Investigación a medias y carpetazo a la “Casa Blanca”

Tras el escándalo de la “Casa Blanca”, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, colocó a Virgilio Andrade al frente de la Secretaría de la Función Pública y anunció el inicio de una “exhaustiva investigación” como una forma de exonerarse por el delito de conflicto de interés, al adquirir una vivienda construida y financiada por contratistas del Gobierno Federal. El reportaje de Aristegui Noticias evidenció que la compra de terrenos para construir la lujosa mansión ubicada en Lomas de Chapultepec en el Distrito Federal, inició a la par del noviazgo entre Enrique Peña y Angélica Rivera. Juan Armando Hinojosa Cantú, a quien Rivera dijo conocer durante sus años como actriz de telenovelas en Televisa –actividad con la cual justificó sus ingresos por millones de pesos-, no solo fue el encargado de financiar la construcción, es también uno de los principales contratistas del gobierno con casi 25 mil millones de pesos en obra pública y servicios. Meses después, el diario norteamericano The Wall Street Journal informó que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray -uno de los más cercanos colaboradores de Peña Nieto- también había adquirido una residencia a través de Hinojosa Cantú. Sin embargo,  los expedientes DGDI/097/2014 y DGDI/020/2015, solo fueron iniciados para determinar si Rivera, Peña Nieto y Videgaray habían incurrido en conflicto de interés y no en otros delitos. La SFP concluyó que no hay responsabilidad jurídico-administrativa para ninguno de los tres personajes por razones meramente técnicas. De Rivera, se desechó la acusación por no ser servidora pública, mientras que a Peña Nieto y Videgaray se les eximió porque las compras se realizaron antes de que asumieran cargos federales. Ignorado quedó el hecho que Grupo Higa, el cual comprende las distintas filiales inmobiliarias de Hinojosa Cantú, había mantenido una relación comercial con Peña Nieto desde que este se desempeñaba como gobernador del Estado de México. La investigación encabezada por Virgilio Andrade confirma que las empresas involucradas en el financiamiento, construcción y compraventa de las mansiones, engloban 33 contratos con gobierno. Entre las razones por las que la Secretaría de la Función Pública exculpó al Presidente, su esposa y su colaborador, está el hecho de que los depósitos se hicieron de manera legal y que “quienes tienen asignaciones contractuales, declararon no haber sido objetos de presiones, ni tener relación con los licitantes”. Así de sencillo, el Gobierno de la República dio carpetazo a uno de los mayores casos de corrupción gubernamental documentados en este sexenio, y aunque en un inicio Peña Nieto acusó a la investigación de buscar la desestabilización de su gobierno, tras el informe de Virgilio Andrade sobre las investigación, optó por pedir perdón a los mexicanos, no por admitir su culpa, sino por haber provocado la pérdida de confianza en las autoridades.