Para Miranda Nava “no hay reclamos”: Alianza de Jornaleros de San Quintín

Sin acceso a los medios de comunicación, y con la mitad de los miembros de la Alianza de Organizaciones que ya no pertenecen a esa agrupación y a los que se les impidió el acceso a la reunión, se llevó a cabo la encerrona entre líderes del movimiento y el subsecretario de Gobernación, Enrique Miranda Nava, en las instalaciones de la Administración Portuaria Integral (API) de Ensenada. La reunión se dio después de más de tres meses de haberse firmado los acuerdos que en su momento se anunciaron con “bombos y platillos”, y que consistían en la categorización de las empresas para definir los diferentes salarios diarios, la formación de un fideicomiso de 100 millones de pesos para el desarrollo de los jornaleros, la liberación de los detenidos por los disturbios del 17 de marzo, y demás puntos que a grandes rasgos no se han cumplido y que, por ende, preservan las condiciones de explotación en el Valle de San Quintín, y eso declarado por los propios voceros de la Alianza, ahora desde diferentes frentes. A dos de los tres principales y más activos líderes de la Alianza de Jornaleros, el profesor Fermín Salazar y el jornalero Justino Herrera, además de la líder de la mujeres jornaleras, Lucila Hernández, se les impidió la entrada al recinto, pues ya no se les reconoce en el movimiento, tras la ruptura que inició Herrera, según su revelación a ZETA en su momento, después de que la minuta de acuerdos fue amañada cuando el concepto de “salario mínimo diario” fue cambiada por “salario mínimo integrado”, anulando así las prestaciones ganadas y que el resto de los voceros aceptaron. Aunque de momento se trató de desmentir este hecho, ahora se evidenció la ruptura con la suma de más voceros disidentes. Exigiendo su presencia en la reunión privada para exigir los incumplimientos por parte del Gobierno de la República, además de considerar que la Alianza está traicionando los derechos de los trabajadores, Justino Herrera aclaró que continuará con la lucha “pero no al lado de alianzas de organizaciones que traicionar a los trabajadores. La Alianza se enojó conmigo por el engaño a los trabajadores, donde he sido franco,  y la gente no quiere que esté con los que engañan a los trabajadores y se aprovechan”. Lo que sí, unos y otros, coinciden en la indebida categorización que se hizo de las empresas agrícolas, con lo que resulta que empresas como BerryMex y Driscolls pagan salarios como categoría “B” cuando son las más grandes de la región. En eso, tanto los disidentes como la Alianza, encabezada por el vocero Fidel Sánchez Gabriel, coinciden como compromiso incumplido.    — ¿Hubo reclamos para Miranda Nava?, preguntó ZETA  a Sánchez Gabriel después de la reunión privada. “No, para el licenciado Miranda Nava no, pero sí hubo reclamos para el Instituto Mexicano del Seguro Social”. Agregó que los reclamos fueron respecto a la afiliación fantasma que se ha hecho a los jornaleros, “y que no aparece ni siquiera en el sistema del propio Instituto, además de la mala atención que se la da a cada trabajador, la falta de medicamentos. Esos sí fueron reclamos para el IMSS”. — ¿Estuvieron presentes los patrones? “No. La reunión fue prácticamente entre la Alianza de Organizaciones y el Gobierno Federal, y Gobierno del Estado”. Afirmó el líder Fidel que sí pusieron en la mesa la arbitraria categorización de las empresas y que plantearon que en vez de tres categorías (150, 165 y 180 pesos diarios) en realidad solo existen dos categorías para ellos, la “A” (180 pesos) y “B” (165 pesos). — Y en cuanto al gobierno estatal y municipal, ¿nada más fungen como testigos? “Efectivamente, están como testigos presenciales, y también como testigos en las firmas de las minutas y de los acuerdos. Creemos que con su participación como testigos refuerzan los acuerdos que se tomen con el Gobierno Federal”. — ¿Hasta ahí llegará la exigencia para las autoridades locales? “Yo creo que la exigencia para las autoridades locales, se terminó desde el 27 de marzo, a partir de que el Gobierno Federal ha asumido el papel que le corresponde”. Respecto