Peña busca controlar deudas estatales

Enrique Peña Nieto busca que Estados y municipios no puedan seguir generando endeudamientos indiscriminados, pero poco hace para reducir la deuda federal que ya suma 6.65 billones de pesos, sumándole 1.29 billones al saldo de 5.32 billones de pesos que el país tenía cuando el priista asumió la presidencia en diciembre de 2012. El lunes 17 de agosto, el mandatario presentó en Palacio Nacional la Iniciativa de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, misma que establece que es responsabilidad del Estado y de los tres órdenes de gobierno, velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para contribuir a la generación de condiciones favorables para el crecimiento económico y la generación de empleo. Dentro de los ejes rectore, se contemplan mecanismos de medición y control en ingreso y egresos, así como nuevas obligaciones para la contratación de deuda, la cual será aprobada por los Congresos locales. Además, se generará un Registro Público Único de Deuda, un esquema de alerta para determinar  los niveles de deuda de cada municipio; la novedad es que los Estados y municipios habrán de contar con aval de la Federación para contraer deuda. La diputada Carmen López Segura afirmó a ZETA que corresponderá a la próxima Legislatura la discusión, análisis y aprobación del documento, así como la generación de las Leyes Secundarias. Por su parte, el economista Jorge Fonseca observó que dicha reglamentación es muy confusa, pues por un lado, refieren que no se podrá contraer deuda, pero luego se contradice, ya que se podrá acceder a empréstitos si son para infraestructura y otros apartados. En tanto, de acuerdo con el director del Centro de Estudios Económicos del Sector Empresarial (CEESEM), Roberto Valero Berrospe, Baja California ocupa el lugar número 12 de los Estados más endrogados a nivel nacional, mientras que Tijuana es la segunda ciudad más endeudada, después de Guadalajara.   Nadie cuida al Gobierno Federal         Según el senador Víctor Hermosillo Celada, en la reglamentación hay ciertas restricciones que se impusieron a los Estados y municipios para evitar la hipoteca. “Como la mayoría depende del dinero de la Federación, esta Ley sí restringe mucho lo que es el endeudamiento que puedan tener los Estados y municipios”, advierte. Si bien, las cosas cambian con el tiempo y sin contar el Distrito Federal, Tijuana sigue siendo el municipio con más adeudo en México. “De los Estados, el nuestro, en relación al presupuesto que tiene, ha subido a los 15 mil o 16 mil millones de pesos, que es una deuda del gobierno y entidades descentralizadas, como la CESPT. Por otro lado, hay que recordar que Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Tabasco y Veracruz, son algunos de los diez Estados más endeudados”. Más adelante, agregó que una de las cosas que contempla la legislación es que, a meses de terminar la administración, no se va a permitir pedir prestado, algo que es muy común antes de que concluyan los gobiernos.   “Pero hay que aclarar una cosa: la Federación quiere controlar a las entidades y cada día hay más centralismo, pero no dice cómo ella va a apretarse el cinto, porque se está endeudando tremendamente. El año pasado fueron 600 mil millones de pesos, y el anterior, una cantidad similar”. El legislador remachó que el Gobierno Federal tiene el problema de endeudamiento sobre todo en cuanto a pensiones, y nadie las toma en cuenta, con el riesgo de  que en 10, 15 años, el país tenga problemas fuertes, “así parecido a los que tiene Grecia”. Con base en el Análisis de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Primer Trimestre de 2015, elaborado por el Centro de Estudio de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, en los primeros tres meses de año el gasto corriente representó el 74.7 por ciento  del gasto programable, y el de capital, 25.3%. “Con relación a lo presupuestado para 2015, el primero registra un avance financiero de 25.1 por ciento, en tanto que en la modalidad de capital se ha erogado el 27.2 por ciento”, se establece.   