Los titulares de los poderes constitutivos del Estado de Baja California, encabezaron esta mañana la firma de un “convenio de colaboración” para la armonización del marco jurídico legal, acorde a la Ley General de Inclusión a Personas con Discapacidad y la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. El diputado local César Vázquez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso, dijo que el compromiso, que además firmaron los cinco ayuntamientos de la entidad, es el establecer mesas de trabajo entre los niveles de gobierno para adecuar todas las leyes necesarias de la entidad, en pro de la inclusión de personas con discapacidad y la niñez. Por su parte, Jorge Armando Vázquez, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, afirmó que como órgano garante del cumplimiento de la Ley, asumirán la tarea de analizar el producto de estas mesas de trabajo, a fin de evitar anomalías jurídicas. Y que posteriormente, tendrán la responsabilidad de hacer cumplir las mismas. Sin embargo, en su participación, el gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, optó por ceder el micrófono a su esposa, Brenda Ruacho de Vega, quién no se pronunció sobre el convenio, pero sí aprovechó para enlistar los trabajos que ha impulsado. Habló de la Ley de Estancias Infantiles, la de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y la de Identidad de Niños y Niñas. Lo anterior, sin dejar de lado la construcción del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT). Durante la misma ceremonia, Melba Olvera Rodríguez, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, mencionó que el convenio significa un “paso agigantado” hacia la inclusión de las personas con discapacidad y la infancia, grupos que históricamente se han considerado como vulnerables. Explicó que aunque anteriormente la discapacidad se definía -incluso por la Organización Mundial de la Salud (OMS)- como una deficiencia del sujeto, actualmente con una perspectiva más humana, se entiende como las barreras que existen entre una personas con dicha condición y su entorno, uno de ellos, la falta de marcos regulatorios para su desarrollo. Es decir, los resultados de estas mesas de trabajo deberán resultar en Leyes, reformas, programas, talleres, diplomados o cursos, que tengan como objetivo producir y eliminar dichas barreras.