Capos inquietos en Almoloya

Aunque en apariencia la calma regresó al penal de máxima seguridad Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México, a tres semanas de la fuga del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, un grupo de capos de diversos cárteles se mantiene alarmado por las investigaciones del suceso y han promovido amparos para evitar ser removidos de prisión, e incluso ser extraditados. Resulta que mientras prosigue la investigación sobre la fuga, en la cual han sido liberados cuatro de los funcionarios de la prisión y la Comisión Nacional de Seguridad que en un inicio fueron indiciados, también los reos peligrosos que fueron “vecinos” de “El Chapo” han sido declarados. Otros se quejan de recibir amenazas por parte del personal carcelario, malos tratos y consignas para cambiarlos del penal… Y resulta que los narcotraficantes en el Altiplano se quieren quedar ahí a cumplir su sentencia. En la misma cárcel, mancillada en su estructura y cimiento por los cómplices que, bajo tierra pero escuchados por muchos, construyeron el túnel de 1.5 metros de extensión por donde se evadió el 11 de julio de 2015, el líder del Cártel de Sinaloa. ZETA recopiló los documentos y amparos que los capos han generado  -algunos han desistido- para evitar ser trasladados a otras prisiones de máxima seguridad en el país. Al igual que “El Chapo” en su momento, tramitan procesos para evitar la extradición, especialmente ahora que la fuga del sinaloense del Altiplano puso en entredicho al sistema carcelario de México. Se trata de reclusos de alta peligrosidad que se encontraban en la misma área de Tratamientos Especiales y vecinos de estancia de Guzmán Loera, algunos de ellos con menos tiempo de encarcelamiento que él, y que se encuentran en observación y vigilancia por su perfil criminológico de riesgo institucional. Mientras eso ocurre en el penal antes conocido como La Palma, el Ministerio Público de la Federación apeló al fallo dictado por el Juzgado Tercero de Distrito con residencia en Guanajuato, que vía exhorto y en auxilio del Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federal del Estado de México, dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de cuatro indiciados por la evasión del “Chapo”. Otros tres fueron declarados formalmente presos. Los funcionarios que recuperaron la libertad y que autoridades federales buscan recapturar para ser procesados son: * Juan Carlos Sánchez García, operador de monitoreo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). * José Daniel Aureoles Tavarez, jefe del monitoreo del CISEN. * Luis Alberto Morales, monitorista de la División de Inteligencia de la Policía Federal. * Emanuel Galicia Conchillo, monitorista de la División de Inteligencia de la Policía Federal. Todos ellos encargados de observar las incidencias a través del sistema de videovigilancia instalado en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 de Almoloya de Juárez.   Contra traslado y tortura   El 14 de julio, apenas tres días después de la evasión del líder del Cártel de Sinaloa, narcotraficantes de los grupos criminales de Los Zetas, los Beltrán Leyva y del Cártel Arellano Félix (CAF) presentaron sus demandas de garantías ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México. El primero de ellos fue el ex operador de Los Zetas en Nuevo León, Sigifredo Nájera Talamantes “El Canicón”, preso en Altiplano desde marzo de 2009, cuando fue detenido por el Ejército. El matarife reclamó en el juicio de garantías 1019/2015 una posible orden de traslado, tortura psicológica y física, así como malos tratos. Desistió al día siguiente. Héctor Beltrán Leyva “Don H”, otrora subordinado y socio de Joaquín Guzmán Loera y a la postre su enemigo, también solicitó la protección de la justicia federal contra los mismos actos que Nájera, pero también claudicó en su empeño. “Me decisto (sic) del juicio de amparo y autorizo para recibir notificaciones al Lic. Carlos Enrique García Limón. Héctor Manuel Beltrán Leyva”, firmó el capo en el expediente 1020/2015. En