al cambio de tono y actitud en cuanto a las primeras movilizaciones, en contraste con la prudencia y delicadeza con la que han sostenido su relación con las instituciones a partir de las últimas semanas, y que ha creado suspicacias en algunos, empezando por los voceros disidentes, Fidel explicó: “La Alianza de Organizaciones no hemos bajado la guardia hasta el día de hoy, en Baja California no hemos hecho otro movimiento de la naturaleza del 17 de marzo, pero sí estamos haciendo otro movimiento, iniciando con el boicot económico internacional, desde ese espacio estamos todavía combatiendo. Los compañeros jornaleros pusieron lo que les correspondía al salir a la calle, exponer sus cuerpos, arriesgar sus propias vidas, y ahora nos toca a los voceros efectivamente buscar el mecanismo de cómo encontrarle solución a esto”. Mencionó, por ejemplo, el boicot que arrancó el 10 de agosto en California, y que ahora secundarán en Canadá, Japón y Corea: “Estamos hablando del mercado asiático, donde precisamente el gobernador de Baja California fue a abrir mercado para tres mil hectáreas de fresa en el Valle de San Quintín”. En referencia a la ruptura de la Alianza que encabeza, Sánchez Gabriel negó que exista división y aseguró que la mayoría de los compañeros continúan en la misma. De Justino Herrera y el resto, dijo que en esa organización respetan las libertades individuales y que ellos decidieron separarse, por lo que respetarán su decisión de formar otra agrupación,  o incluso sindicato: “Si el día de hoy no fueron ingresados a esta mesa de trabajo, no fue decisión de uno, fue en consenso de todos los compañeros que son la mayoría, que aún quedan dentro de la Alianza”. Enrique Miranda Nava, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid y demás funcionarios federales, llegaron y se fueron despavoridamente en un comando de diez camionetas Suburban. Ante la pasada experiencia donde los medios fueron relegados tanto por funcionarios como por voceros de la Alianza, y debieron aguardar por varias horas para al final no ser atendidos, muchos de los reporteros decidieron boicotear la cobertura del acto, o de plano desistir la espera a los pocos minutos.     “Condiciones en San Quintín han empeorado”: FIOB De manera conjunta, el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) y la Alianza de Organizaciones Municipal, Estatal y Nacional por la Justicia Social desmintieron, en rueda de prensa, que exista una mejora de fondo en las condiciones laborales de los jornaleros de San Quintín. Esto deriva de un reporte publicado a través de la página oficial de la empresa BerryMex -fechado el 22 de abril de 2015-, en que se señala que mediante una visita a los campos de cultivo el FIOB fue testigo de la “conducción progresiva” de la empresa, así como declaraciones del director general Héctor Luján en un programa de Radio Bilingüe. En dicha transmisión, Luján habría declarado que en BerryMex existen buenas condiciones laborales, médicas y de vivienda para los jornaleros; además de que están registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuentan con todas las prestaciones de Ley y ganan alrededor de 5 a 9 dólares por hora, declaración que habría de fundamentar en la visita realizada por el FIOB en abril pasado. El miércoles 9 de septiembre, Rogelio Méndez, coordinador del Frente,  afirmó lo contrario, asegurando que las condiciones laborales han empeorado tras el conflicto en San Quintín. La doctora Laura Velasco, investigadora del Colegio de la Frontera Norte (COLEF), quien también participó de esta visita, dijo haber solicitado a BerryMex retirar su nombre del documento referente a dicha inspección, al no respaldar las declaraciones de Luján. Velasco declaró que durante la visita, dicha empresa no fue lo suficientemente abierta sobre las condiciones de sus trabajadores, específicamente en el tema de la violencia presentada en mayo por parte de corporaciones policiacas. La generación de información habría sido insuficiente para generar un reporte fidedigno, consideró la investigadora, ya que si bien, los salarios se encontraban cercanos a lo que la Alianza