“Es grilla”: secretario que entregó millones a esposa y empresas falsas

Para el secretario de Desarrollo Económico de Baja California, Carlos Bonfante Olache no existe ningún impedimento legal para que empresas propiedad de su familia puedan adquirir apoyos económicos por parte de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). El funcionario estatal aseguró que la dependencia a su cargo no cuenta con el control de los proyectos que solicitan el apoyo de fondos destinados a la ciencia, tecnología e innovación. “No hay ningún impedimento en la ley y el mismo Conacyt te reitera que un familiar que tenga una empresa tenga el acceso a fondos federales para empezar y eso está estipulado en los mecanismos de operación de la Conacyt” consideró el funcionario. Este miércoles 19 de agosto, Bonfante Olache fue abordado por representantes de medios de comunicación, quienes cuestionaron al funcionario respecto al reportaje publicado en ZETA (Gobierno reparte millones a funcionario y empresas falsas) que demuestra diversas irregularidades en la distribución de fondos destinados a ciencia y tecnología.   “A todas y cada una de las empresas que se mencionaron como fantasmas, a esas empresas se les ha solicitado desde el día lunes que presenten sus proyectos a los medios (…) son empresas que se han comunicado a la SEDECO indignadas y lo mejor que les he dicho es ´chamba mata grilla´, mejor presenta tus proyectos y será más claro el objeto de que estamos contestando”, dijo Bonfante. El artículo 228 del Código Penal de Baja California estipula que el delito de peculado es cometido por aquel “servidor público que, para usos propios o ajenos distraiga de su objeto, dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o municipios, a organismos descentralizado”. También el artículo 305 castiga a los servidores públicos que cometan negociaciones ilícitas al otorgar “por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público”. Estas acciones también son consideradas delitos cuando los beneficios económicos se extienden, como es este caso, “a su cónyuge, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte”. Ambos delitos se castigan tanto con prisión como con inhabilitación.