Conflicto de límites territoriales podría ir a Suprema Corte

Como los hijos de una pareja divorciada en pleito por la patria potestad, los pobladores de Santa Anita han visto pasar los lustros sin saber qué municipio debe velar por ellos. Pero no es mera cuestión de “identidad” lo que padecen en su vida diaria.  “‘La Bondojo’ está muy feo, en México hay una colonia así, ¿por qué no le ponemos ‘Santa Anita’?… Y Santa Anita se le puso”, decidieron en una junta de vecinos en 1983, cuando Rosarito aún era una delegación de Tijuana. Del porqué del primer nombre puesto al poblado en alusión a una colonia arrabalera del D.F., ni los residentes más viejos lo saben explicar. Víctimas de la indefinición territorial por más de 30 años, los habitantes de Santa Anita y  zonas aledañas como La Misión, La Fonda, San José de la Zorra, recurren al municipio de Rosarito o al de Ensenada, según les convenga, o según los traten, pues indistintamente para imponer cargos, cobros y votos, ambos municipios reconocen la paternidad, pero cuando se trata de brindar servicios y gestiones de toda índole, norte y sur los desconocen. Entonces se sienten los hijos de nadie. “¡Es un show…es un desmadre!”, narraba para ZETA en 2012 una señora de Santa Anita, harta de vivir del tingo al tango pues tanto en la delegación Primo Tapia como en La Misión –de Rosarito y Ensenada respectivamente— no les querían atender y menos resolver trámites con el pretexto de que pertenecían a otro municipio. “Mi credencial de elector dice que soy de Ensenada…pero todos los trámites los tengo que hacer en Rosarito”. En enero de 2012 se suscitó uno de los tantos conflictos que se derivan de la indefinición y desatención para los habitantes de Santa Anita, ya que en los últimos años ha subido de tono la confrontación entre las autoridades municipales de  uno y otro municipio, con un gobierno y congreso estatales que como árbitros, han resultado incapaces. El gobierno de Rosarito construyó una caseta de seguridad en pleno centro de Santa Anita a petición de los colonos que ya no aguantaban a los rateros y drogadictos. No pasaron ni tres días cuando las autoridades catastrales del Ayuntamiento de Ensenada colocaron sellos de suspensión de obra por no contar con permisos ni anuncios argumentando que el predio les pertenece. Los dimes y diretes entre ambas autoridades se calmaron, pero los santanitenses se quedaron sin vigilancia. Asuntos más graves se han suscitado, como en el 2011 cuando cerca del restaurante “La Fonda”, a tres kilómetros de la zona limítrofe, hubo un enfrentamiento entre policías municipales de Ensenada y los guaruras del alcalde de Rosarito Javier Aguirre. Los agentes ensenadenses encañonaron a los escoltas del edil rosaritense. No pasó a mayores, pero otras pudieron haber sido las consecuencias. Para los residentes es un desbarajuste tener que pagar el predial en un municipio, el agua en otro, el gas en Rosarito, o la tenencia en Ensenada, o en el colmo de los casos, pagar doble, porque para los cobros ambas administraciones sí levantan la mano. El desgaste emocional para los naturales se agudiza por la incertidumbre en la propiedad de la tierra y la falta de inversión y desarrollo que se ha ido agravando por la falta de atención de los gobiernos.   Los años pasan…   El Congreso del Estado por enésima vez retomará el tema de los conflictos territoriales. El gobierno de Rosarito demandó una ratificación de los límites territoriales que les favorece, mientras que Ensenada, de última hora, presentó  una reconvención o contrademanda, para que se nulifique el decreto para crear el Municipio de Rosarito, pues consideran ahí se originó el problema.   Cuando en 1995 mediante el Decreto 166 se creó el Municipio de Playas de Rosarito, que hasta entonces era una delegación de Tijuana, se establecieron los límites territoriales, también definidos por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California publicada en el diario oficial. Establecieron la extensión de Rosarito hasta el kilometro 91, a la mitad del arroyo La Misión. En 1998 se ratificaron los límites en el Decreto 146 y en 2001 en la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California. Y otra vez en 2002 se ratificaron los límites según se publicó en el Periódico Oficial Mexicano.  