Morir en México, asesinado en el contexto de la inseguridad producto del narcotráfico y el crimen organizado, que gozan de la impunidad que proporciona el Estado, es morir en la injusticia. De los más de 57 mil ejecutados en los primeros 32 meses de administración de Enrique Peña Nieto, pocos, muy pocos asesinos se encuentran en prisión. La justicia en México es selectiva. No es para todos. A veces por la incapacidad del Ministerio Público, otras por la corrupción y el mal gobierno, y unas veces por intereses ajenos, pero no todos en México obtienen justicia para dejar descansar a los suyos. Ahí están las familias despedazadas por el narcotráfico, las familias de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que fueron desaparecidos en septiembre de 2014; también los seres queridos de periodistas y activistas que han visto morir a sus consanguíneos y pasar el tiempo sin recibir justicia. Acá los mexicanos desbordan la frustración de la injusticia y la impunidad en manifestaciones. Toman las calles para gritar consignas, señalar directas en mantas y cartulinas, interrumpir discursos y, más que nada, hacer campañas en redes sociales y medios de comunicación independientes. No se puede decir que la táctica haya funcionado, pero por lo menos significa un grado de presión mediática y pública, que se ve en el extranjero. Si el discurso triunfalista y reformador de Enrique Peña Nieto en el extranjero comenzó a desvanecerse, fue precisamente por las manifestaciones ciudadanas que en México son ignoradas y en el extranjero harto consideradas. Sin embargo, hoy los mexicanos nos enfrentamos a una situación inédita. Las manifestaciones no han tomado las calles y las voces poco a poco se escuchan en los canales de comunicación. El vil asesinato de ocho mexicanos y la convalecencia de seis más que fueron atacados con artillería de guerra en Egipto, y el inexcusable pretexto que utilizaron las autoridades de aquel país para justificar el artero atentado: que las fuerzas de seguridad del gobierno de Egipto confundieron a los turistas mexicanos con terroristas del Estado Islámico. Ofrecieron como prueba los dichos de los oficiales egipcios que hicieron la relación de los vehículos en que se trasladaban los turistas con los de los terroristas, por ser estos de características similares. Vehículos que, dicho sea, no son exclusivos de los terroristas, pero sí comunes en las travesías que turistas, estudiosos, especialistas e interesados hacen en zonas áridas como el desierto occidental egipcio por donde viajaban los mexicanos, acompañados de guías de aquella región, en por lo menos cuatro vehículos de doble tracción. Los mexicanos fueron bombardeados por las fuerzas de seguridad del gobierno de Egipto. Se desconoce y no se sabrá pronto -dado que el gobierno egipcio selló la investigación que realiza sobre el caso- cuáles fueron las pruebas de verificación y autenticidad de la información o las sospechas de que quienes viajaban en dichas unidades eran terroristas y no turistas, como fue el caso. Cuál fue la confirmación, sea vía aérea o en tierra desde un centro de mando, que se utilizó para dar la orden de atacar los vehículos donde viajaban en plan pacífico de turismo, los mexicanos. Mientras el gobierno mexicano no ha puesto hasta la fecha -considerando el acto de terror contra los mexicanos a mano de un gobierno- una alerta para que sus ciudadanos no viajen a Egipto, otros gobiernos como el de Estados Unidos, el de Francia o el de Inglaterra, han alertado en el pasado y lo mantienen en el presente, a sus connacionales para no viajar a esa zona desértica casi frontera con Libia, precisamente por las condiciones de inseguridad que por situación de terrorismo se viven. Pero a los mexicanos que viajaban en el convoy turístico que fue atacado con bombas, su gobierno no los alertó. Ni en la página de la administración, ni en la agencia de viajes. Ni por parte de la Secretaría de Turismo, como tampoco de la de Relaciones Exteriores. Ninguna autoridad mexicana les advirtió del peligro que su vida corría si viajaban a esa zona. La secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, se estrena en el cargo con esta tragedia. A días de que fue sacada de la Secretaría de Turismo por el Presidente para enviarla a la cancillería, ha mostrado la falta de capacidad que tiene para hacer frente a tragedias internacionales. Su rápido viaje hacia la zona donde se recuperan los mexicanos heridos, y hacer el levantamiento de cuerpos de los que murieron en otra tierra, se enmarca en un viaje de logística para lo cual no se requiere una secretaria, sino uno propio. Ella no ha alzado la voz como el caso lo requiere, para señalar a un país que no protege a los suyos y que no está en capacidad de proteger a los turistas. Un país cuyos investigadores han decidido cerrar la indagación sobre lo que ocurrió a los mexicanos, para no dar a conocer los detalles, las órdenes, los protocolos y la capacitación, elementos todos con los que se desenvuelven las fuerzas especiales de aquel país. El gobierno mexicano, que no ofrece certeza ni justicia a las familias de los mexicanos asesinados o desaparecidos en nuestro país, debería hacer como los ciudadanos de acá: manifestarse fuertemente, alzar la voz y exigir al gobierno de Egipto, no solo que abra la investigación para llevar el proceso en público, sino que se castigue a los responsables, que las tácticas de defensa de las fuerzas de seguridad de aquella nación sean revisadas, evaluadas y consignadas por organismos internacionales por su actuar irresponsable. La secretaria de Relaciones Exteriores debería estar denunciando y demandando justicia, incluso emitiendo una posición de indignación por parte del gobierno y del pueblo mexicano ante cortes internacionales y la Organización de las Naciones Unidas. Pero poco o nada sabe Ruiz Massieu de Relaciones Exteriores. No tiene ni experiencia, ni formación académica para el caso. Ni un ápice de preparación técnica para encabezar el departamento diplomático mexicano. Nada, solo que es amiga del Presidente y sobrina de un ex Presidente. Vaya, ni la alerta a los mexicanos para no viajar a Egipto, ha activado la funcionaria que ha destacado más por su labor de logística de largas distancia, que por representar a los mexicanos todos en el extranjero. A como va la situación y dado a la pobre actuación de la autoridad en el caso de los ocho mexicanos asesinados y los seis heridos tras ser bombardeados en Egipto al confundírseles con terroristas, morir en otra tierra también será ejemplo de impunidad e injusticia, pues el que debe responder, indagar y exigir justicia, es el mismo gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto.
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