planteó en sus demandas, estos corresponden a la temporada alta de cosecha y se presentaban como una percepción promedio y no desglosada por categoría de trabajador, ya que la percepción es desigual en relación a la productividad. Además, hizo hincapié en los despidos en masa que se presentan al término de las temporadas altas. “Esa temporada alta puede durar uno o dos meses, y el resto del año los trabajadores no ganan ese salario, por lo tanto, es un dato insuficiente, no refleja la realidad de los trabajadores”, subrayó Velasco. Ambos frentes consideraron que la estrategia seguida por las empresas, es desinformar en el sentido de que las carencias han sido resueltas, mediante firmas de contratos colectivos de trabajo con sindicatos como la CROM y la CROC, a espaldas de los trabajadores y la firma de acuerdos con los gobiernos del Estado y Federal. Héctor Ortiz      La Alianza tiene otras exigencias para el Valle: “Esperemos que en eso sí nos cumpla el gobernador”   Después de ratificar que el boicot económico internacional se mantendrá en tanto no se defina de una vez por todas cómo va a quedar el salario de los trabajadores por día y por caja de fresa, mora y arándano, Fidel Sánchez anunció más reuniones para tratar específicamente la categorización de las empresas, “porque lo demás ya es un compromiso”, tales como la ampliación de la Clínica 69 que presuntamente entrará en función a partir del mes de enero, “eso ya no es punto de discusión, el punto de discusión es el salario”.   Respecto a otra promesa del Gobierno Federal que al parecer se ha dejado de lado y que también propició en su momento que detractores del movimiento refirieran que se vendieron, fue el fideicomiso por 100 millones de pesos al año para invertir en infraestructura para los jornaleros, y que fue un punto que cuestionó Justino Herrera cuando decidió retirarse, y que Fidel Sánchez acepta no se ha concretado. “Pero sí es un fideicomiso del que se está hablando y esperemos que ojalá se pueda concretar, porque estamos hablando del desarrollo de los propios jornaleros”, expuso. Explicó que los mismos jornaleros formarán un comité técnico para que decidan ellos mismos cómo canalizar el recurso: “Y si no, tampoco estamos pidiendo ningún recurso, estamos acostumbrados a vivir del salario que recibimos, y como jornaleros estamos muy acostumbrados a seguir comiendo frijoles, arroz, nopales y quelites que hay en el campo”. Aunque desde hace muchos meses que desconocieron al gobernador de Baja California como figura que pueda solucionarles las exigencias que han venido plateando, Fidel apuntó que otro asunto para el que sí lo buscarán es respecto a los 13 jornaleros que permanecen detenidos por los disturbios del 17 de marzo: “Aprovechando la participación del gobernador del Estado, le solicitamos que se agilice el proceso legal que lleva de cada compañero, para que lo más pronto posible recuperen su libertad”. Otros asuntos en los que insistirán ante el gobierno estatal, pero en concreto con la subsecretaría de Gobernación en Ensenada, encabezada por Pablo Alejo Nuñez, enumeró el vocero de la Alianza de Organizaciones, son la infraestructura para varias comunidades del Valle, tales como la introducción del agua potable, de la energía eléctrica, la regularización predial, y muy especialmente una propuesta que la misma Alianza planteara desde el 2 y 3 de junio, que es la realización de un estudio para determinar la factibilidad para la construcción de una presa en la cuenca del puente de Santo Domingo, así como la expropiación del pozo Betancourt en el Ejido Díaz Ordaz de la delegación Punta Colonet. “Esos puntos sí los estamos tratando de manera directa con el Gobierno del Estado”, dijo. — ¿Y están avanzando? “Nos dice el gobernador que la cuestión de la expropiación del pozo Betancourt en 15 días estará terminada. Y respecto al estudio de factibilidad para la construcción de la presa en la cuenca del Arroyo de Santo Domingo, se está viendo la posibilidad de que a mediados de noviembre ya esté el estudio. Esperemos que por lo menos por ese lado sí nos cumpla el gobernador”. Juan Carlos Domínguez