En el 2009 el entonces diputado José Alfredo Ferreiro Velasco, presidente de la Comisión de Fortalecimiento Municipal, retomó el tema, a propósito de dos plebiscitos previos aplicados en Santa Anita, en el que  los resultados favorecían al municipio de Playas de Rosarito. Mientras que Ensenada defendió su postura en base a documentación y datos históricos. Ferreiro habría dicho: “Es muy importante lo que opinen los ciudadanos, porque no queremos tenerlos en lugares donde no quieran estar”. En 1997 de más de 200 lugareños que votaron, 178 lo hicieron a favor de pertenecer a Rosarito, y solo 15 lo hicieron por Ensenada. Y en diciembre de 2008, 85 votaron por ser rosaritenses y sólo 5 por considerarse ensenadenses. La participación se redujo a la mitad porque hubo amenazas o intimidación para algunos residentes. Incluso líderes afines a los intereses rosaritentes impidieron votar a la comunidad norteamericana asentadas en la colonia, pues los señalaron como cohesionados por el gobierno de Ensenada.  El comité de vecinos justificó su preferencia por Rosarito porque es quien siempre les ha proveído de los servicios de pavimentación, escuela y más obras comunitarias, mientras que Ensenada remotamente los ha atendido. No obstante el entonces alcalde ensenadense Pablo Alejo López Núñez sentenció: “Buscaremos que Santa Anita sea parte de Ensenada”. Por su lado, el presidente municipal de Rosarito, Hugo Torres, sentenció que la falta de resolución de los límites territoriales era meramente por cuestiones políticas. El diputado Ferreiro aseguró que antes de finalizar esa Legislatura, la XX, quedaría solucionado el conflicto, lo que evidentemente no sucedió. En marzo del 2010 los miembros de Cabildo de Rosarito, encabezados por el alcalde Hugo Torres, sesionaron en el mero poblado de Santa Anita, por lo que compararon a Torres con un dictador, según declararía Andrés Armenta González, dirigente del Comité Interdisciplinario para la Defensa del Territorio de Ensenada. Al acto también acudieron autoridades municipales y repartieron cobijas y medicinas a los lugareños. “No es nada más un problema político, es una invasión a nuestro territorio, porque la historia nos ha demostrado que los grandes problemas así inician, así hizo Hitler con Varsovia y todos sabemos en lo que concluyó”, dijo Armenta. En ese mismo año el diputado Ferreiro envió una iniciativa de Ley para que se le exigiera al gobierno municipal de Ensenada le regresara todos los pagos que por concepto de impuesto de predial había cobrado a propietarios de Alisitos, La Fonda y La Misión, argumentando que se trataba de  propiedades ubicadas en Playas de Rosarito, lo cual suscitó una nueva afrenta. La demanda no procedió. En 2011 cuando el Congreso del Estado ya tenía una resolución, que favorecía a Ensenada, el gobernador José Guadalupe Osuna Millán, amparado en el artículo 34 de la Constitución Política del Estado de Baja California, referente a “Iniciativas Ciudadanas, Formación de Leyes y Decretos”, que le confiere al ejecutivo estatal “hacer observaciones a un proyecto aprobado por el Congreso”, rechazó y regresó la iniciativa al Congreso con comentarios tan banales como “Ensenada ya tiene mucho territorio”. En septiembre del 2013 el Congreso del Estado con 10 votos en contra, nueve a favor y dos abstenciones, rechazó el dictamen que favorecía a Ensenada, toda vez que dejaba  sin efecto legal el plano publicado en el Periódico Oficial del Estado, con fecha 21 de junio de 1995, donde se establecía la superficie del Municipio de Rosarito y que después de un cálculo aritmético se concluía que había un error en el decreto 166 que dio como resultado una asignación indebida de territorio a Rosarito a la hora de separarse de Tijuana. Luego el que hizo una reunión de Cabildo en la zona limítrofe un 15 de enero de 2014, fue el Cabildo de Ensenada, en las instalaciones de la Delegación La Misión, por lo que los defensores del Grupo Interdisciplinario para la Defensa del Municipio de Ensenada (GIT) reprocharon que más que voluntad política del Congreso y alcaldes, han imperado los intereses personales del empresario –y dos veces  alcalde— Hugo Torres Chabert y la diputada Laura Torres, por adherir a Rosarito un territorio que no les corresponde. El regidor del PES, Jaime Zepeda Ávalos, prometió que “el actual ayuntamiento de Ensenada buscará poner fin a este conflicto y se actuará con decisión y legalidad”. Al final de ese año el diputado perredista Roberto Dávalos muy entusiasmado echó palomas al vuelo anunciando que ya había voluntad tanto del presidente  municipal panista de Rosarito, Silvano Abarca Macklis, como del alcalde priista de Ensenada, Gilberto Hirata Chico, para llegar a un acuerdo armónico y poner fin a la controversia territorial y aceptar la mediación de terceros para llegar a un acuerdo. La propuesta sería que una tercera instancia ajena, como la UNAM o UABC, decidiera. La reunión sería el 11 de enero de 2015, pero el alcalde se Rosarito no se presentó pues de última hora rechazó la propuesta de una tercera entidad mediadora.   El que “jale” más   Santa Anita se empezó a formar a finales de los setentas, con migrantes de toda la república. En 1984 eran apenas 14 casas, “muy humilditas, yo me vine como todos, buscando trabajo”, recuerda Lucio Curiel Rodríguez, oriundo de Jalisco, líder y fundador de la colonia. Don Lucio describe como gente muy pobre a todos los pobladores, hasta tres familias en cada casa. Como hasta ahora mayormente empleados de hoteles y restaurantes, meseros, albañiles, jornaleros, pescadores. Pero a diferencia de ahora, en aquellos años había turismo: “La playa esta tenía mucho trabajo”. Hoy día radican en Santa Anita unas 700 familias. Y una colonia de aproximadamente 200 norteamericanos, apartada y privilegiada, principalmente retirados, “muchos de ellos con aspecto de ex presidiarios, como si se vinieran a esconder acá”, describe un lugareño. O como dice don Lucio, “de repente me salen unos muy barbones, y otros muy pelones”. Cuando el segundo plebiscito, con eso de que “la colonia de los gringos siempre ha estado muy controlada por los delegados de La Misión (Ensenada)”, Don Lucio no los dejó votar, por lo que aún con pocos votos Rosarito volvió a ganar en ese sondeo. La queja llegó desde el Congreso al alcalde Hugo Torres: “Este señor no quiere dejar a los americanos votar”. “Ah, qué bien defiende sus derechos Don Lucio”, respondió Torres. Después de animar a los vecinos a formar una colonia, Curiel lo primero que gestionó fue la construcción de una escuela primaria, la gestionaron tanto con el ayuntamiento de Tijuana (Rosarito era delegación) como con el de Ensenada, y desde ahí empezaron “a medirle el agua a los camotes”: “Sabíamos que iba a llegar el día que tendríamos que corresponderle al que nos había ayudado más”. Finalmente la Escuela Primaria X Ayuntamiento la lograron por el gobierno de Tijuana a través del delegado Salvador “Chavoy” Aguirre, mientras que del alcalde de Ensenada “nos cortó las alas, nos dijeron ‘ustedes no son de aquí, ustedes van a pertenecer a Rosarito’”. Lo mismo les respondieron cuando pidieron agua a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) y cuando quisieron regularizar sus tierras ante la CORETE (Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra): “No puedo ayudarlos, no vamos hacer nada de ‘ese lado’, ‘suena’ que será un nuevo municipio”. El líder de Santa Anita elaboró una lista comparativa de obras comunitarias brindadas por uno y otro municipio, y en la de Rosarito sumaron 25 obras desde la escuela primaria, cancha deportiva, pavimentación y alumbrado público; contra solo tres otorgadas por el gobierno de Ensenada, que fueron recolección de basura, vigilancia policíaca y alcantarillado de la calle Felipe Crosthwaite, y la pavimentación de un tramito de 200 metros. Se ha vencido el plazo para que  ambos gobiernos presenten su respuesta para el nuevo episodio en el conflicto de los límites territoriales, la analizará la Comisión de Gobernación y Asuntos Legislativos, con supervisión y apoyo del área jurídica, para después subirlo al Pleno, explicó a ZETA el director Jurídico del Congreso, Antonio Aparicio Robles, externó, parco, que como se trata de algo similar a un asunto contencioso, deben ser cautelosos, “el tema es dedicado, es como estar ante un juzgado, hay que tener una reserva similar, no especular”. Advierte que no hay plazo para que el Congreso resuelva, la Ley no lo establece, pero sugiere que los diputados terminarán por remitir el caso a la Suprema Corte de Justicia: “Finalmente para allá va a ir el asunto, tenemos que ser cautelosos”.   ¡En esta esquina!… Ensenada   “No hay manera de hacerle entender a Rosarito que el conflicto se da cuando nace como municipio, y termina quitándole terreno a Ensenada, Rosarito tiene que echar los ojos hacia el norte, hacia Tijuana, y no pretender afectarnos a nosotros”, resume Jesús Jaime González Agúndez, secretario general del Ayuntamiento. También lo que vino a perjudicar la división del territorio fueron las erróneas mediciones de la SAHOPE (Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas del Estado) en su momento, y la SIDUE (Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología) después, por establecer las dimensiones en “agebs” y no en kilómetros, denuncia Agúndez. Los últimos planos previos a la municipalización de Rosarito datan de 1989 y establecen en 1,584.479 kilómetros cuadrados el total el territorio de Tijuana. Con la Ley del Congreso que en 1995 establece que Rosarito tendrá 513.32 kilómetros cuadrados, entonces el mismo documento dice que a Tijuana le quedarían 1,239. 49 kilómetros cuadrados. Pero las cuentas no dan. En total sumarían 1,752.81 kilómetros cuadrados. Hay un desfase 168.33 kilómetros cuadrados, que es el que ahora Rosarito reclama a Ensenada. Después que el gobierno de Rosarito presentó un descuerdo o controversia para descartar a la UNAM como órgano mediador pues el alcalde Silvano Abarca consideró que la institución tiene intereses en el puerto al contar con un centro en la localidad, el gobierno de Ensenada preparó una serie de estrategias jurídicas, soportada con planos, fundamentos catastrales y demás documentos, con los que pide la nulidad del Decreto 166 o la “reconvención” del mismo que establece la extensiones del naciente quinto municipio de Rosarito: “Entonces para nosotros es así de sencillo”, enfatiza el secretario de gobierno en Ensenada. E ilustra: “Nosotros otorgamos permisos de alcoholes, hacemos vigilancia con salvavidas, Rosarito debe tener solo como 15 patrullas papara todo el municipio, es imposible que pueda brindar seguridad a esa zona, no la da, no tiene manera de dar servicios, nosotros pusimos el alumbrado público el año pasado, una fracción de la delegación estaba a oscuras…”. Apenas el 10 de agosto pasado el municipio de Ensenada presentó 33 pruebas para sustentar su reconvención, en donde aparte de la nulidad del Decreto 166 piden llamar a declarar a la “SIDUE antes, denominada SAHOPE, al haber sido la dependencia que elaboró un plano en el que se asignó la superficie a los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito que en conjunto excedieron en 168.331 kilómetros cuadrados”. Más aún, el presidente municipal Gilberto Hirata Chico presumió que “en un hecho sin precedentes”, se pide llamar a juicio al gobierno de Tijuana, no porque exista conflicto por la sobreposición de su territorio, sino porque le fue reconocida en su favor una superficie de 33.95 kilómetros cuadrados “perteneciente al territorio de Ensenada”.   ¡En la otra esquina!