El cierre del Juzgado Quinto

Por primera vez en la historia del Poder Judicial en Baja California, un Juzgado Penal fue oficialmente cerrado. A partir de las cero horas del sábado 19 de septiembre de 2015, el Juzgado Quinto de lo Penal en Mexicali, dejó de existir. Así lo decidió el pleno del Consejo de la Judicatura en sesión extraordinaria efectuada el martes 15 de septiembre, el acuerdo 01/2005 de ese organismo decreta la extinción: “Se norma la conclusión de sus funciones, la reubicación del personal y la entrega recepción de los asuntos públicos del citado órgano jurisdiccional”. El cierre es la conclusión de la entrada en vigor en la capital de Baja California del Nuevo Sistema de Justicia Penal en julio de 2011. La carga laboral en los Juzgados Tradicionales fue disminuyendo hasta hacer esas instituciones, dispensables. Ciertamente el primero en cerrarse fue el Quinto Penal, pero en capilla, hay dos Juzgados más (Segundo y Cuarto). Dentro de la reingeniería propuesta para el Poder Judicial por el actual presidente del Tribunal, abogado Armando Vázquez, trabajadores y recursos de los Juzgados Tradicionales que son cerrados, serán reorientados a otras áreas.   Expedientes por doquier   A partir de la segunda quincena de septiembre el ya escaso personal del Juzgado Quinto se dedicó a organizar los cerca de 818 expedientes -160 activos por instrucción, 40 pendientes de audiencia de vista, 280 órdenes de aprehensión pendientes, 22 reaprehensiones en ejecución de sentencia, 18 pendientes por sentencia y 298 en trámite de requerimientos por recibos de ingreso- que aún estaban en custodia del Juzgado. Eso implicó que durante la semana, personal del Juzgado bajo la supervisión del secretario de Acuerdos encargado de despacho, Ignacio Castro Beltrán, organizaran el cúmulo de expedientes a repartir, los cuales serán turnados a otros Juzgados para seguir el trámite, o los que se enviarán directamente al archivo del Poder Judicial. A la par de la minuciosa labor, la incertidumbre de los empleados era evidente. “No sabemos qué va a pasar con nosotros, sabemos que hoy es el último día aquí, pero no se adonde me van a mandar”, explicó uno de ellos mientras hablaba por teléfono celular en el pasillo externo del Juzgado. Adentro, todos se dedicaban a acomodar expedientes, unos sobre los escritorios y ya listos para llevárselos, otros en el piso de las oficinas esperando el ordenamiento. “Pásele, acá le posamos”, expresó una de las empleadas, quien amplió: “Es que ya nos vamos”, pero al ver la grabadora no quiso decir más. Otra empleada dice contar con 21 años de antigüedad en el Poder Judicial, e informa que el Juzgado Quinto Penal fue creado en 1989, y que antes en ese lugar que poco a poco se va vaciando, funcionaba un Juzgado de Paz. Una más de las adscritas al Juzgado evoca que el último juez en calidad de interino en ese Juzgado fue Juan García Alberto, cuando sustituyó a Sonia Mireya Beltrán, ahora magistrada en la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia. Pero García Alberto fue comisionado a otras funciones y en su posición quedó encargado -para el cierre del Juzgado- el secretario de Acuerdos, Ignacio Castro Beltrán. También titularon ese Juzgado el ahora Juez de Garantías, Fernando Serrano, y anteriormente el abogado Leyva Mendívil. “En la semana nos avisaron que nos iban a reubicar, pero no a todos nos han dicho a dónde”, expuso nervioso uno de los empleados, mientras seguía acomodando expedientes. Algunas de las empleadas se muestran inquietas ante la cámara, preguntan si no hay problema si salen en las imágenes los números de expediente, aun cuando se trate de material que va directo al archivo. Otra más comenta que parte de los expedientes pasará al Juzgado VI Penal para el seguimiento al proceso. La mayoría se resiste a hablar, incluso una de ellas, la representante sindical María Figueroa, opta por no desviar la vista de los expedientes que acomoda, en franco desdén a la información requerida. “Yo no puedo darle información, en todo caso es el juez o uno de los secretarios de Acuerdos”, expone al reportero, mientras el encargado insiste que la información oficial debe proporcionarla el Consejo de la Judicatura. Le entra al quite Víctor Zamora, adscrito al área de fotocopiado, quien es el representante del Sindicato de Burócratas en esa esfera del Poder Judicial y cuenta con más de 15 años de antigüedad. Indica que en