La Paz, Baja California Sur.- Con una oposición severamente confrontada y diluida, tras la derrota del pasado proceso electoral, Carlos Mendoza Davis tomó protesta el jueves 10 de septiembre como nuevo gobernador del Estado de Baja California Sur, en la sala de sesiones “José María Morelos y Pavón” de la XIV Legislatura. La sesión, presidida por la diputada Eva Palacios, de la actual Legislatura, inició puntualmente a las siete de la tarde. En el acto oficial estuvieron presentes los mandatarios Francisco Vega de Lamadrid, de Baja California; Rafael Moreno Valle, de Puebla; Mario López Valdez, de Sinaloa; y Francisco Domínguez, gobernador electo de Querétaro. Al igual asistieron los senadores Isaías González, Ernesto Ruffo, Raúl Cervantes, entre otros; el presidente del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, conocidos militantes del PAN como Santiago Creel y José Luis Luege; el General Moisés García Rincón, de la II Región Militar; Renato Sales, comisionado nacional de Seguridad; Rafael Pacchiano Alemán, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en representación del Presidente Enrique Peña Nieto; además de Marko Cortez, coordinador de los diputados panistas y Roberto Gil Zuarth, presidente de la mesa directiva del Senado. 
A las 7:34 pm, el mandatario saliente, Marcos Covarrubias, entregó a la legisladora Palacios la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y la de Baja California Sur, documentos que a su vez fueron depositados en manos de Mendoza Davis, rindiendo así protesta como el nuevo Ejecutivo de la entidad sudcaliforniana. Inmediatamente después, Covarrubias, al igual que Pacchiano Alemán, cambiaron su vestimenta para volver con guayabera puesta al lugar donde el gobernador entrante daría su mensaje. En su discurso en la explanada del Centro de Gobierno, luego de la toma de posesión en el Congreso del Estado, ante unos 2 mil asistentes, Carlos Mendoza Davis, ya gobernador constitucional de Baja California Sur -después del mensaje sobre la democracia sudcaliforniana donde PRI, PRD y PAN han gobernado la entidad- entró al tema del desarrollo turístico: “Nuestra prioridad será el desarrollo amplio y profundo de las familias sudcalifornianas”, y presumió que es el Estado que registra menor desigualdad, reconociendo por ello a su antecesor, Marcos Covarrubias. “Seré un gobernador demócrata”, enfatizó Mendoza, comprometiéndose a estar a la altura de las expectativas ciudadanas. A lo lejos se escuchaban las exclamaciones de “¡ya basta!” por parte de manifestantes contra la minería y a favor de la protección de los acuíferos, reclamos que no fueron suficientes para interrumpir el discurso del mandatario, en el que aseguró que el Estado ahora sí será el primero en el que sus funcionarios presenten declaración fiscal, patrimonial y de conflicto de intereses. En cuanto a la lucha contra la inseguridad, afirmó que multiplicará los espacios públicos de entretenimiento, combatirá las adicciones y profesionalizará los cuerpos policiacos como prioridades durante su gestión. Y emocionado, teniendo pendiente el nombramiento del procurador de justicia, Mendoza Davis gritó: “¡Lo mejor está por venir!”, tal vez sin enterarse de que en esos momentos, en La Paz, se registraba la primera ejecución de su mandato en la colonia El Calandrio, y un lesionado de gravedad con arma de fuego en la colonia Indeco. Los manifestantes se hicieron escuchar Minutos antes de las siete de la tarde, la explanada del Centro de Gobierno había sido aislada con vallas metálicas, área adonde solo fue posible acceder a través de un filtro con tres entradas de puertas magnéticas, detectoras de armas. Desde las seis de la tarde, los invitados comenzaron a pasar y poco a poco llenaron los espacios vacíos. El escenario principal, desde el cual el nuevo gobernador envió su mensaje a los sudcalifornianos, tenía un pedestal con micrófono y dos pantallas a los lados. En los costados, dos pantallas más transmitieron la imagen de Mendoza Davis. Sus invitados en su mayoría iban vestidos de guayabera, en una tarde en la cual la temperatura registró los 42 grados Centígrados. Afuera del recinto oficial, una decena de vendedores ambulantes ofrecían helados, raspados, chicharrones y dulces, quejándose del acceso restringido. Y también desde las siete comenzaron a llegar aproximadamente 200 manifestantes con pancartas: * Un grupo de ambientalistas solicitó al nuevo gobernador continuar con el legado de su padre, el ex mandatario Ángel César Mendoza Arámburo, y no permitir la contaminación de la minera Los Cardones. * Una agrupación de enfermeras y enfermeros solicitó el pago de su sueldo atrasado, como trabajadores de Hospital General “Juan María Salvatierra” de La Paz. 
Los guardias de seguridad impidieron el paso de quienes pretendían protestar. Los disidentes alegaban que se estaban violando sus derechos de libre tránsito y manifestación, incluso trataron de derribar una de las vallas metálicas para acceder a la toma protesta de Carlos Mendoza Davis. Daniel Hernández, padre de Jonathan Hernández Ascencio, un joven asesinado, argumentó que solo le iba a dar el voto de confianza a Mendoza, y solicitarle esclarecer el crimen, después de cinco años de sucedido. El señor acusó a un funcionario de nombre José Manuel Santoyo García de bloquear los accesos. Los manifestantes arremetieron también en contra del nuevo gobernador, acusándolo de violar los derechos del pueblo y de no cumplir sus promesas de campaña en el arranque de una gestión estatal que de inmediato debe hacer frente a un clima de inusitada violencia, que en los últimos tres años ha registrado 168 ejecuciones perpetradas por el crimen organizado. Las señales El nuevo gobernador de Baja California Sur arrancó con todas las condiciones políticas a su favor: un Congreso local de abrumadora mayoría panista, las cinco alcaldías, y tres de las cuatro diputaciones federales en el Estado. Desde su triunfo el pasado 7 de junio, y hasta la toma de posesión del cargo, centró su atención prácticamente en la reestructuración de la administración pública de la entidad, la organización de su gabinete y el diseño de las nuevas políticas públicas que habrá de implementar a partir del 10 de septiembre. Durante este tiempo, el equipo de transición integrado por sus principales hombres de confianza, Carlos Rochín Álvarez, Jesús Manuel Sobarzo Larrañaga y Genaro Ruiz Hernández, solo se reunió públicamente en una ocasión con el equipo de entrega-recepción del gobernador saliente, encabezado por Andrés Córdova Urrutia y Joel Ávila Aguilar, hoy ex secretarios general y de Promoción y Desarrollo Económico, respectivamente, así como el ex contralor Ismael Peñaloza Pineda; de manera general hablaron del proceso administrativo y de la situación que guarda el Estado. Desde la toma de protesta de la XIV Legislatura, el nuevo gobernador sudcaliforniano envió la primera señal de lo que habrá de ser su administración, modificando el cuerpo normativo que regula la función pública y privilegiando la innovación, modernidad y sobre todo, el perfil de los nuevos servidores públicos que en su mayoría habrán de ser profesionistas en la materia. Así, el gobernante panista envió a través de los diputados de las fracciones parlamentarias del PAN y del PRS, dos iniciativas con proyecto de decreto: 1.- La iniciativa para crear la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur, la cual consiste en la reestructuración de algunas dependencias gubernamentales -conforme a la nueva realidad política, económica y social del Estado-fusionando y separando funciones, el uso de recursos, transparencia y rendición de cuentas. Entre las novedades de esta Ley se encuentra: A). La creación de la Oficina del Ejecutivo, auxiliar en la conducción de los trabajos del gobernador, dotándolo de apoyo administrativo y logístico. B). La desaparición de Oficialía Mayor, y la creación de la Secretaría de Finanzas y Administración, unificando las políticas públicas en cuanto a la adquisición de bienes y servicios, así como la administración de bienes muebles e inmuebles del Gobierno del Estado. C) La creación de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, que habrá de ser responsable de la atención de los grupos vulnerables y organizaciones no gubernamentales en el Estado y lograr un impacto integral de programas sociales de manera directa y como objetivo principal. D). La reestructuración de la Secretaría de Pesca y Acuacultura, dotada de la atribución de la agricultura, por lo que quedará como Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario. La segunda iniciativa es la reforma a las fracciones XLVI del Artículo 64 y V del Artículo 79 de la Constitución Política del Estado, que consiste en generar cambios en los instrumentos jurídicos en el nombramiento del procurador general de