Acusan a CAPUFE de fallos tendenciosos

Constructores de Baja California acusan a Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) de actuar en forma irregular en al menos dos procesos de licitación, al adjudicar a empresas nacionales contratos por un monto total de 156 millones de pesos, sin que sus propuestas fueran las más viables. Falta de experiencia, equipo y solvencia, fueron los argumentos por los que CAPUFE descartó las ofertas presentadas por las compañías locales, aun cuando la mayoría de ellas han realizado obras millonarias en la región. Además de realizar la subasta a distancia, generalmente en Cuernavaca, Morelos, la dependencia federal vuelve complicada la participación en ellas, las cuales, por ser públicas tendrían que ser divulgadas en CompraNet, pero no siempre es así, opacidad que ya ha sido observada por la Cámara Mexicana de la Industria de Construcción, de las delegaciones Tijuana y Mexicali.   Desairadas La omisión al enumerar el uso de maquinaria menor para el desarrollo de la obra, el estar parte del personal de la empresa comprometido en el desarrollo de otros proyectos, o simplemente no mencionar que los precios consignados en la proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales, son las causas principales por las que las empresas bajacalifornianas son desechadas de las almonedas de CAPUFE. Así se observa en el fallo de la licitación pública nacional LO-009J0U002-N191-2015, relativa a la obra denominada “Capa de rodadura tipo S.M.A. de 3 CM”, la cual se realiza del kilómetro 9 más 500 al 39 más 000, de ambos cuerpos de la autopista Tijuana-Ensenada. Para su desarrollo se subió a concurso el 14 de julio de 2015, inscribiéndose 11 constructoras, nueve locales y dos nacionales, originarias de Chihuahua y Sonora. El dictamen, dado a conocer 19 de agosto de 2015 favoreció la propuesta de Grupo Construcciones Planificadas S.A. de C.V., del estado de Chihuahua, aun cuando su oferta tasada en 111 millones 281 mil 301 pesos quedó en el noveno lugar. De acuerdo a la determinación del puntaje exigido por CAPUFE, la propuesta que reuniera el mayor puntaje, de un tope de 50 que se determinó en el criterio de licitación, sería la empresa que obtendría el contrato. Para ello en la convocatoria se definió que 15 puntos serían para calificar la calidad de la obra, rubro en el que se tomó en cuenta material, personal, equipo, organización procedimiento y programas. En cuanto a capacidad del licitante, el puntaje máximo se determinó en 18, y se consideraron los recursos humanos y económicos de las proposiciones. El resto del puntaje requerido lo daría la suma de la calificación que se daría a la experiencia, especialidad y cumplimiento probado del contratista. Bajo esas condiciones fueron desechadas las proposiciones de Constructora Gusa S.A. de C.V., constructora Makro S.A. de C.V., Arrendadora Colorado del Norte S.A. de C.V., Constructora Cadena S.A. de C.V. en participación conjunta con Insumos y Maquinaria S.A. de C.V., Lucamax S.A. de C.V. y Asfaltos Técnicos de la Baja S.A. de C.V; así como Tecnofaltos y Terracerías S.A. de C.V., todas de Baja California. El resto de las firmas bajacalifornianas que sí entraron en la licitación, quedaron descalificadas al negárseles punto en el rubro de cumplimiento de contratos, aun cuando probaron lo contrario, además de que, en el resto de los rubros calificados, superaron en puntos a Grupo Construcciones Planificadas. Tal es el caso de Esma Instalaciones S.A. de C.V. Finalmente, con una calificación de 38.8, la empresa de Chihuahua fue acreditada como la ganadora. En la segunda licitación calificada de tendenciosa, la concursante Obras y Pavimentos FERHEC S.A. de C.V., del estado de Sonora, fue la ganadora de una obra de 44.7 millones de pesos, desplazando a seis firmas locales que presentaron ofertas similares. Esta firma también participó en el concurso anterior, en la que Grupo Construcciones Planificadas de Sonora, obtuvo la obra, así como Construcciones Planificadas, que participó en el concurso, aunque acababa de ganar otro. La nueva licitación de CAPUFE se lanzó el 7 de septiembre de 2014, en Cuernavaca, Morelos, respondiendo 16 compañías constructoras a la convocatoria. Trabajos de colocación de capa de rodadura tipo S.M.A. de 3 centímetros, también en ambos cuerpos de la autopista Tijuana-Ensenada, pero del kilómetro 84 más 000 al 98 más 600, fueron los subastados. La propuesta de Ferhec S.A. de C.V., de un monto de 44 millones 746 mil 900 pesos fue la favorecida con el fallo, dejando en el camino a empresas locales que presentaron posturas similares a la ganadora, como Constructora Gusa S.A. de C.V., Constructora Cadena S.A. de C.V., Constructora Osal S.a. de C.V., Conza S.A. de C.V. en participación conjunta con Arrendadora del Colorado del Norte S.A. de C.V y Esma Instalaciones, S.A. de C.V.   