Por inseguro y al no solventar la empresa Administradora de Obras y Concesiones, S.A de C.V., mejor conocida Makro, los requerimientos de reparación del estacionamiento subterráneo ubicado a un costado de Palacio Municipal, el gobierno de Tijuana procedió a la clausura indefinida del inmueble. Fallas en su estructura y errores de construcción, dejan ver grietas, corrosión de varilla, levantamiento de losa y hundimientos y fisuras, como parte de una serie de vicios ocultos que la empresa concesionada para construir y operar a 30 años el parqueadero no logró solventar, a casi un año de que fue requerida por el XXI Ayuntamiento. Fue el 7 de octubre de 2014 cuando la Dirección de Protección Civil y Sindicatura Municipal, calificaron como inseguro el inmueble, por lo que el inmueble fue clausurado en forma parcial, permitiéndose a la empresa operar el primer nivel y parte de una calle lateral de la Vía Rápida. Entonces se le concedió un plazo de 60 días para reparar el inmueble. Posteriormente, en el primer trimestre de 2015, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Tijuana, a través de la Consejería Jurídica, emplazó legalmente a Makro para que rehabilitara el estacionamiento, cuyo mal estado ha impedido la utilización de la Plaza Cívica. La empresa constructora se limitó a la realización de reparaciones superficiales, pero no solución a fondo los vicios ocultos del inmueble, cuya deficiente condición estructural quedó de manifiesto en la última lluvia registrada en la ciudad, el pasado 15 de septiembre. Las goteras y filtraciones de agua y exceso de humedad llevaron a Protección Civil a declarar que todo el inmueble es inseguro e inoperable, ya que pone en riesgo la seguridad de los usuarios. Peritos de Protección Civil, a cargo de Juan Carlos Méndez, y de la Subdirección de Construcción y Administración Urbana, representada por Eduardo Contreras, procedieron a las 3:30 de este viernes 18 de septiembre a su clausura total, por tiempo indefinido. En tanto la Consejería jurídica continúa con el seguimiento de la parte legal, que obligue a Makro a cumplir con lo establecido en el contrato que firmó en 2010 con vigencia de 30 años.