El conformismo oficial es una irresponsabilidad de quien la práctica, ya sea en ámbito legislativo, ejecutivo o judicial. Manifestar ante la sociedad mexicana que “hay países peores que México en su economía”, dice un dicho muy popular que el consuelo de muchos es un mal de tontos; o sea que nos quieren dar a entender que hay que estar contentos porque a otros países les ha ido peor. Con esto queda claro que nos esperan años trágicos, no solamente en lo económico, sino en seguridad, corrupción y la impunidad, que son los cánceres que están lacerando a toda la sociedad mexicana, porque de acuerdo al criterio de las autoridades de primer nivel, hay países con más corrupción y con más inseguridad en el mundo. El contagio de estos principios de conformismo ha llegado a los gobiernos estatales y municipales, donde en las estructuras administrativas de las dependencias, éstas no hacen nada por mejorar los procedimientos de todos los niveles en favor de la sociedad, más bien los hacen recaudatorios, represivos, injustos, inhumanos. Aquí, claro que mucha culpa la tienen los legisladores diputados y regidores. En todos estos desórdenes que han llevado al país a la quiebra económica y a su sociedad a la pobreza y extrema pobreza, la causa principal es el desdén de los gobiernos que han pasado y los que están, que nadan de “a muertito” como que no pasa nada, precisamente con los mismos criterios de los funcionarios del centro. “Hay otros países peores que el de nosotros, para qué nos preocupamos”. Bajo esta primicia las irresponsabilidades han sido claras, los burócratas y funcionarios que viven del erario público, les vale un comino la situación de sus gobernados. Si uno como ciudadano se queja se pitorrean. La insensibilidad es su característica, así sea del gobierno en que uno de sus valores son “El respeto a la dignidad de las personas”. Como sugerencia invito al Gobierno del Estado y Ayuntamiento de Tijuana, a la práctica de políticas sociales y sensibles en su afán recaudatorio. Ojo, diputados y regidores, no cuesta ningún trabajo que cuando se vaya a practicar un corte de agua, se envíe un aviso preventivo: “Si no paga en el próximo vencimiento le cortamos su agua”. Al Ayuntamiento, en la clausura de los negocios donde afectan a trabajadores, aquí podrían enviar un aviso: “Si en 15 días no regulariza su negocio será clausurado”. En combate a la corrupción el Ayuntamiento no ha hecho nada, aquí podría empezar el cabildo, modificando la ley y el reglamento donde sea el juez quien decida si un automóvil se envía al corralón; aquí bajaría la corrupción de 121 policías de tránsito en la calle y la responsabilidad caería en una sola persona. Si es corrupta se detectaría de inmediato; además se terminarían las especulaciones de lo que se ha pregonado por décadas: que dicen que hay contubernio con los corralones por las comisiones de vehículos remolcados. También, modificar la ley en los trámites de regularización o apertura de negocios, porque es falso que hay facilidades. Así es que pónganse las pilas, legisladores, para eso les pagamos la sociedad. Ramón Rosendo Otañez Sánchez Tijuana, B.C. Correo: otanez@live.com.mx