Aunque en lo que va del año 2015, la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California registra un total de 12 personas no localizadas, la entidad ocupa el quinto lugar a nivel nacional en desaparecidos con mil 158, de acuerdo a datos de la Secretaría de Gobernación (Segob) emitidos el año pasado. El Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA), de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), aseguró a Fernando Ocegueda Flores, presidente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California, que en el año 2014 se resolvieron 900 casos de desaparición, aunque no han hecho pública dicha cifra ni mostrado pruebas que la respalden. Cientos de familiares buscan diariamente a sus hijos, esposos, hermanos, madres. Nadie sabe nada. Y las preguntas, en lugar de responderse, aumentan. “Es una vida y es mi hijo” Hace siete años, doña Guadalupe inició la búsqueda de su hijo Fabián, desaparecido un 11 de junio del 2008. El muchacho de 24 años fue con sus amigos a comprar una cerveza, y ya no regresó. Tuvieron que acudir en dos ocasiones a CAPEA, la segunda vez fue porque en una semana, las autoridades dieron por perdido el primer trámite. “Me convertí en la investigadora de la desaparición de mi hijo”, exclama doña Guadalupe, quien acudió a Semefo, hospitales, centros de rehabilitación –en Tijuana, Ensenada y hasta Mexicali— y no encontró nada. Dio lo que pudieran ser pistas a CAPEA, pero las ignoraron; ni una llamada, ni un avance siete años después. Se contactó con las familias de los amigos de su hijo, pero solo una de ellas había registrado como extraviado al suyo. Ni siquiera la camioneta en la que viajaban ha sido localizada. “Yo siempre he tenido la corazonada de que las autoridades sí saben lo que había pasado, solo que para ellas es una cosa que no tiene mucha importancia, pero es una vida y es mi hijo”. Ley General de Víctimas El 9 de enero de 2013 se publicó la Ley General de Víctimas, reformada en marzo de ese mismo año, donde se establecen las reglas de coordinación que deben existir entre las autoridades de los distintos poderes y órdenes de gobierno, así como las del funcionamiento del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Se expone el procedimiento y características de la atención, asistencia y protección inmediata que tienen derecho a recibir familiares de desaparecidos. Menciona que en caso que la autoridad no pueda ejercer justicia, se deberá dar una indemnización al afectado. Específicamente, en casos de desaparición forzada, el Estado tiene la obligación de realizar una búsqueda inmediata. En noviembre de 2014, el Diario de la Federación dio a conocer el Reglamento que hará cumplir lo decretado por la ley. Como parte del proceso, cada estado debe adecuar la ley conforme a los requerimientos propios. En 2013 la priista Nancy Sánchez, presentó su propuesta en el todavía sexenio de Guadalupe Osuna Millán, donde el Congreso voto a favor de la iniciativa pero, el entonces gobernador prefirió decirle que no. Fernando Ocegueda, refirió que ha intentado entablar comunicación con el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, para tratar el asunto sobre los desaparecidos, de igual manera, resolver lo de la ley en el estado, sin embargo, no ha tenido una respuesta del mandatario, puesto que siempre es dirigido a “autoridades de tercer nivel” que prometen resolver el caso. René Mendivil, diputado de la XXI Legislatura, aseguró que por parte del Gobierno de la República existe una voluntad de atender el tema, por lo pronto, se debe esperar revisar la integridad de la disposición emitida para que en este año sea materia vigente en Baja California. Natalia Monroy TAGS: Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes, Procuraduría General de Justicia del Estado, Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California, ley general de victimas
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