Familia y narco en trata de menores migrantes

Para organizar el traslado de menores migrantes desde Centroamérica, quienes salían de sus países para ser reunidos con sus familias en Estados Unidos, Catalina alias “Doña Cata”, como los cabecillas de otras bandas, se reunía con representantes de cárteles de droga de Colombia, El Salvador y Perú en Estados del sur de México. La mujer de más de 50 años tenía ocho viviendas distribuidas tanto en zonas exclusivas como marginadas de Tijuana, utilizadas para recibir y mantener a los menores y para vivir con su familia. Ubicadas en la delegación Playas de Tijuana, cuatro en el Cañón Azteca, en la colonia Independencia, en la Zona Urbana 70-76 y en la colonia Altabrisa, todas fueron cateadas por autoridades federales y municipales desde las primeras horas del martes 22 de septiembre de 2015, cinco fueron aseguradas y 11 personas quedaron detenidas. De la líder de la red de trata, se pudo saber por testigos de su vida diaria en el Cañón Azteca, que es aficionada a las apuestas, actividad en la que habría gastado el dinero obtenido del tráfico y trata de niños centroamericanos, porque en el inmueble que habitaba no tenía artículos de lujo. El mayor reflejo de gasto se pudo apreciar en las ampliaciones hechas a su casa. Sus hijas y demás señoras de su familia integradas a la red de trata sí demostraban el dinero obtenido del delito, al habitar casas ubicadas en mejores zonas de la ciudad, en la adquisición  de automóviles de lujo y motocicletas de colección, entre otras cosas. De acuerdo a la autoridad, la red estaba conformada por mujeres en su mayoría. La no detención de los esposos, y el hecho de que algunos de los domicilios no hayan sido asegurados, quedando a disposición de los cónyuges, evidencia que no pudieron fincar cargos contra los hombres. Por esa razón los familiares de los detenidos pudieron- después de los cateos- continuar habitando los inmuebles, entrar y salir sin problemas. Al final, solo el domicilio donde fueron localizados los menores centroamericanos, ubicado el fondo del Cañón Azteca, quedó a resguardo de la Procuraduría General de la República (PGR). Aunque todavía permanecen prófugos algunos de los integrantes de la red, autoridades mexicanas y estadounidenses se expresaron a favor del operativo, detrás del cual hay una investigación promovida por las áreas coordinadas con autoridades de la Unión Americana, iniciada desde 2014. Entre quienes todavía son buscados por participar en el grupo liderado por “Doña Cata”, autoridades identificaron a una mujer de cabello castaño apodada “La Michelle”, quien el día de los cateos, fue vista cuando ingresaba a la vivienda cateada en Calle Alta Brisa de la colonia del mismo nombre. La mujer, quien iba a bordo de una camioneta BMW de reciente modelo con placas vigentes del Estado de California, acompañada por otra fémina y un hombre, fue captada por la lente de un fotógrafo de ZETA, a quien le recriminó por estar cerca de su domicilio, le pidió se identificara y le exigió alejarse del lugar. En México, la indagatoria se abrió desde la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos de la SEIDO, así como de la Unidad de Inteligencia Regional de la Policía Federal. “Dichos informes indican que algunos de los menores que estuvieron en poder del grupo de traficantes fueron víctimas de abuso sexual y de actos violentos”, informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Tijuana. En el operativo participaron más de 40 agentes municipales y federales, todos fuertemente armados y algunos encapuchados, también se decomisaron vehículos, equipos de comunicación y divisas estadounidenses. La situación jurídica de los 11 detenidos, acusados de delincuencia organizada, deberá ser resuelta a más tardar el lunes 28 de septiembre, cuando venza el plazo de 96 horas con el que cuenta la representación social de la Federación.   De tráfico de menores a trata   Cuando el Departamento de Seguridad Nacional en Estados Unidos inició con las investigaciones sobre esta red, en un primer momento pensó se trataba solamente de un grupo dedicado al tráfico de niños migrantes para trasladarlos con sus familias en la Unión Americana. Sin embargo, conforme avanzó la recolección de información por parte de las áreas de inteligencia, “se tuvo información que se dio al menos un caso de las niñas fue abusada, entonces se convirtió en caso de trata de personas”, detalla Juan Ibarguren, agente especial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Ibarguren tiene amplia experiencia en la operación y desarticulación de redes de trata. En 2009, fue galardonado por su participación en el Operativo “Coffee Country” sobre una red dedicada a la falsificación de documentos y tráfico de personas indocumentadas. “Tuvimos una participación muy activa en identificar víctimas y arrestos, hasta que se llegó a las detenciones”, explicó el funcionario estadounidense en referencia al operativo coordinado por la PGR con la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). Autoridades mexicanas