Justicia del Estado y el contralor general del Estado, el cual está sustentado en dos objetivos esenciales: A) Mejorar y facilitar de designación y ratificación, estableciendo tiempos y procedimientos claros que den mayor certeza al nombramiento de procurador. B) La coparticipación de los poderes Ejecutivo y Legislativo en la designación del contralor, quien tendrá que ser ratificado por el Congreso del Estado. En el caso del procurador, el nuevo criterio utilizado es la designación por parte del gobernador, y posterior ratificación del Congreso del Estado, tal como sucede en 18 Estados de la República, donde el nuevo método de designación compartida busca una decisión equilibrada de pesos y contrapesos, y evitar la fricción que podría registrarse en la presentación de una terna a la hora de la votación, donde comúnmente se pierde valioso tiempo en el cabildeo y negociación; inclusive, se generan disputas entre legisladores, así como retrasos que se traducen en una ventana de impunidad, la cual invita a que la delincuencia prolifere y, más aún, con los hechos violentos de los últimos meses. En el caso del contralor, el mecanismo es justamente como el del procurador, solo que anteriormente no pasaba por la ratificación del Poder Legislativo, sino como una facultad del Ejecutivo, dejando de ser una designación directa del gobernador y una decisión compartida de común acuerdo con los diputados locales. El 8 de septiembre, dos días antes de la toma de posesión de Mendoza, la XIV Legislatura aprobó las dos iniciativas con Proyecto de Decreto, con 15 votos a favor y seis en contra. El círculo 
Abogado de profesión y graduado con honores en la Universidad Autónoma de México y maestrías en la Universidad de Cornell en Nueva York y Universidad Pantehón-Sorbonne en París, Carlos Mendoza Davis planea un gobierno de profesionistas, con experiencia académica y perfil idóneo en cada una de las áreas donde habrá de designar servidores públicos. Amigo personal del nuevo secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade Kuribeña y del secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, así como del gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, el titular del Ejecutivo estatal en Baja California Sur integrará dentro de su gabinete a su círculo de colaboradores más cercano, cuyo equipo de trabajo opera desde que ocupó cargos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Procuraduría General de la República, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Financiera Rural, Servicio Exterior Mexicano, Secretaría General de Gobierno y Senado de la República. La mano de Covarrubias en el gabinete En la conformación del gabinete del nuevo gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, se siente la mano de Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor. Los marquistas acapararon casi el 50% de los cargos repartidos en el gabinete general y ampliado, donde 21 de los primeros 52 funcionarios nombrados, fueron heredados por el saliente gobernador, incluso 8 prácticamente repetirán en el cargo, como es el caso de los siguientes: 1.- Isidro Jordán Monroy, secretario de Finanzas y Administración. 2.- Héctor Jiménez Márquez, secretario de Educación. 3.- Rodrigo Serrano Castro, subsecretario de Consejería Jurídica. 4.- Luis Enrique García Sandez, subsecretario de Finanzas. 5.- Jesús Taylor García, director del Instituto Estatal de Radio y Televisión. 6.- Manuel de Jesús Salgado Mayoral, director del Fondo para el Desarrollo Social. 7.- Luis Jesús Arce Cota, director del Instituto Sudcaliforniano de Inclusión de las Personas con Discapacidad. 8.