Caso Darwin: cuando autoridades encubren policías

Desde las primeras horas de su muerte, el 23 de julio, el caso de Darwin Morgan Solís fue atendido en la Procuraduría General de Justicia del Estado en Tijuana como una muerte accidental y causada por él mismo.   Fue incluso la Unidad Orgánica de lesiones de la dependencia, la encargada de iniciar la investigación y a la fecha es donde se continúa, actualmente la PGJE investiga y no descarta reclasificar los posibles delitos como homicidio. Pero la versión de los policías municipales que aquella noche intervenían en un operativo en la colonia Campestre Murúa, convencieron a los agentes del Ministerio Público de que arribaron horas después. Para ese entonces la versión fue la misma: el joven de 19 años corrió de la presencia de los uniformados, se cayó en la calle de terracería donde se golpeó y perdió la vida. Así quedó escrito en el expediente 1316/15/20A/AP de la PGJE. Las actas dan cuenta de que a las 23:10 horas del 23 de julio, la “central de radio” de la PGJE notificó de una persona sin vida en la vía pública. Fue entones que el titular de la Unidad de Lesiones, José Job Rivera Arellano, y la secretaria de Acuerdos, Lucía Velázquez Arce, giraron las instrucciones y las diligencias de la incipiente investigación. De hecho, en el lugar, personal de la Unidad de Investigación de Homicidios Dolosos no se hizo presente. No lo vieron necesario frente a la explicación municipal y la de dos testigos que vieron caer a Darwin. Avanzada la investigación, hoy se puede saber que los municipales dieron versiones imprecisas y contradictorias a la PGJE, por ejemplo, que Darwin corrió, que lo perdieron de vista y “al seguir su marcha”, más tarde lo encontraron sin vida. En todo caso, y bajo esa versión, los agentes únicamente hicieron el hallazgo de un cuerpo. Sin embargo, un video de seguridad filmado por una empresa cercana acreditó que el policía nunca lo perdió de vista. El video muestra cómo a escasos metros de su muerte, Darwin es seguido con diferencia de 12 segundos por un oficial con lámpara en mano y un compañero lo esperó en la esquina de la calle. En los próximos días, la Subprocuraduría General de Justicia del Estado en Tijuana, a cargo de Jorge Alberto Álvarez, concluirá nuevamente peritajes para determinar cómo y qué provocó la muerte del joven originario de Guerrero.  Por su cuenta, Alejandro Lares Valladares, secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, negó que la dependencia haya iniciado una indagación interna: “Nosotros no investigamos”, justificó a ZETA.   ¿Y las cámaras?   La Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana ha exhibido a ciudadanos que intentan sobornar a los agentes policiacos. Grabados por diminutas cámaras, en varias ocasiones los videos son difundidos por medio de la prensa para dar crédito de cómo funcionan las cámaras corporales. El lunes 10 de agosto, Alejandro Lares lleva prisa en las instalaciones de la corporación en Otay. Anuncia el reparto de 2.8 millones de pesos en vales de despensa a sus agentes (900 pesos a cada uno) por medio del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN).  El secretario se detiene un minuto para hablar con reporteros, avisa que tiene agenda apretada y tendrá que irse. Luego de la pregunta sobre el caso de Darwin, el funcionario huye. — Secretario, todos los oficiales tienen cámaras corporales, deberían existir las imágenes del momento de la muerte del joven… le persigue el reportero de ZETA. “En este caso -responde-, estos oficiales no contaban con las cámaras”. Lares explicó que las cámaras que anunciaron desde febrero de este año y que todos los agentes portarían “se están distribuyendo en distritos y en ciertas secciones”. En su último día como presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, Juan Manuel Hernández Niebla  donó -por medio de los recursos del Fideicomiso Empresarial del Estado de Baja California o FIDEM-  la mitad de las cámaras corporales destinadas a cubrir la totalidad de los policías. “Termínanos entregando, era más de un millón de pesos. Se cubrían la totalidad de los agentes, incluyendo todos los turnos”, recuerda. Hernández Niebla asegura que incluso dio seguimiento a la donación y, hace dos semanas, la Comisión de Seguridad Pública del Ayuntamiento le confirmó que las cámaras “se entregaron a tiempo, entonces, a finales de marzo tuvieron que tener las cámaras en su totalidad”.   