Rechazo a nueva Ley Notarial

Iniciada la campaña nacional “Septiembre, Mes del Testamento”, los notarios bajacalifornianos suponían que el costo oscilaba entre 600 y 850 pesos, pero el 8 de septiembre el gobernador Francisco Vega de Lamadrid oficializó el arranque e informó que el costo se redujo en un 50 por ciento y quedó exento de pago de derechos ante la Dirección del Archivo General de Notarías. En el Registro Público de la Propiedad de Ensenada, hay una decena de papeletas pegadas en ventanas, paredes y puertas para advertir a los usuarios sobre el cambio este 2015. La señora Leonora Contreras, primero llegó al Registro Civil del Ayuntamiento de Ensenada para preguntar cómo tramitar el testamento, de ahí  la remitieron al Gobierno del Estado y posteriormente a la Notaría Número 4. “Vine porque escuché en la televisión que me va a salir más barato y que eso se hace en el Municipio; esta notaría, me dijeron que no me preocupara, que todo se hacía muy rápido y que me iban a cobrar 600 pesos”. Este cambio de atribuciones tiene enfurecidos a los abogados en Baja California, quienes ya presentaron una propuesta para que el Congreso del Estado derogue las modificaciones hechas por los diputados bajo el Decreto 828, que incluye modificaciones en el Código Civil, Ley del Notariado, Hacienda y del Registro Público de la Propiedad y el Comercio en el Estado. El argumento de la petición fue que las modificaciones golpean la economía de los ciudadanos, quienes estarán obligados a elaborar un testamento en una notaría, así como signar contratos de compraventa de bienes con un valor superior a los 7 mil salarios mínimos. Según los licenciados en derecho, este patrocinio tiene la intención de favorecer  al gremio notarial, además que la reforma faculta al gobernador para elegir, de manera discrecional, a los notarios de Baja California. En respuesta a la propuesta de los abogados el gremio de notarios en el estado ya se amparó y solicitó el veto de la modificación a la Ley Notarial. El diputado panista Cuauhtémoc Cardona Benavides se manifestó en contra de que sea el mandatario estatal el que elija a los notarios sin que éstos se enfrenten al examen de oposición: “Eso lo cambiaron, desde luego que los notarios no criticaron esa parte de los cambios al Código Civil, que también era una propuesta de la misma iniciativa”. Iniciativa que se trabajó para desaparecer: “…el testamento ológrafo que está generando más conflictos que los que resuelve porque al momento de escribir no tienen la asesoría correspondiente y cuando abren el sobre sellado se encuentran ahí una serie de situaciones inadecuadas que no pueden hacer valer ese documento”. Por eso el Gobierno recurrió a los notarios, indicó. Advirtió que a estas alturas nadie puede “darse por sorprendido”, por lo que se aprobó y todos los diputados sabían que estaban desapareciendo este documento.   Abogados pierden tajada     “¿Quién más que un notario tiene experiencia en cualquier testamento? Porque si pones a cualquier abogado te va a decir sobre la teoría, pero ¿y la práctica?, ésa no te la van a decir porque somos nosotros los que lo vemos. De ahí que nuestra capacidad para asesorar sea mayor que la de cualquiera porque es una obra casi exclusiva del notario”, arguyó el presidente del Colegio de Notarios en Baja California, Diego Monsiváis Franco. Es obvio que existe descontento por parte de los abogados porque las modificaciones a los artículos 9121 del Código Civil atenta contra los ingresos de los litigantes. “Tarde o temprano un testamento ológrafo tiene que pasar por un juez y para esto se ocupa un abogado, mismo que cobra un 10 por ciento de lo que valen los bienes, aunque tienen derecho a cobrar más. Un vez que el juzgado resuelva y nombre a los herederos, el documento debe pasar por un notario que va a cobrar el 2 por ciento”. Ahora bien, dijo Monsiváis, si de inicio hacen el testamento con un notario les cuesta 600 pesos y cuando fallezca la persona tienen que regresar para conocer la decisión sin necesidad de ir al juzgado, de lo contrario el ciudadano paga el 12 por ciento de los bienes de la herencia porque intentó ahorrarse entre 300 y 600 pesos. “¿Vale la pena pagar el 10 por ciento del valor de la casa que están heredando el papá o la mamá a los hijos? Yo no creo que valga la pena, y estoy de acuerdo en que los abogados se van a quejar porque se van a quedar sin este trabajo, ¿pero a quiénes creen que se van a beneficiar en este caso? A la gente”. Un juez tarda de 6 meses a un año en dictar una sentencia de testamento ológrafo, mientras que en una notaría con un testamento público abierto demora de una semana a diez días. Para los notarios el testamento “es una chamba ingrata”, así la describen, porque además que no es un trabajo bien remunerado cuando los herederos no están de acuerdo con la voluntad del finado, tienen que ser muy cuidadosos en lo que están haciendo para que no haya problema de demanda, y si la hay, que no les echen en cara que se cometió un error. El testamento más caro tienen un costo de alrededor de 3 mil pesos para una persona multimillonaria, mientras que para el resto anda en mil 500 pesos. Ahora dentro de la campaña será por 600 pesos. Moralmente, ejemplificó el representante de los abogados, si en un testamento nombras a tus hijos como herederos y falleces, a tu esposo lo van a sacar de la casa los hijos, porque van a reclamar su herencia. “Eso no se hace, pero ellos –los papás— no lo saben y puede ser que no suceda así, hay variantes, y lo que aconsejo como notario es que, si son mayores, que los esposos se nombren mutuamente herederos y luego a los hijos”, describió.   