ese Juzgado solo quedan tres empleados sindicalizados y otros tres de confianza, otra parte del personal ya ha sido reubicada, principalmente al llamado Nuevo Sistema de Justicia Penal. “No nos han dicho a qué parte nos van a mandar, nada más que nos iban transferir, a reubicarnos”, tercia Norma Ramos, una de las trabajadoras  (dos años adscrita al Juzgado Quinto): “Sí hay incertidumbre porque ni siquiera han avisado… tienen como un mes que empezaron a organizar el cierre”. “Lo único que sabemos es que hoy es el último día”, explica otra y adelanta que no saben a qué horas podrían desocuparse ese viernes -son ya cerca de las tres, hora oficial de salida- y ya saben que tendrán que acudir el sábado 19 a seguir con la labor. Durante todo ese día, personal del Poder Judicial estuvo dando vueltas en un pequeño pick-up con expedientes turnados definitivamente al archivo. “Lo único que sabemos es que hoy es el último día”, sentencia otra de las empleadas.   Mucha historia   “Durante mucho tiempo había un Juzgado federal, y era el que conocía de todos los asuntos en el Territorio de la Baja California”, refiere Arnoldo Castilla, académico ya retirado de la UABC, ex magistrado del Poder Judicial y ex integrante del primer Consejo de la Judicatura conformado a mediados de 1995. Con la creación del Estado, el Código Penal Federal se adoptó como propio de Baja California, creándose por primera vez los Juzgados del Orden Común, en función de la primera Ley Orgánica publicada en el Periódico Oficial en enero de 1954. Castilla recuerda que los primeros Juzgados estaban ubicados en el edificio anexo al Palacio de Gobierno -hoy Rectoría de la Universidad Autónoma de Baja California- y el Ministerio Publico en un edificio anexo a la Cárcel Municipal, ahora CERESO. De igual manera, refiere que fue en los tiempos de Milton Castellanos (1971-77) cuando se crea el Juzgado Tercero Penal, en un pequeño edificio rentado a OASA -por la calle Sur-, mientras que el Primero y el Segundo estaban en un pequeño local pegado a la cárcel. El ex magistrado comenta que al parecer fue en tiempos de Roberto de la Madrid como gobernante cuando se construyó el edificio de tres niveles que aún alberga los Juzgados Penales. Arnoldo Castilla comparte una anécdota del Juzgado Tercero, donde se guardaban varios kilos de marihuana decomisada -el Juzgado local conocía en auxilio de la justicia federal de esos casos-, pero un fin de semana la hierba desapareció, lo robaron y, al día siguiente, detuvieron al ladrón, quien buscaba vender la mercancía en una zona cercana a Hotel Lucerna. Era un litigante que se dedicaba a “coyotear</em>”. Como consecuencia del crecimiento poblacional -y por ende la comisión de más delitos-, el número de Juzgados ha crecido, aumentándose a cuatro el 31 de enero de 1989 -con Baylón Chacón de gobernante- y el Quinto fue creado en septiembre de ese mismo año, en el enorme edificio del Poder Judicial, precisamente a un costado del centro penitenciario. Cerca de 26 años después, el Juzgado Quinto cerró definitivamente sus puertas y se calcula que a fin de mes, el presidente del Poder Judicial, Armando Vázquez, acuda a formalizar el cierre definitivo, el primero de al menos otros dos Juzgados Penales. “Se trata de que sea un sistema de justicia de más alta calidad, es un cambio radical”, refiere Castilla en cuanto al Nuevo Sistema de Justicia Penal, aunque muestra abierta reticencia ante las evidentes fallas que se han tenido en su implementación.     Jueza Molina en la recta final en el Poder Judicial   De los 25 aspirantes al puesto de magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia -lugar que dejó vacante el fallecido Marco Antonio López Magaña-, 20 fueron eliminados en el examen de conocimientos y cuatro en la prueba práctica. Seis de los no aprobados en las dos categorías, presentaron recurso de revisión y el Consejo de la Judicatura está por resolverlos. La única que aprobó las dos fases fue la Jueza del Décimo Civil de Tijuana, Lourdes Molina Morales. Ella se presentó el lunes 21 de septiembre a la última prueba, la entrevista con el jurado de evaluación que integraron el presidente del Tribunal, Armando Vázquez; el magistrado Marco Antonio Jiménez Carrillo; y el consejero de la Judicatura, Gerardo Brizuela. La comparecencia fue en la pequeña Sala de Pleno del Área Civil -llena, con familiares y amistades de la compareciente- y duró cerca