De tres oficios enviados por la titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Melba Olvera, al secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California, Antonio Valladolid, dos los ha respondido negativamente y uno de plano lo ignoró. Por misterios de la relación que guardan el gobernador Francisco Vega de Lamadrid y Valladolid Rodríguez, este último ha permanecido desde el inicio de la administración como encargado de las finanzas estatales. De la administración de los dineros, la concesión y el otorgamiento de contratos, convenios por miles de millones de pesos. Refiero por misterios de esa relación la permanencia del secretario, porque después de los señalamientos de irregularidades y corrupción tanto en su persona como en la dependencia que encabeza, resulta increíble que el Ejecutivo estatal lo mantenga en su círculo cercano. No solo Valladolid ha sido señalado e investigado por el Congreso del Estado y el Órgano Superior de Fiscalización de Baja California por irregularidades en la entrega de contratos y convenios, o la cancelación de convocatorias para, de manera unilateral y sin consenso, hacer adjudicaciones directas alejadas de la transparencia en la convocatoria, sino que la adquisición de equipo y programas para espionaje por parte de Valladolid y sus colaboradores de Finanzas, fue evidenciada en WikiLeaks (página de denuncias ciudadanas con documentos gubernamentales que maneja el activista Julian Assange). De hecho, funcionarios denunciaron de manera anónima, cuando fueron víctimas de esas escuchas y video grabaciones ilegales. Sin embargo, nada de eso ha sido suficiente para que Vega de Lamadrid, decida hacer un cambio en uno de los departamentos más delicados y de suma importancia para su sana administración, el de las finanzas y el manejo de capitales. El caso de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), es otro que exhibe la falta de oficio político, compromiso y transparencia de la administración de Kiko Vega, a partir de las decisiones tomadas en la Secretaria de Finanzas. En los tres oficios que referí al inicio de esta columna, las peticiones que se han hecho al gobierno han sido económicas. Ciertamente la mala administración que antecedió a la prácticamente recién electa comisionada de los Derechos Humanos, dejó a la institución en números rojos. Cuando Arnulfo de León Lavenant encabezó la que conocíamos como Procuraduría de los Derechos Humanos, se aprovechó de las arcas y de la nómina de la institución hasta dejarla insolvente, incluso el dinero destinado al primer mes del ejercicio de Melba Olvera, se lo gastó Lavenant. Estas ruinosas condiciones no son desconocidas ni por los diputados del Congreso del Estado de Baja California, ni por el gobierno de Vega. Los malos manejos y excesos de León Lavenant, fueron harto publicitados en investigaciones periodísticas y en indagaciones del Órgano Superior de Fiscalización. En esas condiciones y al transformar la institución de Procuraduría a Comisión Estatal de los Derechos Humanos, tanto diputados como Gobierno del Estado debieron proveer mayores recursos para la defensa de los Derechos Humanos de los bajacalifornianos, pues no solo se enfrentan a la creación de una nueva estructura, sino a las deudas heredadas de la anterior titularidad. El 23 de junio de 2015, dos oficios fueron enviados a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado por parte de la CEDH, solicitando ampliaciones presupuestales. En el primer oficio se solicitó la ampliación presupuestal por 6 millones 570 mil pesos con 98 centavos, para cubrir pasivos heredados del periodo de la PDH en manos de Arnulfo de León Lavenant, que se gastó el presupuesto y más, sin considerar (o considerando) que una vez que concluyera su encomienda, no habría dinero presupuestado que alcanzara para pagar. En el otro oficio del 23 de junio, la CEDH solicitó dos ampliaciones, una por 979 mil 73 pesos con 59 centavos, para la partida presupuestal prima de antigüedad, y otra por 10 millones 190 mil 612 pesos con 90 centavos, para la partida de indemnizaciones de personal de confianza. Es decir, todas las personas que debió liquidar De León, pero que dejó incrustadas en la nómina, además de adeudos que no finiquitó con ex trabajadores. Los dos oficios de la CEDH fueron respondidos por Antonio Valladolid en un mismo día. El 31 de julio de 2015 envió dos respuestas, declarando: “… esta Secretaría no está en posibilidad de emitir opinión favorable a su solicitud, al no contar con los recursos suficientes para hacer frente a su petición…”. Justifica el secretario que únicamente cuenta con el Presupuesto de Ingresos que le fue aprobado por el Congreso al Gobierno del Estado, y que solo alcanza para lo presupuestado y nada más; que no tienen pues recursos adicionales, al menos no para los Derechos Humanos, pues le aclara a la titular de la CEDH que en su Presupuesto de Egresos no tiene considerado recurso para pagar pasivos, y le recomienda “atender esta contingencia con ahorros que se generen durante el ejercicio y con rendimientos bancarios (¿Recordarán en el Gobierno del Estado las cuentas vacías que dejó de León Lavenant?)”. Es increíble, pues, que la gestión de Francisco Vega no vea la urgencia de invertir recurso para mantener funcionando en la austeridad republicana a la CEDH, que aun cuando adolece de dinero suficiente para operar en la nueva estructura, ha incrementado en un 30 por ciento la atención de denuncias ciudadanas de vejación de Derechos Humanos en Baja California. Desde su creación, en 1994, durante la administración de Ernesto Ruffo Appel, el organismo de defensa de los Derechos Humanos no ha sido valorado en su aportación a la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos. Ninguno de los gobernadores panistas, seis contando al actual, ha tenido el compromiso suficiente para, por ejemplo, construir un edificio adecuado para la ahora CEDH, que ha debido de pagar renta desde su fundación, y que en los últimos años ha tenido cuatro ubicaciones distintas, algunas -en el caso de Arnulfo de León- abandonadas ante la falta de pago. Hoy día, y para ahorrar recurso, Melba Olvera trasladó las oficinas de atención a un edificio en el número 2532 de la calle Diego Rivera de Zona del Río (el que se muestra en la foto). Ocupan el quinto piso de lo que fue un corporativo de abogados. Con las mismas instalaciones ahí dejadas, los defensores de los Derechos Humanos se instalaron en todos los rincones. Apretados, aprovechando todos los espacios, es evidente que no caben, pero no se quejan. Con sus limitados recursos, hacen lo suyo: defender a los bajacalifornianos que han sido víctimas de gobiernos, de corporaciones, de instituciones. Ojalá Francisco Vega de Lamadrid reaccione a tiempo, antes de que la CEDH se vea en la necesidad de limitar sus servicios ante la falta de recursos. Ojalá el titular del Gobierno del Estado de Baja California sea sensible al tema y actúe en consecuencia, porque a la fecha el problema es que los oscuros manejos del dinero de los ciudadanos por parte de Valladolid, hacen ver a Kiko como un funcionario ajeno a la defensa de los Derechos Humanos, opaco en la administración de recursos e indiferente hacia la protección y defensa de los Derechos Humanos de los bajacalifornianos.
Publicidad