SSPM no investiga El certificado de necropsia practicado por doctores del Servicio Médico Forense arrojó que Darwin murió de “anoxemia por broncoaspiración (asfixiado por obstrucción de bronquios y tráquea)”, a consecuencia de un “traumatismo craneoencefálico”, un impacto en cabeza (para más detalles del caso, leer “Policías mataron a mi niño”, ZETA, edición 2158, 7 de agosto de 2015). El secretario de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Lares, justifica que no cuenta con una investigación interna: “No, no, eso está en manos de la Procuraduría, ellos son los que van a determinar si existe responsabilidad o no. Nosotros en la Secretaría no vamos a tolerar este tipo de actos si resultan responsables”. — ¿Hubo alguna investigación interna por parte de la secretaría? “No. Nosotros no investigamos”. Lares no emite respuesta alguna cuando se contrastan las posibles inconsistencias en los partes informativos: “Recordamos que ya está en manos de la propia Procuraduría, donde yo soy muy respetuoso de las investigaciones que de ahí van a emanar… Yo no puedo girar una investigación interna porque la propia Procuraduría ya está investigando”.   Todas las líneas de investigación   Jorge Alberto Álvarez, subprocurador de Justicia en el Estado en Tijuana, explica a ZETA: “Estamos realizando todos los peritajes necesarios que se tengan que realizar para llevar a una conclusión convincente para saber qué es lo que le ocasionó la muerte al joven Darwin”. De hecho, el viernes 7 de agosto se ordenó una segunda necropsia en el SEMEFO, con presencia de peritos de la PGJE y personal de la Comisión Estatal de los Derechos humanos. El subprocurador –dice- apostará a los elementos científicos para poder armar los hechos que arrebataron la vida al joven: “Se van a regresar los peritajes en criminalística, se va a dar fe de los videos en el lugar de los hechos, se van a tomar las comparecencias que sean necesarias, pero nos vamos a enfocar un poco más en la criminalística y necropsias para que la ciencia sea quien determine el desenlace de la muerte”. — ¿Es el homicidio una línea de investigación? “Todas las líneas de investigación están abiertas, pero está abierto el expediente por el fallecimiento de la persona y, dependiendo de las diligencias que se vayan a llevar a cabo y sobre todo lo que sea determinante del motivo y causa de la muerte, es lo que nos va a determinar si hubo un conducta de un homicidio”. Álvarez justifica por qué desde un inicio no se consideró un homicidio doloso: “Es una averiguación abierta por el delito que vaya a resultar. El Ministerio Público inicia averiguaciones por las posibles comisiones de un delito, o porque se consumó un delito, la averiguación previa es para determinar qué delito fue el que se cometió”.   Derechos Humanos y Sindicatura   Sindicatura Municipal afirmó que a partir de la publicación del reportaje en ZETA, inició un procedimiento contra los agentes municipales involucrados, la cual está en etapa de integración en la Dirección de Asuntos Internos, bajo el número de expediente 430/2015. Sin embargo, la investigación que se abrió por oficio no ha recabado la información suficiente para poder determinar la suspensión de los policías. A decir del parte policiaco con el que se acreditó la participación de agentes municipales en la muerte de Darwin,  los de nombre Fernando Pérez Morales y Omar Sarmiento Bustamante dieron reporte del cuerpo. Sin embargo, participaron en el operativo otros uniformados: Marcelino Araujo Castillo, Sergio Avilés Córdova, Saúl Villa Vázquez y Andrés Díaz Meza. La CEDH de Baja California está integrando otro expediente (623/15-1VG) contra la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana por el derecho vulnerado “a la vida”.   En cenizas   Don Orlando ha sido campesino toda su vida y hoy pena la muerte de su hijo. Debieron pasar 19 días para que el cuerpo fuera entregado. El martes 11 de agosto, en el Murúa, la familia arregló uno de los cuartos de su vivienda para velar a Darwin. Ajustado en las cuatro esquinas forradas de tela blanca y figuras religiosas ,un ataúd oscuro permitió llorar a la familia y amigos.  Dos días después, luego de cobrar 10 mil 550 pesos, más 950 por el levantamiento del cuerpo, la funeraria La Esperanza entregó las cenizas en una caja chica a don Orlando, quien consiguió un taxi para llevar los restos de su hijo a casa.