El Gobierno del Estado invirtió 7 millones de pesos en la construcción de un relleno sanitario en San Quintín, cuyo terreno está en litigio informó el alcalde de Ensenada, Gilberto Hirata Chico. EL problema de la basura es crítico en el sur del municipio, donde los residentes generan 80 toneladas de desperdicios al día, y debido a que el predio es irregular el ayuntamiento está incapacitado para ponerlo a funcionar. “El estado lo entregó al ayuntamiento pero ese terreno no es de nosotros, no es del ayuntamiento, porque la persona que lo donó, antes de donarlo y entregarlo oficialmente al gobierno, falleció. Y otra cosa, están disputándose el terreno dos familiares”, respondió el presidente municipal para justificar la falta de servicio en esas zonas. En 2011, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) entregó al Gobierno del Estado el recurso económico para que ese mismo año abriera la licitación. La obra fue construida por la empresa constructora Paymar, propiedad de Wenceslao Martínez Santos, quien es diputado electo por el Partido Acción Nacional (PAN). Una de las declaraciones que en su momento emitió el director de Servicios Públicos Municipales, José de la Luz Valdés, fue que el relleno sanitario estaba a medias y que incluso por la falta de mantenimiento necesitaba de mayor inversión. “Primero (el Gobierno del Estado) nos había dicho de un proyecto hace dos años, pero luego comentaron que siempre no, porque el recurso no se ajustó al proyecto que traían, además, no se les conectó el alumbrado, ni luz eléctrica, la báscula quedó corta, que al final es lo que vamos a colocar nosotros. No se cercó, además, donde van los lixiviados quedó abajo, se tiene que levantar tres metros para elevarlo a nivel de terreno natural”, detalló. Los camiones recolectores tiran la basura en un predio contiguo, propiedad del Ayuntamiento de Ensenada, donde se incinera, pero la contaminación ha rebasado los límites y es urgente poner a funcionar el relleno. También César Cuevas Ceseña, delegado de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE) en Ensenada, a quien correspondió lanzar la licitación omitió estos detalles sobre el estatus jurídico del predio.