Monopolizan funciones   Antonio García Herrera, ex titular del Registro Público del Comercio, calificó de “error” la reforma porque afecta al sector social y deja fuera de los trámites a profesionales inmobiliarios que están inscritos en el RPPC, además de que los interesados en trasladar una propiedad de interés social entre particulares, antes podían hacer el papeleo sin tener que pagar honorarios a notarios. “Se podían ratificar las firmas de un contrato directamente, ya sea en un juzgado, en el Registro Público o en una notaría, pero era decisión de los particulares, entonces prácticamente se monopoliza la función de la Reforma al Artículo 2191, donde se otorga solo a ellos la facultad de elevar a escritura pública el contrato que antes era privado ahora pasa a carácter público, donde el costo se va a elevar”, detalló. Para el ex funcionario también es una equivocación el que se haya derogado la figura de testamento ológrafo por las personas en situación de pobreza, y con lo que le quitan la posibilidad de exentarles el pago a adultos mayores, pensionados, jubilados, viudas y discapacitados. “En el 2003 la Secretaría de Gobernación hizo acuerdos con los gobiernos para promover la cultura testamentaria, y con la reforma, cuyo argumento es que varios de los testamentos son anacrónicos y están en desuso, se desatiende de la promoción de la cultura testamentaria y la legalidad”, remató.   Que la regresen como estaba   El presidente del Colegio de Abogados Independientes y de Opinión Libre en Ensenada, Mario Alberto García Salaiza,  presentó una propuesta firmada por el Colegio de Ingenieros Civiles, además de topógrafos y agentes inmobiliarios, donde piden al Congreso del Estado que deroguen los cambios aplicados al Código Civil, con el argumento de que las modificaciones laceran la economía del ciudadano y por otro lado favorecen a los notarios. Quien también fuera secretario de Gobierno durante la administración panista de Pablo Alejo López Núñez, arremetió en contra de los legisladores locales asegurando que éstos desconocen cuál es el sentir de los ciudadanos, de los grupos y organismos de la sociedad civil, de otra forma no hubieran aprobado esos cambios, pero además no convocaron a los profesionistas como lo manifestaron en la exposición de motivos. “Esto es una mentira, porque ya nos sentamos con colegios y barra de abogados también de Tijuana y coincidimos en lo mismo, o sea, no fuimos llamados a ver el estudio de procedimiento de análisis en comisión”. Lo más delicado del asunto es que las nuevas disposiciones van en contra del presupuesto, aseveró. El Gobierno del Estado no supo ni lo que cedió a los notarios porque es un recurso que va a dejar de entrar a las arcas públicas. <p>Lo que el Gobierno del Estado debe hacer es pasar la factura a la defensoría pública para que ésta a su vez asista a todas aquellas personas que con su puño y letra pretendan elaborar un testamento ológrafo, sugirió Moreno Neri.   Dejan ir ingresos   De acuerdo a las reformas realizadas al Código Civil publicadas en el decreto 282 del Periódico Oficial de fecha 29 de mayo del 2015, se deroga el testamento ológrafo (escrito de puño y letra del ciudadano) con el argumento de que es uno de los más impugnados en tribunales y que además de desaparecer esa figura, dejó de depositarse en el Registro Público. Miriam Susarrey Medina, delegada del Registro Público en Ensenada, detalló que en el 2014 se depositaron 630 testamentos ológrafos, y como cada año la mayor afluencia se tuvo en los meses de septiembre a diciembre. La cifra en el mismo periodo en el 2013 fue de 529 trámites y en 2012 de 445, con lo que se tenía un ingreso aproximado de 260 mil pesos anuales. El ex registrador público Antonio García Herrera calcula que de  septiembre a diciembre hay por lo menos diez citas diarias para depositar  el testamento en Ensenada, en contraste con los municipios de Mexicali y Tijuana, donde hay unos 2 y 3 mil anuales, con ingresos por alrededor de un millón de pesos por cada ayuntamiento. Del 2010 a la  fecha se tienen por los menos 40 mil testamentos en el estado, “por lo tanto no está en desuso, lo que sí, es que esta figura es arcaica porque se tiene que prender una goma que se llama lacra para que el testamento se convierta en inviolable, entonces el Congreso más que nada tiene que hacer su trabajo y darle un sesgo social a la legislación, darle un aire fresco a la figura del testamento para que opere adecuadamente”. Reiteró que para reformar el código civil era necesario debatir los cambios de tal manera que los mismos abogados, ingenieros topógrafos, agentes inmobiliarios se enterarán y fijaran postura, pero no fueron convocados a una mesa: “Todos nos fuimos con la idea de que era un tema ante notarios y ejecutivo, pero nunca se nos invitó a revisar las modificaciones, tal como la derogación de ciertas figuras como es el testamento”.