En un intento de que un Tribunal Unitario revoque la resolución que decretó la libertad de cuatro de los militares implicados en la presunta ejecución sumaria de personas en Tlatlaya, en junio de 2014, la Procuraduría General de la República (PGR) interpuso el recurso de apelación correspondiente. La PGR informó que el medio de impugnación fue presentado ante el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, misma autoridad que el 2 de octubre decidió liberar a los cuatro soldados y dejar formalmente presos a otros tres. La fiscalía federal formulará los agravios del caso en cuanto el asunto sea turnado al Tribunal Unitario que conozca de la inconformidad y que dicte una nueva resolución que confirme, modifique o revoque el fallo del Juzgado de Distrito. El 30 de junio de 2014, el país se enteró de un supuesto enfrentamiento entre miembros del Ejército Mexicano y presuntos criminales sobre la carretera Los Cuervos–Arcelia, tramo San Antonio del Rosario, de San Pedro el Limón, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México. Según la versión de los elementos adscritos al 102/o. Batallón de Infantería, al mando del Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, fueron agredidos “con armas largas y de grueso calibre por personas al parecer integrantes de la delincuencia organizada dedicadas al secuestro y a la extorsión de dicha comunidad”. “Al repeler la agresión sufrida”, los militares abatieron en el lugar a 22 personas y aseguran haber rescatado a tres mujeres que dijeron estar secuestradas. Sin embargo, testigos y presuntos delincuentes detenidos señalaron que no hubo enfrentamiento, sino que se trató de una ejecución sumaria por parte de los castrenses. Investigaciones posteriores probaron que al menos ocho de los civiles muertos en Tlatlaya presentaban indicios de que fueron ejecutados, por lo cual se detuvo a siete elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), entre ellos el Teniente Rodríguez Martínez. Fueron internados en la prisión del Campo Militar Número 1, sujetos a un proceso en el fuero militar. Encabezados por Ezequiel Rodríguez, los siete implicados han argumentado en todo momento que los hechos ocurren como ellos los plantearon en su parte de novedades y sus informes complementarios, y que “por suposiciones falaces y convenencieras de terceras personas que no se encontraron en el lugar de los hechos y bajo suposiciones eminentemente subjetivas”, la verdad histórica del caso fue falseada. Los militares que en su momento interpusieron el recurso de apelación en contra del auto de formal prisión por los delitos de homicidio y abuso de autoridad, también han luchado jurídicamente en contra de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ordenó reclasificar el caso y transparentar los avances de las investigaciones. En un juicio de amparo que recientemente les fue negado -al Teniente de Infantería y sus compañeros de prisión-, se dicen víctimas de un “ataque mediático en contra de nuestras personas como seres humanos”. “La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de diversos medios de comunicación, ha emitido infinidad de versiones que no se apegan a la realidad de los hechos, y que tanto la citada Comisión Nacional, como los medios de comunicación, continúan atentando contra todo principio constitucional, señalándonos, prejuzgando hechos carentes de veracidad sin que dicha comisión tenga conocimiento de la realidad de los acontecimientos ocurridos el día que se indica”, remataron los quejosos. Mientras se resuelve la apelación, los soldados inculpados, aun los liberados en la causa penal del homicidio, siguen internados en la prisión principal del Instituto Armado en el Campo Militar Número 1.
Publicidad