Endeudamiento cotidiano  </o:p> La propuesta de vigilar el endeudamiento de las entidades federativas, surge de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo, de la cual la diputada Carmen López Segura forma parte.  “Con esta iniciativa se van a acabar los excesos, por ejemplo, Tijuana es uno de los municipios más endeudados, junto con Guadalajara. Los ayuntamientos subsecuentes están endeudados por veinte años o más, y lo más importante es que va a exigir ser transparente la aplicación de los recursos; y en caso que no se justifiquen, el presidente municipal o el Cabildo serán responsables”, afirmó la legisladora. En torno al endeudamiento que ha tenido el Gobierno Federal, comentó que no es una justificación, pero el presupuesto se planeó en base a un país petrolizado como lo es México, que depende de las exportaciones del crudo y en el presupuesto para 2015 se pronosticó que el precio sería de 79 dólares, pero al caer, se redujo el flujo de dinero fresco para el país y se echa mano de la deuda, “que no es lo deseable, pero es un mal necesario”. Según la priista, todavía falta la legislación secundaria donde se contempla la operatividad, ahí se establecerá que cuando se sorprenda a un ayuntamiento gastando de más, o pidiendo préstamos desmesurados, se les debe investigar y castigar de acuerdo al estatuto. Corresponderá a la nueva Legislatura, a partir de septiembre próximo, la aprobación y elaboración de las leyes en cuestión.   Documento dudoso   En la opinión del economista Jorge Fonseca, la legislación de disciplina financiera es positiva, aunque hace falta el cómo se habrán de hacer las cosas. Destacó que con base a lo que se ha publicado hasta el momento, la ordenanza es muy ambigua, pues cuando menciona que las nuevas disposiciones solo serán aplicables para los recursos federales, se refiere al endeudamiento que requieren los Estados o los municipios que sea avalado por el Gobierno Federal; será ahí donde van a poder intervenir. “Hasta donde entendí, los Congresos locales deberán autorizar los montos máximos, sin embargo, no podrán endeudarse más de su capacidad de pago, pero no dice cuál es la capacidad de pago. Queda ambiguo. A lo mejor queda en las Leyes Secundarias, donde pongan un tope, es como lo hacen con las personas físicas cuando van al banco y quieren sacar un carro y les niegan el crédito porque no tienen capacidad de pago”. El especialista abundó que si bien, se habla de un órgano fiscalizador, tampoco queda claro cuál será, si este será autónomo, estatal o federal. “Mezclaron de todo. Lo que esté por medio de deuda del Gobierno Federal tendrá que pasar por la Auditoría Superior de la Federación, que según entiendo, está para analizar el Presupuesto de Egresos, entonces, van a modificar la Ley para que tenga esas facultades”. Fonseca hizo hincapié en que las entidades no podrán adquirir deudas tres meses antes de terminar el mandato, con lo que quieren evitar deuda, pero eso ya se mencionó cuando se habló del presupuesto cero. “Mencionaron que no habrá endeudamiento para gasto corriente, sin embargo, lo lees en un párrafo, pero por otro lado, sí hablan que el endeudamiento se va a autorizar para que sea obra pública, y luego le ponen ‘y refinanciamiento… y reestructura’, pues entonces pueden hacer todo. Por un lado dicen que no, y por otro, lo que quieren es solventar el gasto corriente”, explicó. Como tampoco queda claro quién va a auditar y fiscalizar que los recursos realmente se ejerzan de la manera en que está estipulado en la reglamentación, algo que supuestamente deberían haber hecho desde siempre. “Habla de que los funcionarios que revelen información de las auditorías, serán sancionados, pero no dice por qué vía. Te digo porque estoy viendo el Derecho Constitucional y, cuando uno hace una Ley, tienes que ser muy claro, no lo específica”. Por otro lado, dijo que en torno a la deuda de Tijuana esta es manejable, pero está en focos amarillos, pues no soportaría una refinanciación más o una deuda nueva, sin afectar el balance que tiene hasta el momento. En su visión, la actual administración se ha caracterizado porque se ha limitado para hacer inversión en infraestructura, ya que su presupuesto no se lo permite, pues recibió una deuda que se abultó por reestructuraciones en detrimento del financiamiento mismo. “Tijuana tiene deuda importante, pero también es cierto que es grande, que puede hacer ajustes en su gasto corriente que le permitirían solventar la deuda en corto y mediano plazo”, finalizó Fonseca.   