Tres de los diputados federales electos en el estado participaron este viernes 14 de agosto, en un foro organizado por la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), donde autoridades e integrantes expusieron los principales problemas que afectan al sector empresarial. Gilberto Leyva Camacho, presidente de Canaco, pidió a Jorge Ramos Hernández, José Máximo García y Teodoro Barraza López mantener una comunicación constante con la Cúpula cuando comiencen a ejercer el cargo, de esta manera solucionar en conjunto las cuestiones que perjudican el trabajo comercial en la entidad. El aumento al IVA, el valor del dólar, la importación de autos y llantas, fueron los temas primordiales que se trataron en la reunión, pues están dañando la economía de los empresarios baja californianos, según afirmó el titular de la Cámara de Comercio. “Queremos competitividad, pero es muy difícil competir cuando tu gobierno no te da las herramientas acordes a la zona”, acotó Leyva Camacho. El diputado Jorge Ramos, reconoció que el gobierno federal ha afectado la economía de la región, por lo cual lo primero que hará al llegar al congreso será combatir el aumento al IVA y participar en la Comisión de Presupuestos y de Infraestructura, para que Baja California reciba “lo que merece”. Los tres legisladores se comprometieron a atender las demandas del sector empresarial y trabajar en coordinación con el presidente Gilberto Leyva Camacho, para que la condición económica del estado mejore y deje de generar pérdidas comerciales. Más del 85 por ciento del total de jornaleros de San Quintin tiene un sueldo por destajo, reciben un pago en función de la cantidad cosechada, que es aproximadamente de 600 pesos diarios. El casi 15 por ciento restante son 1800 jornaleros que han venido luchado desde meses atrás por una condición laboral que sea acorde a las actividades que realizan. En seguimiento a lo acordado con la Alianza de Jornaleros de San Quintin en el último diálogo con la Secretaría de Gobernación, Rafael Avante Juárez, subsecretario Federal de Trabajo, entregó esta tarde el informe sobre la revisión y evaluación de las empresas agrícolas, donde se debía clasificar a cada una de ellas para dictaminar el salario mínimo que ofrecerán a los trabajadores. Son tres las clasificaciones establecidas; las empresas ubicadas en la categoría A deberán pagar 180 pesos, las B 165 y las pertenecientes a la categoría C, 150 pesos como salario mínimo al día. El funcionario declaró que en el listado entregado a los representantes de jornaleros y a los productores agrícolas se señalan 19 empresas en el nivel A, 39 en el B y 64 en el C. Asimismo, refirió que ambas partes tienen 10 días para realizar una retroalimentación y revisar si existe algún error, de esta forma obtener un resultado lo más objetivo posible, sin embargo, aclaró que no se va a entrar a una mesa de negociación. “No se trata de pactar en dónde queda quien, vamos a valorar información objetiva para no cometer errores y ser lo más equitativos posible”, finalizó. Enviado desde mi iPhone