Vecinos de la sección Vistas del Fraccionamiento Terrazas de la Presa dieron a conocer lo que consideraron una construcción irregular realizada por otro de los colonos sobre un área común, ya que la misma abarca lo que fueran dos cajones de estacionamiento. La construcción correría a cargo de Maricela Valenzuela, quien es oficial de la Policía Municipal de Tijuana, y que según se han informado los quejosos, pretendía darle un uso comercial al espacio, que cubre una superficie de 20 metros cuadrados. Los vecinos señalaron que el reglamento del fraccionamiento señala que no podrán hacerse obras que obstruyan salidas o adecuaciones que afecten a los demás vecinos, por lo que existe inconformidad, aunque teman expresarla por miedo a represalias. El 19 de octubre de 2015, empleados del Ayuntamiento de Tijuana se presentaron en la construcción y colocaron los sellos de clausura debido a la falta de dictamen de uso de suelo y licencia de construcción, además de ser el área de uso común y por ende no susceptible de apropiación. Si bien reconocen esta labor, los quejosos aún se preguntan si la construcción –que fue terminada tan solo en dos días de trabajo-, será demolida. ZETA pudo constatar que la obra ocupa cajones de estacionamiento, que es área común del fraccionamiento, pero no obstruye la salida a ningún vecino. Incluso, la responsable de la obra, Maricela Valenzuela, señaló que la misma fue construida sobre los cajones de estacionamiento asignados a su domicilio, sin obstruir a ningún vecino. Declaró que la obra tenía como finalidad el establecer una tienda de abarrotes, que le permitiera ingresos extra para pagar la carrera universitaria de su hijo, y alegó desconocer sobre los trámites que requería para realizar la construcción. Señaló además que invirtió 20 mil pesos a través de un préstamo, cantidad que le será descontada vía nómina. El demoler la construcción le generaría un gasto adicional. Aseguró que en ningún momento se le informó de inconformidades con la construcción y que, al contrario, sus vecinos han comenzado a recabar firmas para que se permita la operación de una tienda de abarrotes, ya que no se cuenta con una cercana. Valenzuela señaló además que fue la delegación La Mesa –a cargo de Ranier Falcón Martínez- quien se encargó de practicar la clausura, presentándose el mismo delegado Falcón al domicilio de la oficial de policía para de manera prepotente exigirle la demolición de la construcción, el 16 de octubre. Tres días después se llevó a cabo la clausura.
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