Transporte de carga destruye vialidades en Otay Módulos

Los automóviles que circulan por las calles Alfonso Vidal y Sor Juana Inés de la Cruz en la colonia Otay Módulo 2, deben zigzaguear entre los carriles en ambos sentidos de circulación para evitar la accidentada geografía de ambas vialidades, repletas de baches y levantamientos producidos por el paso de autotransporte pesado, específicamente del transporte de carga que espera ingresar a las instalaciones de la Aduana. En un recorrido realizado por ZETA se pudo constatar esto. En algunos segmentos de las calles, solo permanecen intactos pequeños islotes de concreto que dejan ver que alguna vez estuvieron pavimentadas, lo demás se encuentra en estado de terracería. El señor Toscano, residente de la zona, señala que el problema no tiene siquiera un año, cuando la Aduana abrió instalaciones sobre la calle Sor Juana Inés de la Cruz para realizar trámites de importación. Asegura que el tránsito de camiones de carga no solo ha dañado  las vialidades, sino que ha provocado fisuras en las paredes de las casas circundantes y el colapso de cableado de telecomunicaciones, cuando las cajas de los mismos resultan demasiado altas para estas estructuras. El quejoso agregó que existe preocupación ante las posibles lluvias intensas en la región debido al fenómeno “El Niño”, lo que podría empeorar la situación de estas calles e incluso impedir el acceso o salida de vehículos y peatones, al haber una calle exclusiva para los conductores de tráileres junto al muro divisorio entre México y Estados Unidos; los vecinos no se explican por qué siguen pasando por ahí, provocando también largas filas de espera que impiden el acceso o salida de domicilios. Toscano señaló a ZETA que una comitiva de vecinos ya se presentó ante el alcalde de Tijuana, Jorge Astiazarán, para buscar una solución al problema y la reconstrucción de las vialidades, pero este argumentó que se trata de competencia federal. Al Ayuntamiento se le solicitó mayor información sobre las vialidades afectadas pero no hubo respuesta, lo mismo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), institución a la que se le cuestionó su responsabilidad en los daños a la infraestructura urbana.