- Cristopher Alexter Amador Cervantes, director del Instituto Sudcaliforniano de Cultura. Aunque ciertamente algunos de ellos, como el caso de Isidro Jordán Monroy son íntimos amigos del nuevo gobernador, eso no quiere decir que no hayan estado al servicio del ex gobernador, participando primero como director del Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Educativa, y después como secretario de Finanzas, en el cuatrienio de Covarrubias. De hecho, es el segundo secretario que –como en el caso de José Antonio Ramírez Gómez, de Narciso Agúndez a Marcos Covarrubias— es ratificado por el nuevo gobernante. Los otros marquistas, como el caso de su concuño, Rodrigo Andrés de los Ríos Luna, nombrado subsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, solo fueron rotados disimuladamente de un puesto a otro. El nuevo gobernador –y según datos obtenidos por ZETA— únicamente tiene 9 personas de su entera confianza dentro del gabinete, y quienes, después de la reestructuración de la administración pública, pretenden controlar todas las áreas gubernamentales, como es el caso de: 1.- Álvaro de la Peña Angulo, secretario general de gobierno. 2.- Isidro Jordán Monroy, secretario de finanzas y administración. 3.- Luis Genaro Ruiz Hernández, secretario de turismo. 4.- Carlos A. Rochín Álvarez, jefe de la Oficina del Ejecutivo. 5.- Jesús Guillermo Vázquez Guluarte, secretario privado. 6.- Dalia Bastida Clemente, secretaria particular. 7.- Luis Humberto Araiza López, subsecretario de administración. 8.- Luis Enrique García Sánchez, subsecretario de finanzas. 9.- Jesús Manuel Sobarzo Larrañana, jefe de la Unidad de Comunicación Social y Relaciones Públicas. Dentro del nuevo gabinete, otros cargos fueron entregados como evidentes cuotas de poder al PAN, como es el caso de Héctor Jiménez Márquez, secretario de educación; José Leoncio Ávila Geraldo, director del Instituto Sudcaliforniano del Deporte y Carlos Lascurain Ochoa, director de la Junta Estatal de Caminos. Otro caso es del dirigente municipal del PRS en La Paz, Tomas Frank Torres Gameros, y el cual fue nombrado subsecretario del trabajo. En el reparto de cargos, y tras haber dado la espalda a su partido en el pasado proceso electoral, algunos integrantes del PRD, también recibieron su cuota, como es el caso de Ricardo Gerardo Higuera, y quien fue nombrado subsecretario de planeación y desarrollo económico; Esteban Beltrán Cota, subsecretario de gobierno; Ana Luisa Guluarte Castro, directora del Régimen Estatal de Protección en Salud y Juan Manuel Reyes Cervantes, director del Instituto de Capacitación de los Trabajadores de Baja California Sur. Los catedráticos también recibieron su pago a los favores del pasado proceso electoral, tal es el caso de Rodrigo Guerrero Rivas, nombrado secretario de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales; Rodrigo Serrano Castro, subsecretario de la Consejería Jurídica y Óscar Báez Santiés, director general del Colegio de Bachilleres. Finalmente, los empresarios, y principales aportadores económicos en la campaña del hoy gobernador, también recurrieron al pago de favores, y donde fueron colocados dentro del aparato gubernamental Rogelio Ampudia Gudiño, subsecretario de turismo; Carlos Rivas Lizaola, director del Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Educativa y José Soto López, director de administración portuaria integral. En la conformación de este nuevo gabinete, llaman la atención cuando menos tres nombramientos de funcionarios, y los cuales, prácticamente fueron importados de otras ciudades o estados, tal es el caso de José Luis Escalera Morfín, secretario de planeación urbana, infraestructura y transporte; Gustavo Hernández Vela, secretario del trabajo y previsión social y Cecilio Padilla Zárate, presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Aunque no se sabe si por su capacidad, trayectoria o por recomendación, los nuevos servidores públicos ocuparán cargos en el gobierno de Baja California Sur, otro que podría venir de fuera es el nuevo Procurador General de Justicia del Estado, y donde –al cierre de esta edición— circulaba el nombre del Dr. Víctor Manuel Contreras Martínez, actual director de delitos fiscales de la Subprocuraduría Fiscal de la Federación, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y ampliamente conocido por haber dirigido las investigaciones que terminaron con el encarcelamiento del ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo y la ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo.
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