Delegación de CAPUFE se desmarca Fue a partir de la segunda licitación que las empresas constructoras de la entidad se alertaron ante lo que consideraron un arbitrario desplazamiento, ya que al requerir el resultado de los fallos detectaron que la mayoría de las propuestas superaban en puntos a las dos empresas ganadoras de los concursos. Rechazaron también la calificación de insolventes o faltos de experiencia por la que sus ofertas fueron rechazadas. Fue por ello que los directivos de las delegaciones de Tijuana y Mexicali de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (Cmic), César Romero Sauceda y Jorge Eduardo Pallares Chávez, se entrevistaron con la delegada en Baja California de Caminos y Puentes Federales, Rosa María Castañeda Guadiana. Pero la funcionaria federal brevemente respondió: “‘Aquí (en la delegación) no se definen los fallos de la obras grandes’”, compartió Pallares Chávez. Los dirigentes de los constructores le solicitaron externar el planteamiento a las oficinas centrales de CAPUFE, pero con todo y que hace diez días publicaron un desplegado manifestando su inconformidad por lo sesgado de las adjudicaciones, hasta la fecha la dependencia no le ha respondido   La amenaza de empresas extranjeras Las empresas locales en México no solo enfrentan el desplazamiento de las firmas nacionales, sino que a últimas fechas se ven amenazadas por una mayor participación de compañías extranjeras, particularmente españolas, a las cuales ya se les ha adjudicado obra pública en otras entidades del país, anotó César Romero Sauceda, presidente de CMIC Tijuana. “La principal preocupación es que son empresas extranjeras que generalmente subcontratan a las empresas locales”, anotó. Esa subcontratación genera otro problema. Se han registrado casos en los que  las compañías de la región han tenido problemas para que se les pague. Y aunque aún su intervención no ha sido detectada en Baja California, el sector de la construcción ya se encuentra en alerta para evitar  “el desplazamiento que ya se da en varios estados de la República mexicana”, reiteró. “Pensamos que Baja Californias debe tener una regulación especial en la participación de las empresas extranjeras en obra pública”, subrayó, para añadir que en el ámbito nacional, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción –CMIC- actualmente gestiona la definición de reglas que delimiten el tipo de obra en las que puedan participan las firmas extranjeras. En tanto, a nivel local, dentro de la iniciativa que se está presentando a la Ley de Obra Pública de Baja California -aparte del tema de transparencia- se pide dar prioridad a las empresas locales.  “Hay varios estados de la República que dan ventaja a las empresas locales para participar en la obra que se realiza en su estado, lo que garantiza que la derrama económica que se genera se quedé en la región”, expuso.   Actividad contraída Ante la poca obra con recurso privado, el sector de la construcción de Baja California le apuesta a los proyectos públicos para subsistir, anotó Jorge Eduardo Pallares Chávez, presidente de CMIC Mexicali. Pero mientras Estado y municipio asignan el 97 por ciento de sus acciones a empresas locales, las dependencias federales otorgan el 50 por ciento de sus proyectos a empresas bajacalifornianas, y el resto a empresas nacionales. La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), son las que mayor cantidad de obra pública realizan en Baja California, pero últimas fechas CAPUFE, dependencia que depende de la SCT, ha optado por entregar los proyectos de mayor monto a compañías de otros estados, señaló. Además del desplazamiento, los recursos para el desarrollo de obra pública están siendo asignados en forma tardía por la federación, lo que se traduce en una disminución de la actividad que genera la contracción en la actividad de la construcción de la entidad, “y ante menor ocupación se recorta personal”, advirtió. “Por eso, como Cámara, estamos peleando que los recursos de las obras se queden en la localidad, que se queden en Mexicali cuando son de Mexicali y en Baja California cuando son de Baja California”, dijo, y concluyó: “Aquí pagamos los impuestos, contratamos a los empleados y generamos una derrama económica importante en el estado”.