confirmaron que la investigación no concluyó con un operativo, “es una parte porque es una estructura grande que operaba en Tijuana”, confirmó el secretario de seguridad de Tijuana, Alejandro Lares. Durante meses, agentes policiales de ambos lados de la frontera planearon el operativo de 12 horas de duración iniciado a las 3:00 am del martes 22 de septiembre. “Se planeó con inteligencia, en horarios, en traslado, en detenciones, en procesamiento de los indicios, cadenas de custodia y entrevistas”, compartió el funcionario. Sobre los involucrados, no se descarta que entre los miembros de la red se encuentren ciudadanos norteamericanos, quienes podrían ser requeridos en Estados Unidos para que se les formulen cargos en su contra. El agente del ICE explicó: “En Estados Unidos, un ciudadano que comete un crimen en otro país, es responsable de ese crimen cuando vuelve a Estados Unidos”. Por su parte, el cónsul de Estados Unidos en Tijuana, William Ostick, afirmó: “Vamos a perseguir a los responsables de nuestro lado de la frontera, trasladaban a las víctimas a Estados Unidos”. El diplomático confirmó que por lo menos una de las niñas salvadoreñas rescatadas en el operativo, fue abusada sexualmente durante su estancia en Tijuana, aunque no se descarta que haya más víctimas de trata. “Es una problemática que no es de una vez, ni una sola ocasión. Es un problema constante de migrantes explotados mientras intentan viajar a Estados Unidos, es peligroso particularmente para la gente más vulnerable”, añadió el cónsul.     Tijuana: destino y origen de trata   De acuerdo con el diagnóstico sobre la trata publicado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2015, Tijuana es la principal ciudad de origen, tránsito y destino para la trata de personas en México. Alma Tucker, directora de Red Binacional Corazones, asociación civil dedicada a la lucha contra la trata de personas en esta ciudad fronteriza, expuso que la banda detenida tenía dos años operando en Tijuana. La activista celebró “se haya desmembrado esta banda de criminales por medio de una investigación de varios meses, demuestran que el trabajo en conjunto funciona, pero para que esto no siga pasando, hay que organizarnos y denunciar de manera anónima”. De 2011 a la fecha, la Procuraduría General de la República ha documentado 209 casos, más del 50 por ciento son víctimas menores de edad, en su mayoría mujeres. Cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) indican que en 2012, se abrieron 61 procesos judiciales por tráfico de indocumentados en Baja California, de los 317 en el país. No obstante, la cifra disminuyó casi a la mitad a la registrada un año antes. En 2011, se contabilizaron 119 personas procesadas por tráfico de personas, de un total de 477 en el país.   Operación Lucero   El 1 de septiembre de 2015, ICE anunció la detención de 36 traficantes de personas en México, Guatemala, El Salvador y Estados Unidos. Información proporcionada por la agencia norteamericana, detalla que la red traficaba cientos de personas a la semana a Estados Unidos, incluidas familias y menores desde Centroamérica. En el operativo se aseguraron 22 propiedades, dos en México y más de 2 millones de dólares tanto en efectivo como en cuentas bancarias, además de 22 vehículos, seis armas, 14 lanchas, tarjetas bancarias, equipos de comunicación y varios documentos. Al igual que en el operativo realizado en Tijuana, una de las principales líneas de investigación para desarticular a la banda internacional consistió en seguir la pista al tráfico de menores centroamericanos no acompañados. Lo anterior no es mera casualidad. El incremento en el flujo de menores migrantes no acompañados, se reflejó en el verano de 2014. De 2013 a 2014, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos capturó a 68 mil 631 menores no acompañados en todo el país. La cifra superó por 30 mil a los detenidos en 2013. Testimonios de menores migrantes refugiados en Estados Unidos dan cuenta de las condiciones de vida en países centroamericanos como El Salvador. Mientras los niños son hostigados y obligados por pandillas a unirse a ellos, las niñas son víctimas de violaciones o de trata por parte de grupos delincuenciales. Para el tráfico de migrantes indocumentados hacia la Unión Americana, Baja California y Chihuahua fueron identificadas como las dos rutas principales en México. Un reporte de la Fiscalía General de Estados Unidos, expone cómo desde 2007,  los cárteles de la droga y del tráfico de armas, comenzaron a introducirse en el delito de trata de personas. “Los cárteles de México controlan las rutas de tráfico (de personas, drogas y armas) y pandillas de Estados Unidos, tienen los contactos locales y el dominio de los espacios. Estas bandas unen fuerzas para traficar víctimas a través de la frontera de México hacia Estados Unidos”, detalla el documento. El estudio, publicado en 2012, complementa: “Estas alianzas, otorgan tanto alcance internacional como conocimiento local a las redes criminales para trasladar a las personas y evadir la ley”.