…  Rosarito   “No existe error, ése es el límite; los límites nunca se han movido”, sentencia Jorge Nicolás Arévalo Mendoza, regidor de la Comisión de Gobernación y Legislación del Ayuntamiento de Rosarito y miembro de la Comisión Especial para los Límites Territoriales. Explica el edil que Rosarito presentó una demanda o denuncia, para que, contrario a Ensenada, se ratifiquen los límites territoriales fijados en el Decreto 166. También demandaron que Ensenada se abstenga  de seguir cobrando impuestos, derechos y contribuciones que no le corresponden, pues dice que el mismo Congreso lo aprueba al establecer en la Ley de Ingresos de Rosarito las percepciones por esos rubros en los terrenos de El Descanso, Venustiano Carranza, La Fonda y Santa Anita, desde Los Arenales hasta el Puente La Misión, mientras que “Ensenada no lo tiene contemplado en su Ley de Ingresos”. Explica Arévalo que los límites siempre se establecen “al corpus”, es decir, fijados por alguna afectación natural, en este caso del arroyo San Miguel, en la mitad del puente de La Misión, sitio donde todavía hasta los noventas existía un anuncio que decía “aquí empieza Ensenada”, y que un buen día desapareció, al igual que una placa que se han robado varias veces de la plaza cívica inaugurada por el alcalde tijuanense René Treviño Arredondo en 1983. También argumenta que si algunos habitantes pagan predial o permisos al gobierno de Ensenada es por conveniencia, puesto que estos derechos son más baratos en aquel Ayuntamiento, “o como el dueño de La Fonda, que tiene permisos de los dos municipios”. El regidor sí avala las mediciones determinadas por la SAHOPE y SIDUE, lo avala como órgano ejecutivo del Congreso, “y coincidimos totalmente, no se ocupa un tercero…como la UNAM, que finalmente es gente apegada a Ensenada, iban a ser parciales”. Reitera entonces: “Hay que ratificar los límites, no el territorio”. Y otra razón reiterativa: “Ensenada es grandísima, no necesita más territorio, es tres veces más grande que Rosarito”. “Decían que tenemos mucho territorio, pero ése no es un argumento para resolver este asunto”, repara González Agúndez, secretario de gobierno de Ensenada. “Tampoco se trata de quién da más o quién da menos, quién tiene menos o más, sino quién tiene el derecho”.   ¡Y en medio!…  el Congreso   En lo que sí coinciden las autoridades de ambos municipios es que el Congreso del Estado tiene el compromiso histórico de resolver de una vez por todas, el conflicto. Pero también las dos partes confían poco en que la actual Legislatura, como la anterior, actúe al margen de condicionamientos políticos. Los diputados pronto concluirán su gestión y a ello se agrega un escenario complicado y previsible ante el nuevo proceso electoral por iniciar.    “Esperemos que no se enturbie o dilate la resolución de este tema y que se mantenga en la esfera política, que la resolución sea justa, apegada a derecho, imparcial”, infiere González Agúndez, secretario general de gobierno en Ensenada.  “Es un tema que ha estado trastocado por lo político, también por intereses económicos de algunos empresarios y ex presidentes municipales –se refiere sin mencionar a Hugo Torres Chabert y Silvano Abarca Macklis—“. Desestima también los dos plebiscitos, pues dice que la decisión es del Congreso no de los ciudadanos: “Esto es sencillo de resolver pero lo vinieron a complicar los funcionarios”. “El Congreso no trae la más mínima intención de resolver nada”, sentencia por su parte el regidor Arévalo, de Rosarito. Acusa que de los diputados “nadie se anima a quitarle un pedacito a uno y ratificárselo a otro”. La actual Legislatura, vaticina, no actuará diferente que la anterior: “Avientan el tema a la congeladora y se lo pasa a la siguiente administración”. Si el Congreso está tan politizado que se declare incompetente, reclama. Adelanta que si el Congreso le da la razón a Ensenada, automáticamente se inconformarán, como también lo hará la contraparte si la decisión favorece a Rosarito. Y en efecto, Gilberto Hirata Chico anunció que de no resolverle favorablemente el Congreso acudirán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Instancia que también ve más viable el regidor de Rosarito, dado a antecedentes similares, donde controversias territoriales entre municipios se han resuelto correctamente en la SCJN: “El conflicto no se resolverá aquí…”, concluye.