de una hora. Fue transmitida vía internet y, de acuerdo con la convocatoria, se evaluaría la integridad profesional, rectitud, ética, presentación, habilidad de comunicación, buen juicio, prudencia y objetividad de la aspirante. El magistrado presidente Jorge Vázquez detalló el procedimiento, señalando que al final cada uno de ellos emitiría una calificación en cuanto a la presentación de Molina Morales, que resultaría en 100, 100 y 97. La candidata leyó un documento donde sintetizó su idea sobre el cargo a ocupar, sus méritos profesionales y las acciones a desarrollar en caso de llegar a la magistratura: “Desde el día en que ocupé mi cargo he venido ejerciendo mis facultades y obligaciones con diligencia y esmero, ofreciendo siempre trato diligente y respetuoso al litigante, ejerciéndolo a través de una política de puertas abiertas”, expuso la jueza con carrera judicial desde enero de 2000; también fue secretaria de Acuerdos y proyectista, además de docente en universidades y actual estudiante de maestría. Aportó un dato: de las 2 mil 293 sentencias en su Juzgado, el 96 por cierto han sido confirmadas. El primero en lanzar preguntas fue el consejero Brizuela, quien quiso saber de las cualidades necesarias de un magistrado, si debe tener los mismos atributos, sea hombre o mujer, la ética, cuál sería su principal aportación al cargo, la diferencia entre los recursos de queja y apelación. “El magistrado, en el desempeño de su función debe siempre estar regida su actuación bajo las virtudes cardinales de la ética en general que nos marcan, que son la templanza, la fortaleza, la justicia, la prudencia; pero se deben relacionar con el ámbito jurídico, el jurisdiccional, donde no debemos de perder de vista sobre todo la equidad, la igualdad de las partes, respetar el principio de contradicción, dar a cada quien lo  que le corresponde, pero respetando la legalidad y ponderando los derechos humanos”, refirió la jueza de lo civil. Molina recalcó que no se debe perder de vista que se está impartiendo justicia a seres humanos, a la par de que hay que observar la legalidad. Sobre la ética, considero necesario impartir una justicia “justa”, templada, prudente, y tener la capacidad de reconocer que “no se tiene la verdad de todo”, resaltando la necesidad de actualizarse. De su trabajo, Molina Molares dijo “para mí es un placer”, además de trabajar sin horario, entregada plenamente a su labor y con esa idea concretar los proyectos que ya hay al interior del Poder Judicial, como el caso de la reingeniería de esa instancia. “Creo que Baja California se merece una justicia moderna, pronta, expedita y de mucha calidad”, consideró. El magistrado Jiménez Carrillo disertó sobre la justicia y el derecho, el tribunal de alzada y la necesaria revisión -en el caso de la responsabilidad del magistrado- de lo ya realizado, el concepto de convencionalismo y lo difícil que resulta en ocasiones entender este concepto; mientras Vázquez subrayó la importancia del juzgador y el poder resolver de manera efectiva, transparente y humana. Al final de la comparecencia, Molina habló de los recursos de revisión de los no aprobados y de cómo se sentía: “Se siguieron  los lineamientos de la convocatoria, la verdad, muy cómoda”. El presidente del Tribunal refirió: “Lo que implica de un proceso de selección es que nos tenemos que ajustar a ciertos reglamento, no hay que olvidar que la selección es para magistrado, no es un examen para alumnos de la universidad”. Del examen práctico, donde los ponentes deben emitir una resolución, precisó: “Los aspirantes estructuraron una sentencia y explicaron las consideraciones que tuvieron para llegar a un sentido u otro, por lo que se evaluó fundamentación, motivación, estructura, toda la cuestión técnica”. Y reiteró, fueron tres de los cuatro eliminados quienes interpusieron recurso de inconformidad. Una vez que se resuelvan sus casos, se enviará la lista -una sola persona- al Congreso, lo cual se estima ocurrirá a finales de septiembre. —  ¿Habrá posibilidad de que el Congreso “tumbe” el procedimiento? “No hay; ellos solo tienen que recibir la lista y evaluar…Si cumple con todos los requisitos, el Congreso no podría decir, y es mi opinión, que porque viene uno, no van a poder deliberar. Ellos tienen que analizar si la sustentante cumple con todos los requisitos constitucionales y aprobó el examen. Por eso hay autonomía entre ambos poderes”.