Conflicto entre restaurantero y ex diputado

La familia Hernández Tinajero está condenada a retribuir la cantidad de 957 mil 800 pesos al ex diputado del Partido Acción Nacional, Jorge Casillas Arias, como lo determinó el Juzgado Civil con sede en Mexicali. Pero además, el panista les amenaza con embargar la propiedad que por más de 30 años alojó el restaurante Acámbaro. Todo comenzó hace seis años con un llamado de auxilio al entonces presidente municipal, también del PAN, Pablo Alejo López Núñez, a quien se le demostró que la cimentación de una enorme construcción de concreto hecha por el ex legislador Casillas Arias invadió la propiedad donde funcionaba el establecimiento de comida tradicional mexicana, en el centro de Ensenada. El ruido, polvo y desecho de soldadura desperdigada por todo el edificio -consta en fotografías- provocaron que poco a poco la clientela se alejara, al igual que decenas de políticos bajacalifornianos que solían visitar el comedor para compartir el pan y la sal con los compañeros de partido. En ese lugar los funcionarios hicieron un sinfín de promesas a don Rubén Tinajero y su esposa Concepción, propietarios del establecimiento que cerró unos meses después de que iniciara la obra del ex diputado. Desde entonces se han interpuesto una serie de quejas, demandas, amparos, revisiones y apelaciones, de ambas partes. Las autoridades estatales y municipales se han declarado incompetentes para resolver el problema. El último que empeñó su palabra fue el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, quien ordenó al ahora subsecretario de Gobierno del Estado, Pablo Alejo López Núñez,  quien a su vez, pasó la encomienda al subprocurador.   El 14 de septiembre, por tercera ocasión el Juzgado devolvió la demanda a la Agencia de Averiguaciones Previas porque la misma iba incompleta, infundada, desmotivada y rubricada, según se lee en el documento. “Hay muchas autoridades deteniendo el caso”, concluye el licenciado Bello, abogado de la familia Hernández Tinajero.  Concepción Tinajero dijo que está decepcionada de las autoridades y que no va a descansar hasta que se haga justicia, aunque sea lo último que haga en la vida.   Carpetazo   El subprocurador de Justicia en Ensenada, Marco Chavarría López, desmintió la versión de que el Juzgado regresó en tres ocasiones las averiguaciones previas porque estaban incompletas y mal integradas. Afirmó que en la última ocasión que le regresó la averiguación fue porque el juez consideró que no había delito que perseguir en contra del arquitecto responsable de la obra, José Luis Aguiar Lomelí.   “Porque las personas indiciadas no cometieron delito, de tal manera que de la investigación azuzamos al arquitecto responsable de la obra, quien dio la orden, ese asunto se llevó a cabo ante el juez, pero en dos ocasiones lo negaron porque no hay conducta delictiva que perseguir”. El subprocurador aclaró que ellos determinaron no desistir de la acción penal, pero el Juzgado la regresó y se tendría que notificar para que la familia Hernández Tinajero pida  el recurso de revisión únicamente por los daños físicos provocados por la excavación. “Yo lo que hago es archivar ese asunto y decretar el no ejercicio, y ya que se autorizó, ahora hay que notificar a los ofendidos, el cual va a ir a parar a un juez penal para una revisión”. Explicó que cuando se construyó el edificio se cimentó en la parte de atrás, y aparentemente le causaron a la barda, pero en una pericial se determinó que ésta se encontraba dentro de la propiedad de Casillas. “Se amplió la denuncia por despojo, las zapatas se habían ampliado a su propiedad, aunque el subsuelo no es de nadie, cuando se determinó lo de las zapatas él mostró un plano, y se ve que están hechas de una manera para que esté únicamente en el subsuelo de Casillas, y en el Acámbaro nunca encontraron la zapata porque solo están unas placas de concreto de fosas de hace mucho tiempo”, detalló el subprocurador. En cuanto a las mamparas que también invadían, al parecer, la propiedad de los Hernández, “pasan por el lado del cielo hacia su terreno”, pero tampoco hay desposeimiento, argumentó como autoridad penal. “Lo que quedó de  la investigación, en una inspección ocular es que un barrote cayó y quebró una ventana y por ese hecho fue que se consignó el asunto, más el Juzgado no estuvo de acuerdo en que ese hecho sea delictivo e imputable”, repitió en varios ocasiones el subprocurador Chavarría. El 19 de marzo de 2015, la Agencia del Ministerio Público investigadora de delitos patrimoniales, con base en la averiguación previa 5642/09/311, mandó a comparecer al ingeniero civil Yadir de Jesús Iraquí Acuña, responsable de la obra, prueba que fue ofrecida en la indagatoria por ser él quien elaboró el dictamen.   Sin clemencia   Jorge Casillas Arias declaró en torno a la resolución del juez. Aseguró que tiene un adeudo de más de 600 mil pesos que ha pagado a los abogados en los seis años desde que inició el primer juicio. “Intentaron asesinarme, amagaron a mi familia diciendo que iban a matar a mi hijo e incluso, no es posible que una persona intente de esa manera extorsión”, externó. Como legislador, argumentó, no fue nada más a levantar las manos, “por mí está la Ley de Trasplantes de Órganos, la del Consejo de Arbitraje Médico, Ley de Instancias Infantiles, la Ley Antitabaco, leyes completas, Ley de Obesidad Infantil. Yo creo que mi trabajo legislativo no les gustó a algunos partidos políticos”, comentó seguro de que el PRI está metido en el caso. Insistió en que los abogados están cobrando y que tiene que salir de las deudas. Comentó que si la contraparte perdió todas las querellas, tendrán que asumir las consecuencias, que debieron pensar antes de decidir llevar el caso hasta los tribunales. “Seis años de desgaste, yo creo que sería débil, me faltarían pantalones y no me he hecho justicia por mi propia mano, no tendría hombría para aceptar, he sido clemente y lo he sido en muchos temas, aquí en mi negocio y como funcionario público, porque sé que la situación económica está mal en Ensenada y en todos lados”, agregó el ex legislador. Sobre sus aspiraciones políticas, negó que este inconveniente le haya afectado porque nunca le ha importado el “qué dirán”, y descartó regresar a la política en estos momentos, ya que tiene la responsabilidad de varios negocios, tales como una constructora, hoteles y laboratorios. “La vida ha sido generosa conmigo y he tenido tiempo de ejercer la política porque se me presentó la oportunidad”, resumió el demandado.     Del archivo   Entre las demandas que han ido a parar al archivo, está una por lesiones,  interpuesta por el ex diputado Jorge Casillas Arias, tras recibir una cuchillada por parte de Rubén Hernández, de la familia propietaria del restaurante Acámbaro. Fue durante un enfrentamiento que se dio en el mismo edificio del ex legislador, y que culminó con la condena de un año y siete meses, luego de que reclasificaron el delito. Rubén permaneció por varios días en huelga de hambre, pendiendo de uno de los andamios dentro de la construcción, y tuvo que bajar porque su estado de salud se deterioró. Aunque Concepción asegura que las autoridades se valieron de mentiras para hacerlo desistir de la protesta.