el juicio 1021/2015, ante el mismo Juzgado, Mario Alberto Rivera López y/o Marco Antonio García Simental “El Cris”, ex sicario del CAF, demandó no ser cambiado de reclusorio, pero su reclamo quedó como no presentado el 27 de julio de 2015 por no atender las prevenciones decretadas por el tribunal. Designó como representante legal al mismo abogado que Beltrán Leyva. Óscar Omar Treviño Morales “El Z-42”, fue más claro que sus compañeros de encierro en la demanda 1022/2015, al asentar en una cédula de notificación del tribunal, con terrible ortografía, ese 14 de julio: “El acto Reclamado es que me quieren Trasladar después que se fugo el señor Joquin Guzman loera. Tengo el temor quienes me amenzaron Elco mandante Felipe Ernaden Espinosa y Lic. Librado Garsia Carmona y por tal motibo ago Responsable a las autoridades de Este centro Federal en Mi Contra o mi Familia o fedensores. Es Inportante señalar que cuento con una suspension de plano en contra de cualquier abuso de autoridad; y cualquier traslado a otro sentro Federal suplico a su Señoria sele de cabal seguimiento a esta suspension grasias.” “El Z-42” también manifestó el 24 de julio último su deseo de desistir de la instancia constitucional, lo cual ratificó ante el personal judicial. Por su parte, el afamado ex jefe de células criminales de los cárteles Arellano Félix y de Sinaloa, Diego y/o Teodoro García Simental “El Teo” o “El Tres Letras”, aseguró en su demanda contra posible cambio de prisión que “ayer a las 20 horas (13 de julio) se presentó una persona jurídica a decirme que iba a ser trasladado a otro penal”. “El Teo” señaló como autoridades responsables del acto reclamado a las mismas que los demás quejosos: al director general, al Consejo Técnico Interdisciplinario, al jefe de Seguridad y Custodia, todos del CEFERESO Número 1 Altiplano; así como al comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y al coordinador general de los Centros Federales de Readaptación Social. Contrario a lo ocurrido a los otros internos, Teodoro García Simental no desistió de su demanda y le fue concedida la suspensión provisional “para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran, y el impetrante de amparo no sea trasladado a otro centro de reclusión”.   Contra la extradición a EU   La ilegítima libertad alcanzada por Joaquín Archivaldo Guzmán Loera puso el dedo en la llaga en el tema de las extradiciones, y algunos capos prefieren no correr riesgos ante la reacción de los Estados Unidos de América, que querrán la entrega de los narcotraficantes detenidos que sus cortes de justicia reclaman. De esa forma, los hermanos Treviño Morales, Óscar Omar y Miguel Ángel, ex líderes de la organización criminal de Los Zetas en Tamaulipas, acudieron ante el Juzgado Tercero de Distrito especializado en amparos en la ciudad de Toluca para solicitar la protección de la justicia de la unión y no ser extraditados al vecino país del norte. Con el juicio de garantías 1048/2015, Óscar Omar -mejor conocido como “El Z-42”- y su hermano mayor, Miguel “El Z-40” -que tramita el expediente de derechos fundamentales 1049/2015- recibieron el 17 de julio la suspensión provisional para no ser extraídos del penal que actualmente habitan, hasta en tanto se resolviera sobre la suspensión definitiva. Dicha suspensión definitiva les fue negada a ambos, debido a que al parecer no es cierto el acto reclamado; es decir, aún no existe orden de detención provisional con fines de extradición internacional en contra de los tamaulipecos. La autorizada de los hermanos Treviño, Alicia Florencia González Cejudo, solicitó copia certificada de diversas constancias de los juicios de amparo.   