Era 5 de noviembre del año 2007, iniciaba la pugna interna entre las células del Cártel Arellano Félix, en la que se sumaban a diario asesinatos secuestros y privaciones de la libertad. Ese lunes, el empresario Luis Ignacio Moreno Medina -hermano del entonces secretario de Turismo en el Estado, Alejandro Moreno- salía de su casa en la colonia Chapultepec en Tijuana, metros adelante su vehículo compacto fue interceptado por un pick-up, del que descendieron varios hombres armados. Lo bajaron, se lo llevaron y no se volvió a saber de él. Solo algunos diarios locales abordaron la noticia. Meses después, versiones no oficiales vertidas a ZETA, indicaron que la familia recibió varias peticiones millonarias y en dólares por su rescate, las cuales fueron aumentando la cantidad con los días, hasta que dejaron de llamar sin liberarlo. Aunque no se había hecho público, varios miembros del crimen organizado incorporados al CAF habían sido acusados de su desaparición, lo que quedó consignado en causa penal 362/2014-A. Casi ocho años después, el 2 de junio de 2015, el Poder Judicial federal emitió un comunicado para los familiares de Ignacio Moreno considerados por Ley como “víctimas indirectas”. Les informaron que el 13 de marzo se había dictado el siguiente resolutivo: Primero: “… se declara auto de libertad a favor de Teodoro Eduardo García Simental y/o ‘Teo’, ‘El Tres Letras’ o ‘Teodoro’, quien en diligencia de declaración preparatoria ante este órgano jurisdiccional refirió llamarse correctamente Diego García Simental, y Santiago Meza López alias ‘El Chango’ y/o ‘El Pozolero’, por delitos de delincuencia organizada (…) el cual adquirirá carácter de sobreseimiento una vez que cause estado”. Segundo: “…se dicta auto de libertad por falta de elementos para procesar (…) por el delito de secuestro (…) cometido en agravio de Luis Ignacio Moreno Medina”. Tercero: “En la misma hora y fecha se le dicta auto de formal prisión contra Gustavo Rivera Martínez (…) por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada (…) y secuestro (…) cometidos en agravio de Luis Ignacio Moreno Medina”. En tiempos de la pugna interna del CAF, Rivera Martínez era considerado uno de los principales lugartenientes que permaneció al lado de los hermanos Arellano Félix, mano derecha de Enedina, y participante activo de las actividades de lavado de dinero del cártel. Cinco años antes del secuestro de Moreno Medina, en el año 2002, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió una de sus alertas, en esa ocasión incluyó a más de una decena de personas que el gobierno norteamericano consideraba, apoyaban al Cártel Arellano Félix para lavar el dinero que ganaban traficando droga, en empresas domiciliadas en Tijuana, Baja California. Y ligaban a Luis Ignacio Moreno Medina, a esas empresas entre las que enumeraron a Farmacia Vida Suprema; Distribuidora Imperial de Baja California; Administradora de Inmuebles Vida; ADP, S.C.; Forpres, S.C.; Accesos Electrónicos y Operadora Valpark. En aquel momento, el señalado declaró a Periódicos Healy que desde el año 2000 se había separado de la administración de las farmacias y la distribuidora, y que quien hacía las veces de presidente de las empresas era Luis Toledo, quien fuera marido de Enedina Arellano. Más cuentas pendientes Se trata de procesos seguidos por delitos de delincuencia organizada, contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Causa penal 173/2009-III. El 9 de septiembre de 2014, notificaron el licenciado Óscar Manuel Gómez Núñez, defensor particular del testigo Joaquín Guzmán Loera o Archivaldo Joaquín Guzmán Loera, por instrucción del Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, para que “El Chapo” declarara por videoconferencia, en el caso que se sigue en contra de García Simental. Causa penal 107/2009. En julio de 2014, García Simental solicitó careo por video conferencia con otros presuntos delincuentes presos en Nayarit, Orlando Santaolaya Villarreal y Ramiro Ramírez Martínez. Causa penal 509/2009-VI. El 25 de marzo de 2015 citaron a Édgar Cuéllar Morales y a Pablo Claro Morales -detenidos por el asesinato de la modelo y porrista Adriana Ruiz- a comparecer “para el desahogo de la ampliación de declaración a su cargo; en la causa instruida en contra de Teodoro o Diego García Simental, y otro por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada y otro”. Causa penal 94/2009-II. En contra de Diego García Simental, Filiberto Parra Ramos alias “La Perra”, Luis Fernando Gastélum Guerrero “El Gokú”, César Daniel Moncayo Estrada y Sergio Alberto Espinoza Ceniceros, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y contra la salud. Causa penal 294/2009-D. Existen registros desde 2013, de que en varias ocasiones, el abogado del acusado Diego García Simental solicitó la comparecencia de los ex policías acusados de corrupción, Javier Miguel López García y/o Javier Miguel López o Karlo Omar Herrera Sánchez y José Ayala Torres o José Antonio Ayala Flores. Esta causa también es en contra de Fernando Sánchez Arellano y Armando Villarreal Heredia. Causa penal 103/2010. Eduardo Teodoro García Simental, Fernando Sánchez Arellano y otros por delincuencia organizada, secuestro y fomento, posesión de droga con fines de venta. También están las órdenes de aprehensión cumplimentadas en las causas penales 294/2009, 316/2009, 2/2010, 69/2010, todas seguidas en Juzgados de Baja California.
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