Mientras que hace unos días, el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, exoneró a nuestro presidente, a su esposa y al secretario de Hacienda de cualquier conflicto de interés por haber favorecido con contratos millonarios a una empresa que les construyó con financiamiento preferencial admirables casas particulares a la primera dama y al secretario de Hacienda; en Guatemala, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina está a un pie de pisar la cárcel debido a que el Congreso del país centroamericano le retiró su inmunidad diplomática, lo acusan por robarse 2.5 millones de dólares y por delitos de lesa humanidad. Júbilo y euforia en ese país; la gente celebrando en las calles como poseída, que la Cámara de Diputados quitó la inmunidad a Otto Pérez y ahora enfrenta alto riesgo de ir a la cárcel, pero en México es sueño inalcanzable, definitivamente imposible que ocurra lo mismo. Aunque México se ubica entre los únicos 12 países capaces de medir a detalle su nivel de impunidad, el parámetro global lo coloca en el lugar 58 de 59 países, casi el peor caso. Se ha calculado, que un arduo trabajo por reestructurar las instituciones y hacer más eficiente la inversión de recursos podría implicar hasta 20 años en revertir dicha tendencia, ¿Qué tal? La situación de desafuero que enfrenta el presidente de Guatemala por un tema de corrupción, es para muchos, una señal de esperanza, la marcha realizada en estos días, nos hace pensar en que la alianza y solidaridad de la sociedad, pueden ser elementos clave para favorecer los cambios que necesitan países cómo el nuestro. Es de llamar la atención, el Gobierno guatemalteco acaba de ser prácticamente derrumbado por un movimiento civil, que tomó las calles para asegurar se cumplieran las resoluciones del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Este momento puede definirse como una batalla entre poderes amafiados y la sociedad guatemalteca. Ambigüedades que tiene la vida, la tragicomedia de Estado que preparó el presidente Peña Nieto para auto-exonerarse, nos demuestra que la construcción de un estado democrático de derecho no pasa por el Estado mexicano sino que debe ser una agenda ciudadana. Nos obliga, también, a pensar en nuevos mecanismos institucionales para ponerle fin a la impunidad como forma de gobierno. Yo creo que el Presidente guatemalteco, le debería pedir consejo a nuestro Secretario de la Función Pública, para que le explicara cómo le hizo para defender a su jefe, sin faltar las disculpas públicas ni las burdas explicaciones de Videgaray, respecto del trueque de obras de arte y cheques a cobrarse en 30 días, por bonita residencia campirana. Mirando lo que pasa en nuestro vecino del sur y lo que ocurre en México en cuanto a las crisis, no nos vemos tan distintos, más bien nos reflejamos, estamos compartiendo los mismos desafíos y problemáticas. La diferencia es que en México pasan cosas graves (desapariciones, ejecuciones, caída del ingreso, corrupción e impunidad en sus más altos niveles) y no pasa nada, ¿será por desinterés de la población de inmiscuirse en las cosas públicas? La realidad es que desde hace años, hemos desarrollado una permisividad e indiferencia a actos de ilegalidad de nuestros gobiernos y se los seguimos permitiendo. Nuestra realidad mexicana supera, y por mucho, ciertos retos que viven países como nuestros vecinos de Guatemala. Por ello es preciso que nuestros gobernantes asuman con urgencia la realidad que enfrentamos, se hagan de ciudadanos valiosos y honestos, no compadres ni aliados, sino de gente que en verdad apoye la búsqueda creativa de resultados que garanticen los derechos de las personas que vivimos en este país. Dr. Álvaro de Lachica y Bonilla. Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, S.C. Correo: [email protected]
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