepción ciudadana hasta la llegada de organismos de defensa de los derechos humanos internacionales que determinaron con investigación que aquello fue, en muchos de los casos, un ajusticiamiento. En los dos hechos, los de Tlatlaya y los de Ayotzinapa, el Gobierno Federal tiene su propia versión o como les ha dado ahora por llamarle, su verdad histórica. En el primero un enfrentamiento y la denigración de los testigos –mujeres que tenían familiares entre los asesinatos– y en el segundo la versión de criminales organizados de poca monta que aseguran haber quemado a los 43 desaparecidos. Las dos “verdades históricas” del Gobierno Federal se caen a pedazos. Investigadores y peritos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, por cierto presidida por un mexicano, Emilio Álvarez Icaza, echaron por tierra con elementos científicos probatorios e investigación de los hechos la teoría de la incineración de los 43 de Ayotzinapa. En el caso Tlatlaya, como la PGR –la misma que no ha podido sustentar la versión de los criminales en la averiguación de Ayotzinapa– no pudo aportar pruebas suficientes para demostrar lo que organizaciones internacionales han probado (la participación de los Militares en el asesinato de civiles cuando éstos estaban rendidos), esta semana fueron puestos en libertad cuatro de los siete soldados de menor rango que habían sido detenidos por el crimen. La soberbia del Gobierno Federal se contradice. Por un lado el Secretario de la Defensa, General Salvador Cienfuegos insiste que cuando sus muchachos entraron al cobertizo en Tlatlaya, los 22 ya estaban muertos –tras el enfrentamiento– y que no puede permitir que “interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahora ningún delito. ¿Qué quieren saber? ¿Qué sabían los soldados? Está todo aclarado”. Y por otro, la autoridad Federal, la PGR, que debiera entrevistar a todos los soldados participantes en Tlatlaya el 22 de junio de 2014, no ha podido probar lo que acusó y por lo cual le fueron concedidas siete órdenes de aprehensión –hoy cuatro liberados– y deciden que apelarán la decisión de la libertad yendo contra “los sentimientos” del General Cienfuegos. En medio de este derrumbe de versiones oficiales y un visible mal manejo de la procuración de justicia, donde el Presidente Peña no ha tomado los asuntos de frente, visitó México el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, y después de entrevistarse con miembros del Gobierno incluido el Presidente, declaró lo que muchos mexicanos y ciudadanos del mundo sabemos y decimos: Que el Gobierno mexicano es intolerante. Dijo el Alto Comisionado de la ONU, “Ha sido una sorpresa para nosotros cuando el Relator Especial de la ONU sobre la tortura, Juan Méndez, al publicar su reciente informe sobre México, fue sujeto de virulentos ataques personales por parte de algunos políticos a pesar de que la prevalencia de la tortura ha quedado bien establecida. Desafortunadamente, esta intolerancia ante la crítica pública también se ha manifestado en reacciones a otros informes internacionales más recientes sobre México”. Completó: “En lugar de matar al mensajero, concentrémonos en el mensaje. Todos estamos de su lado. Todos queremos ayudar a México”. Sobre el caso Ayotzinapa, confirmó el análisis de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que echa por tierra la versión oficial: “No quiero simplemente repetir las declaraciones hechas el viernes pasado por la CIDH. Sin embargo, sí respaldo por completo sus hallazgos, que coinciden en gran parte con las opiniones de mi oficina y de varios expertos y órganos internacionales”. Y remató el Alto Comisionado de la ONU: “Hay un amplio consenso nacional, regional, internacional sobre la gravedad de la situación actual de los derechos humanos en México”. Lo mismo que muchos pensamos y decimos mientras soportamos vivir en un México donde la intolerancia y la represión son un mal común.
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