La deuda estatal y las municipales   Tijuana es la ciudad más empeñada en el Estado. El adeudo se arrastra desde la administración de Jesús González Reyes (2001-2004), cuando el primer edil solicitó 800 millones de pesos para obra pública. Posteriormente, Jorge Hank Rhon (2004-2007) pidió 25 millones de pesos durante su trienio, y a su llegada, Jorge Ramos (2007-2010) se endeudó con mil 717 millones de pesos para financiar el Programa Integral de Repavimentación (PIRE). La administración de Carlos Bustamante Anchondo (2010-2013) recibió un saldo de 2 mil 200 millones de pesos y lo elevó en 700 millones, para el refinanciamiento de deuda a pagar y para finalizar trabajos del PIRE. A su vez, el ex alcalde priista heredó a Jorge Astiazarán Orcí, un pasivo de 2 mil 700 millones de pesos.  Asimismo, el titular del Centro de Estudios Económicos del Sector Empresarial, Roberto Valero Berrospe, recordó que la deuda de Baja California se sitúa en los 15 mil 988 millones de pesos. “En este año (el gobernador) Francisco Vega se endeudó con 2 mil 400 millones de pesos, más de lo que hizo Ernesto Ruffo es su mandato. Tijuana ha de traer como 2 mil 700 millones de pesos”, estimó el consultado, para concluir que Baja California ha sido un Estado muy opaco en cuanto a la comprobación de gastos de recursos. Acorde con la Secretaría de Planeación y Finanzas, la deuda pública directa del Estado se constituye con 15 créditos bancarios o empréstitos, de los cuales 11 se encuentran contratados con la Banca Comercial y cuatro con la Banca de Desarrollo. El saldo de capital a pagar por estas 15 operaciones de crédito, es decir, el capital que se debe a los bancos, a la fecha es de poco más de 8 mil 402 millones de pesos; del total, mil 243 millones de pesos de financiamiento recibido del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) se contrataron en programas Bono Cupón Cero, por lo que técnicamente no representan un adeudo de capital, sino únicamente la obligación de pagar intereses. Aunado a lo anterior, existen cuatro operaciones bancarias en las cuales el Estado ha avalado a municipios u organismos, lo que constituye deuda pública indirecta, ya que solo en caso de que el deudor principal no pague, la autoridad estatal deberá cubrir dicho adeudo por mil 165 millones de pesos.  Información de la Secretaría de Planeación y Finanzas establece en el trámite de Registro de su Deuda Pública al 31 de mayo de 2015, que los cinco municipios de Baja California tienen una deuda bancaria contratada con un saldo de capital por pagar de 4 mil 839 millones de pesos, de los cuales Tijuana tiene mayor deuda (2 mil 710 millones de pesos), seguido de Mexicali (mil 400 millones), Ensenada (470 millones), Rosarito (175 millones) y Tecate (92 millones de pesos). El subsecretario de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Miguel Ángel López Arroyo, comentó que la iniciativa de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, constituye la legislación reglamentaria prevista en la Reforma Constitucional del 26 de mayo de 2015, y desarrolla los nuevos principios y directrices federales para asegurar que el proceso de adquisición de deuda pública se realice con transparencia a la sociedad y con disciplina, como lo hace el Estado. La Reforma Constitucional, ya en vigor, establece que las operaciones de deuda pública que contraiga el Estado a partir de mayo de este año, deben cumplir con los tres siguientes condiciones principales: