Gobierno reparte millones a funcionario y empresas falsas

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) de Baja California, se distribuyen millones de pesos a empresas propiedad del propio titular Carlo Bonfante Olache, de su esposa, así como de amigos, socios y para empresas fantasma. Estos recursos tienen el objetivo de “impulsar la innovación y productividad entre las empresas”, asegura la SEDECO, dependencia encargada de promocionar y coordinar los Programas de Estímulos a la Innovación de la mano con el Consejo Nacional de la Ciencia y Tecnología (CONACYT). El gobierno de Francisco Vega de Lamadrid presume a Baja California como “una de las cinco entidades de México con mayor presencia en la agenda de ciencia y tecnología”. Lo cierto es que entre 2013 y 2015, se han repartido 51 millones 935 mil 935 pesos a empresas sin registro ni domicilio físico, y que incluso, utilizan sitios web idénticos como única forma de presentación. Mientras que las compañías propiedad del funcionario estatal y de su pareja sentimental, así como de empresarios asociados y amigos han recibido 14 millones 213 mil 947 pesos en “estímulos”, invertidos supuestamente en programas que, comparados a proyectos rechazados, resultan ser un fiasco. Por ejemplo, a las empresas propiedad de un socio de Eva María Gallego Salas, la esposa del secretario de Desarrollo Económico, se les asignaron recursos para que desarrollaran un sistema de enfriamiento de vegetales, dejando fuera proyectos para evitar la amputación de pie diabético, tratamientos contra el cáncer, o la creación de un laboratorio para quimioterapia dirigida. “Empresa de mi familia”: Secretario    Al hacer esto, Bonfante Olache incurre en la comisión de un hecho delictivo. El Artículo 228 del Código Penal de Baja California estipula que el delito de peculado es cometido por aquel “servidor público que, para usos propios o ajenos, distraiga de su objeto, dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o municipios, a organismos descentralizados”. También el Artículo 305 castiga a los servidores públicos que cometan negociaciones ilícitas al otorgar “por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público”. Estas acciones también son consideradas delitos cuando los beneficios económicos se extienden, como es este caso, “a su cónyuge, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte”. Ambos delitos se castigan tanto con prisión como con inhabilitación. En el caso de peculado, el monto máximo de multa es de 600 días multa, es decir, 420 mil pesos y hasta 14 años de cárcel. Por el delito de negociaciones ilícitas, las sentencias van de los seis meses a los cinco años de prisión, así como un máximo de 17 mil 500 pesos de sanción económica.    Secretario triangula millones a su empresa y de su esposa   Este 2015, uno de los 37 proyectos beneficiados en Baja California con fondos federales de CONACYT, corresponde a la empresa Zahori, propiedad de Eva María Gallego, cónyuge de Carlo Bonfante Olache. La compañía Industrias Zahori, S.A. de C.V. se registró ante la Secretaría de Relaciones Exteriores el 21 de noviembre de 2002, y el 2 de diciembre de ese año, quedó asentada con un capital social de 60 mil pesos ante el Registro Público de la Propiedad y de  Comercio de Baja California. Una tercera parte de los fondos aportados corresponden a Eva María Gallego Salas, con lo que se hizo de 200 acciones en la empresa dedicada “a la compraventa, exportación, importación, fabricación de techados e impermeabilizantes asfálticos”, se explica en el documento de constitución de sociedad. La esposa del secretario aparece como tesorera de la empresa y es socia, junto a su hermano, José Ignacio Gallego Salas y a José Federico Díaz Gallego, de la empresa que recibió 2 millones 947 mil 697 pesos como parte de la modalidad Innovatec (Innovación tecnológica para las grandes empresas) de CONACYT. La compañía cumplió con uno de los requisitos para participar en la convocatoria el 29 de septiembre de 2014, cuando ingresó al Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, casi un año después de que Bonfante Olache asumiera su cargo como funcionario público. En sí, Industrias Zahori es una de las cinco razones sociales de Zahori, registradas en Baja California. La empresa, una de las industrias más grandes en la región, quedó constituida el 31 de enero de 1984 en Mexicali, en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. Desde entonces, Carlo Bonfante Olache es socio de la compañía, de la cual se desprende Industrias Zahori, y permanece como tal. Así lo reportó el titular de la SEDECO al ingresar al gabinete de Francisco Vega en 2013.  Entre los documentos que vinculan al funcionario estatal con el empresario mexicalense José Federico Díaz Gallego, está un convenio modificatorio de apertura de crédito con el Banco del Atlántico por un monto de 675 mil dólares para el pago de pasivos. Con fecha 21 de junio de 1995, Carlo Bonfante y su esposa, quien aparece con el nombre Eva Gallego de Bonfante, fungieron como garantes prendarios, deudores solidarios y avales de once empresas propiedad de Díaz Gallego, entre ellas Zahori, S.A. de C.V. “Empresa” Ultrakut recibió más de 20 millones de pesos   La sociedad entre el funcionario público y Díaz Gallego incluye también a la empresa Taller Industrial Piamonte, incluida como deudora en el crédito otorgado por Banco del Atlántico. Esta compañía, dedicada a la fabricación de partes, refacciones y herramientas, fue constituida en 1986 y aparecen como socios -nuevamente- Francisco Díaz Gallego y Eva María Gallego de Bonfante.   11 millones de pesos para hielos   Los nexos del secretario con las empresas beneficiadas con recursos de CONACYT, se extienden a la empresa Hielo Cachanilla, propiedad de Rolando Rodarte Guajardo, quien junto a Eva María Gallego de Bonfante, formó parte del Consejo Directivo 2013-2014 de la asociación civil Casino de Mexicali. El club social de la cúpula empresarial de la capital de Baja California, eligió entre 147 candidatos a Eva María Gallego como vicepresidente y a Rolando Rodarte como consejero propietario. El caso de Hielo Cachanilla es peculiar. Pese a haber recibido 11 millones 266 mil 250 pesos en seis proyectos aprobados en la modalidad ProInnova e Innovapyme (para pequeñas y medianas empresas), ninguna ficha técnica aparece en el sitio de CONACYT. Estas fichas técnicas son una especie de resumen que el responsable del proyecto financiado debe entregar al término, para comprobar la ejecución de recursos. De los tres proyectos aprobados en 2013, ninguno aparece. Este 2015, tres nuevos proyectos le fueron aprobados por 6 millones 468 mil 750 pesos. Un informe que rindió la SEDECO ante el Congreso de Baja California sobre el destino de estos fondos federales, detalla que uno de los capitales fue destinado a un “sistema de enfriamiento rápido de gran escala para vegetales usando sistemas de hidroenfriado a baja presión”. No obstante, este programa de innovación tecnológica no es publicitado por la empresa, la cual muestra en su página de internet como productos, hielo en barra -de 140 y 5 kilogramos-, hielo molido y cubos de hielo para enfriar bebidas.   Un dato más. Entre las características de estas aportaciones, se trata de un subsidio, es decir, a fondo perdido, por lo que la empresa no debe pagar la cantidad, aunque sí se le solicita que los recursos públicos solo sean una forma de complementar las inversiones de la empresa. Al cuestionar al secretario sobre esta empresa, dijo desconocerla, aunque la compañía participa frecuentemente en programas de la Secretaría de Desarrollo Económico. Apenas en septiembre de 2014, formó parte un convenio entre con el gobierno de Baja California y la Comisión Federal de Electricidad para un esquema de “Autoabastecimiento de Energía Eléctrica”. Al preguntar al secretario de Desarrollo Económico sobre su conocimiento de la empresa Hielo Cachanilla, respondió: “Hielo, hielo, hielo… De hielo, ¿verdad?”. — Sí, como cubos de hielo. Vimos que recibieron varios millones de pesos para tres propuestas que recibieron este año. “Ese Hielo Cachanilla, yo no los conozco. Si me puede ampliar datos de qué empresa es…”. — Sí. ¿Conoce al ingeniero Rolando Rodarte Guajardo? “Es un empresario de Mexicali, hasta donde yo puedo comprender”. — Es propiedad de él. “Correcto”.   Empresas fantasma   Ultrakut se define como una empresa que “ofrece sus servicios de consultoría y desarrollo de proyecto relacionados al área de la salud” (sic) en su portal de internet. Sin embargo, al llegar al número 502 en la calle Nolina, Colonia Los Encinos en Ensenada, Baja California, domicilio marcado en su sitio web, no hay rastro de la compañía. En su lugar, se erige una vivienda construida sobre una cima de tierra y césped seco. Sitios webs de diferentes empresas con misma descripción   En la pequeña casa de interés social no hay espacio para un “laboratorio para el desarrollo de aplicaciones industriales ergonómicas de realidad aumentada para el aceleramiento cognitivo y fortalecimiento técnico”, título del proyecto con el cual la empresa obtuvo 8 millones 651 mil 94 pesos de CONACYT en 2014. Ese año, la supuesta empresa obtuvo un total de 14 millones 172 mil 861 pesos con tres proyectos aprobados y financiados como parte del Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en la modalidad ProInnova, dedicada a propuestas en vinculación con universidades o centros de investigación. Pese a que el proyecto fue aprobado y financiado bajo el número 209754, la descripción, el objetivo, los impactos y los resultados no guardan relación alguna. El nombre Ultrakut no se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en Baja California. Tampoco en la Secretaría de Economía. No obstante, el 22 de noviembre de 2012, se registró en el RENIECYT para cumplir con el requisito de participar por los recursos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ante CONACYT, Ultrakut pertenece al sector económico de la “industria manufacturera maquinaria equipo” y a la clase “fabricación de herramientas de mano metálicas sin motor”. Empresarios de este ramo en Tijuana y Mexicali fueron consultados sobre la empresa y dijeron desconocer su existencia. De hecho, estos productos son enviados a Ensenada, debido a la falta de una compañía que los fabrique en la ciudad del puerto. Lo anterior no impidió que este año, Ultrakut recibiera otros 5 millones 605 mil 371 pesos del mismo programa. Con esto, desde 2013, la empresa ha recibido 22 millones 379 mil 232 pesos para el desarrollo de cinco proyectos, pese a estar clasificada como una microempresa en CONACYT.   Proyectos “científicos” plagiados de Wikipedia En el sitio web de Simple Complexity, registrada ante CONACYT como una empresa pequeña dedicada a “servicios profesionales científicos y técnicos”, el 26 de febrero de 2013, la compañía describe sus productos como destinados a “la industria nativa del diseño y construcción de satélites en México” y la sitúa en Baja California, pese a no tener un domicilio físico en esta entidad. En 2014, recibió un millón 783 mil 690 pesos del Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. Estos recursos fueron justificados para la realización del proyecto “para la adquisición, formación y transferencia de capacidades tecnológicas para el desarrollo de la industria nativa del diseño y construcción de satélites en Mexico” (sic), de acuerdo a su ficha técnica. Pero no solo el título es una copia del apartado “¿Quiénes somos? en el sitio web de la compañía. La imagen utilizada como el proyecto final de la empresa, en el reporte entregado a CONACYT -bajo el número de ficha 210890- corresponde a un artículo de Wikipedia sobre el satélite “F-1”. Dirección real de laboratorio de Megalnnovador.   Dos años previo a la aprobación del proyecto por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Universidad FPT en Vietnam, construyó el satélite para entrenar a jóvenes ingenieros sobre ingeniería aeroespacial y evaluar un avanzado magnetómetro de tres ejes, diseñado en Suecia. Incluso, los estudiantes vietnamitas aparecen en un reportaje publicado en el portal Planet Techno Science. Pero en la ficha pública del proyecto avalado y financiado por CONACYT, la empresa hechiza sostiene que el impacto de su producto es “fabricar componentes críticos de vuelos espaciales”. Además del millón y medio de pesos entregado en 2014, el Consejo aprobó un nuevo proyecto de Simple Complexity por 9 millones 159 mil 375 pesos para 2015. Aunque en su página de internet, no aparece ni un correo electrónico ni un número de teléfono para contacto, el mismo diseño y plantilla es compartido por otra empresa en Baja California, de nombre MegaInnovador. Esta compañía ha recibido 18 millones 613 mil 638 pesos para ejecutar dos proyectos en 2014 y 2015. El domicilio que aparece en su sitio de internet -al igual que con Ultrakut- lleva hasta una vivienda en un fraccionamiento residencial de Mexicali. Una segunda dirección, la sitúa en la colonia Polanco de la Ciudad de México, en la calle Ejército Nacional número 884-503, donde tampoco fue localizada. Aun así, la empresa consiguió volverse a registrar ante CONACYT el 17 de febrero de 2015, también en Baja California, bajo el sector económico de “servicios profesionales científicos y técnicos”. Otra similitud que guarda con Simple Complexity. La supuesta micro empresa, de acuerdo a su descripción en internet, dice formar dedicarse “a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación en las áreas de ciencias puras y aplicadas”. Al enviar un correo a la cuenta contacto@megainnovador.com, el servidor con ubicación en Arizona, Estados Unidos, rebota el mensaje debido a problemas con la dirección electrónica con hospedaje en el sitio GoDaddy.com Los dos proyectos aprobados para esta empresa han recibido en conjunto 18 millones 613 mil 638 pesos, en 2013 y 2014. De acuerdo a sus fichas técnicas, ambos se han centrado en el desarrollo de un producto titulado OncoGen Screener para la detección de predisposición genética a cáncer de mama. La empresa asegura contar con tecnología molecular para extraer ADN.   SEDECO desconoce a empresas hechizas  la esposa del funcionario propietaria de la empresa desde los 80's.   