Hubo en Tijuana, Baja California, un Alcalde del que se decía todo. Que le gustaba la fiesta legal y la ilegal, que lo suyo eran las parrandas cruzando la frontera y en casas ajenas, que la política la administraba con base en amiguismo y la contabilidad la traía en el bolsillo. Que nunca volvió a trabajar -si es que alguna vez trabajó en realidad- porque no tenía necesidad de hacerlo más. Además, como suele ocurrir en estos casos, la simpatía del señor invitaba a las carcajadas. Eran las épocas de los gobiernos hegemónicos del priismo en la República Mexicana. Donde la dictadura perfecta encontró su origen y el presidencialismo estaba enraizado. Los gobernantes del PRI eran todopoderosos. Interpretaban las leyes a su favor, se enriquecían con el erario a la luz de todos, fraguaban retorcidos negocios y beneficiaban a los suyos a cambio de prebendas. Habían pasado muchos años desde que aquel Alcalde abandonó el poder. No volvió a tener carrera política, pero sí amenizaba cualquier círculo con sus anécdotas. Su experiencia en la política le había dejado –aparte de dinero- experiencias chuscas del ejercicio a ultranza del poder de la administración pública. En una de esas, ya en confianza, uno de sus escuchas le preguntó a bocajarro: ¿Licenciado, por qué nunca lo investigaron o lo detuvieron? La respuesta fue festejada por todos –hasta la fecha-: “Porque soy rata, pero no pendejo”. Para beneficiarse del Gobierno, de la administración pública, y sobrevivir en la acción, se requiere cierta cantidad de neuronas y un proyecto político. Nadie dijo que sería fácil, estarían ante la evidencia descarada, y podrían hasta parar en la cárcel. Sin embargo, resulta que utilizar la Ley para beneficiarse, autoinvestigarse y exonerarse de los presuntos delitos cometidos ante las muchas sospechas ciudadanas, es algo muy común en nuestros días, en México. Del descaro de la corrupción que caracterizó al PRI en su época de oro, hoy estamos frente a la corrupción legal. La que se ve, se sabe, se platica, se aprecia, se denuncia, pero no se puede probar. Esto viene a la mente luego de leer el informe de Virgilio Andrade, el Secretario de la Función Pública de Enrique Peña Nieto, sobre la investigación que hizo para develar si hubo o no tráfico de influencias en las adquisiciones de millonarios mansiones por parte de Enrique Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera y su Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso. Los tres, como era de esperarse, fueron exonerados por el leal y último miembro del gabinete peñista en ser nombrado. Así con el poder que avala al Presidente y a sus colaboradores, Andrade cerró el caso de la Casa Blanca, de la Casa de Ixtapan de la Sal y de la Casa de Malinaldo, todas compradas a filiales del desarrollador de obras contratado por las administraciones públicas que en dos ocasiones ha encabezado Peña, Juan Armando Hinojosa Cantú, de Grupo Higa. Caso cerrado. A partir del reportaje del equipo de Aristegui Noticias, donde se develó con la adquisición al constructor amigo por parte de la esposa del Presidente de una residencia en la Ciudad de México con valor –al momento de la publicación del reportaje- de 7 millones de dólares, el resto de las adquisiciones a filiales de Grupo Higa por otros miembros del Gabinete y el propio Mandatario, se fueron mostrando. El tema causó impacto internacional ante el evidente tráfico de influencias. Vaya, ni Videgaray ni Rivera hubiesen conocido a Hinojosa si el entonces Gobernador del Estado de México, no le hubiera adjudicado –a partir de terceros- obras para su edificación en aquella entidad. La propia primera dama dejó ver esa ventaja de conocer a los amigos de su esposo el gobernante cuando en un video intentó justificar la millonaria compra ante los mexicanos quienes en su mayoría no le creyeron. La verdad de Virgilio Andrade es una verdad administrativa. No es una verdad jurídica ni legal porque no tiene la facultad ni la capacidad que un Ministerio Público y el Poder Judicial ejercen por mandato. La verdad popular es que el tráfico de influencias es evidente, y la verdad histórica no puede tener mejor modelo que la disculpa que pidió Enrique Peña Nieto después de haber sido exonerado, a aquellos que se sintieron “lastimados e incluso indignados”. Si hay disculpa es que hubo una acción incorrecta. Y a la “sincera” disculpa de Peña, siguió la de Luis Videgaray. La primera dama no ha dicho palabra alguna, ni si ya, como lo anunció, vendió la casa que no tendría que vender si la transacción es transparente. Las reacciones de Peña, Videgaray y Rivera, no detonan la inocencia y la transparencia que Virgilio Andrade pregonó. Disculpas o poner en venta la residencia, hablan de una culpabilidad manifiesta, por lo menos en el inconsciente, pues dados los resultados de la sesuda investigación que los libra de cualquier sospecha, lo conducente habría sido seguir con ese estilo de vida que les caracteriza y que se aleja de la medianía de la función pública. La indignación que despertó el resultado de la “Investigación Andrade”, también le abonó a la falta de confianza y credibilidad que pesa sobre las instituciones del Gobierno de la República; ni en México mucho menos en el extranjero, donde por acciones menores se enjuicia a políticos de todos los niveles –Guatemala, Australia y Estados Unidos, en casos resientes- la verdad de Andrade es tomada como válido, sino como el resultado del amiguismo en el Gobierno que solo provoca el pensamiento de más tráfico de influencias y complicidades de la alta esfera política y de negocios. Con 36 oficiales palabras, el secretario de la función pública, determinó la inocencia de los suyos: “En los expedientes de investigación relacionados con los servidores públicos Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, se demostró que ninguno incurrió en conflicto de interés, ni violó las obligaciones que como servidores públicos le corresponden”. Entre otras cosas, para llegar a tal conclusión, interrogó a los empleados del Gobierno Federal que encabeza Peña y que en parte administra Videgaray, y los empleados, 111, coincidieron con sus jefes: “En los expedientes de investigación números DGDI/031/2015 a DGDI/044/2015 y el DGDI/050/2015, se interrogó a 111 (ciento once) servidores públicos que intervinieron en los contratos de servicios u obras públicas otorgados a las empresas vinculadas con el señor Juan Armando Hinojosa Cantú y Ricardo Arturo San Román Dunne. En todos los casos los servidores públicos declararon que no se les ordenó resolver de alguna manera el procedimiento, así como que no tenían ningún interés personal, familiar o de negocios con la empresa adjudicada”. Para que quede más clara la verdad de Andrade: “…se corrobora que no hubo ninguna participación del Licenciado Enrique Peña Nieto en el otorgamiento de los contratos, con las declaraciones de los 111 (ciento once) servidores públicos que participaron en los procesos de contratación, lo que tiene el valor probatorio a que se refiere el Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos… El Presidente de la República no intervino en ningún proceso de contratación. Por tanto, no era jurídicamente posible que se excusara de intervenir en los mismos, ya que dichos procesos no forman parte de sus atribuciones constitucionales y legales”. Mejor ahí le paro, si desea leer el increíble documento de la investigación de Virgilio Andrade, aquí está. La verdad de Peña no convence a nadie, sus disculpas, menos. A ver si el nuevo legislativo con la “nueva” oposición, se atreve a investigar en una comisión anticorrupción, en una comisión especial, o alguna relacionada con la investigación de tráfico de influencias, y que de ahí salgan elementos para una averiguación ministerial que acaso, pueda llegar al ámbito judicial. Porque tal parece que en el México que Peña mal gobierna entre el deber y el haber hay un abismo al que nadie se asoma
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