De acuerdo con Alfredo Babún, subsecretario de Desarrollo Económico, la dependencia estatal no conoce a las empresas Ultrakut, MegaInnovador ni Simple Complexity. El funcionario estatal explicó que empresas no radicadas en Baja California, pueden concursar por la bolsa de recursos destinados para este Estado si se encuentran en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) en Baja California. Aunque CONACYT informó, al solicitar información acerca de esta situación, que “no es requisito estar dado de alta en el Registro Público de la Propiedad” para que una empresa participe en la convocatoria, también detalló sobre los domicilios no localizados: “La empresa no está obligada a permanecer en un domicilio después de que el proyecto concluye”. Incluso, el funcionario de la SEDECO explicó que empresas bajacalifornianas compiten por bolsas de recursos de otras entidades del país. Si bien, SEDECO no es quien aprueba los proyectos para estímulos económicos, sí forma parte del primer Comité de Selección, el cual está conformado por tres evaluadores designados por el CONACYT. Si un proyecto recibe una calificación superior a 70 se considera viable, y pasa a la siguiente ronda. El Comité Técnico local, el cual avalará el proyecto para que sea considerado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, está conformado por un representante del gobierno estatal, un representante académico, un representante del CONACYT y un representante del sector empresarial. Entre las facultades de este primer grupo de evaluadores, está el definir los criterios de evaluación y, a la vez, asignar la bolsa de recursos, explicó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico.   “Es una empresa de mi familia, no mía”: Bonfante   En entrevista telefónica, el secretario de Desarrollo Económico, Carlo Bonfante Olache, reconoció que Zahori pertenece a su familia. “Es una empresa que es de la familia, yo no soy el socio accionista”. — En el currículum que presentó al ingresar al gabinete, en el apartado que dice “Empresas de las que actualmente es accionista, socio, fundador o presidente”, la primera que aparece es Zahori, entonces… “Fui fundador de la empresa, más que otra cosa”. Eva María Bonfante (izq)   — ¿Actualmente participa de manera activa en Zahori? “No, ya tengo muchos años donde realmente mi hijo participa como el socio representante de la familia en el grupo del Consejo”. — ¿No le preocupa que los recursos que coordina SEDECO, vayan a una empresa que es de su familia? “No, yo creo que todas las empresas que son de Baja California tienen derecho a participar, porque todas hacen su mejor esfuerzo de crear empleo, generar desarrollo económico. Esos fondos federales, tienen derecho cualquier empresa a participar, porque así lo permite la Ley. Yo soy secretario de desarrollo económico de un estado que permea que las empresas tengan las condiciones de mejorar y crear empleo. Como no fui yo quien designó fondos directamente en un programa estatal o que yo maneje, no creo que tenga un nivel de preocupación que lograr”. Por último, el secretario cuya empresa familiar recibió millones de pesos de recursos públicos, opina: “En lo particular, me satisface que Baja California esté creciendo y tenga desarrollo económico”.    También involucrado en fraudes con seguros médicos   Carlo Umberto Bonfante Olache también forma parte de la empresa Latino Servicios de Salud, constituida en 2007 con el cargo de tesorero, junto quien también arrancó como funcionario del gobierno de Francisco Vega, Guillermo Trejo Dozal. En 2014, la firma fue acusada de ofrecer servicios de seguros de gastos médicos sin autorización, delito grave que prevé hasta 15 años de prisión. El secretario general de Gobierno con licencia, Trejo Dozal, fue aprehendido el 18 de marzo de 2015 cuando intentó cruzar la frontera de Mexicali hacia Calexico. Casi tres meses después, el 19 de junio, el funcionario salió de prisión para continuar el proceso en libertad. Sin embargo, el secretario de Desarrollo Económico no ha sido llamado por la autoridad federal para responder por este delito. De acuerdo a la causa penal en contra de Latino Servicios de Salud, esta firmó convenios con 13 empresas y sindicatos entre septiembre de 2008 y 2011, por montos de hasta 25 mil pesos, y facturó más de 4 millones de pesos. Aunque el 31 de enero de 2014, el Juez Sexto de Distrito del Estado de Baja California, giró una orden de aprehensión contra los miembros del consejo de la empresa, Bonfante Olache no se vio involucrado en el pleito legal. De hecho, la empresa fue embargada en 2014, en ese entonces el valor de la compañía se estimaba en 884 mil 24 pesos, pero como tesorero de la empresa que infringió la Ley, el secretario de Desarrollo Económico no realizó declaraciones al respecto.