Amparos, segunda vuelta   Algunos de los presos que promovieron amparos el 14 de julio y después desistieron o abandonaron el trámite, volvieron a presentar demandas de garantías contra los actos que inicialmente reclamaban de las autoridades penitenciarias del Altiplano: orden de traslado, tortura psicológica, golpes, malos tratos. Los promoventes que volvieron a la carga -el 17 de julio- son Sigifredo Nájera Talamantes (1052/2015) y Héctor Beltrán Leyva (1053/2015). “El Canicón” autorizó como representante jurídico a Carlos Enrique García Limón y a Vanessa Zermeño Hernández, los mismos que en el amparo anterior de “El H” y “El Cris”, lo que hace presumir una alianza al menos en prisión y en materia de defensa por parte de los miembros de Los Zetas, el CAF y los Beltrán Leyva. A estos reclamos, se unieron por su cuenta y con juicios de garantías individuales, Salvador Alfonso Martínez Escobedo “El Comandante Ardilla”, ligado a masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas (amparo 1061/2015); y Servando Gómez Martínez “El Profe” o “La Tuta”, líder de la organización delictiva Los Caballeros Templarios (amparo 1066/2015). El lunes 27 de julio, Gómez Martínez desistió de la demanda. Abogados de “El H” Beltrán Leyva interpusieron un tercer juicio de garantías en unos cuantos días. En el mismo Juzgado Tercero y en contra de los mismos actos reclamados, principalmente el traslado a otro penal (1067/2015). Omar Treviño “El Z-42” lo segundó con otra demanda de amparo, similares actos reclamados, pero ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Civiles Federales de Toluca (1087/2015).     Histórica recompensa Justo cuando se conoció la orden de detención provisional con fines de extradición internacional librada en contra del narcotraficante Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos de América (DEA) anunció una recompensa de 5 millones de dólares por el capo. Sí sumamos los 60 millones de pesos ofrecidos por el gobierno mexicano hace un par de semanas, a cambio de información que lleve a la detención del “Chapo” con los 5 millones de dólares que anuncia la DEA, convertidos a moneda nacional, se habla de más de 142 millones de pesos, cifra histórica en materia de recompensas por algún delincuente. La decisión de los estadounidenses de incluir a Guzmán Loera en la lista de los fugitivos más buscados se materializó el 16 de julio, cinco días después de la evasión del líder del Cártel de Sinaloa del penal de máxima seguridad Altiplano; sin embargo, apenas se anunció esta semana. La información coincide con el reconocimiento de la Procuraduría General de la República de que un juez de distrito de procesos penales federales ya dictó la orden de captura para someter a Guzmán al procedimiento de extradición, y enfrente a la justicia de los Estados Unidos.    El director de la DEA, Jack Riley, afirmó que Joaquín Archivaldo es el traficante de heroína más peligroso del mundo, y el Cártel de Sinaloa, una de las principales organizaciones distribuidoras del opiáceo en Estados como Nueva York, Filadelfia y Washington, desplazando a cárteles colombianos. La búsqueda del capo mexicano se realiza en 199 países, de acuerdo con el anuncio realizado en su momento por la INTERPOL, pero se focaliza en México y Centroamérica. Policías de diversas partes del mundo colaboran con autoridades mexicanas para localizar a Guzmán. Un grupo élite de la Policía Nacional de Colombia, integrado por tres generales en retiro y seis oficiales, fueron enviados a México dentro del marco de los acuerdos de cooperación en asuntos de seguridad para apoyar en las tareas de rastreo del capo. Apenas el martes 28 de julio, el director de la Agencia Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, se reunió en Texas con funcionarios de alto nivel de diversas agencias de inteligencia estadounidense para amalgamar una estrategia. Colombianos y guatemaltecos forman parte del grupo de contacto. La evasión de “El Chapo” Guzmán del penal federal de Almoloya de Juárez trajo consigo fricciones en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. El dato fue calificado así por el embajador norteamericano Anthony Wayne, quien señaló el 11 de julio como el “peor día” en la relación entre ambas naciones. El diplomático agregó que Estados Unidos espera una amplia investigación sobre la fuga de Guzmán Loera y que se encarcele a quienes le ayudaron; sin embargo, a la fecha solo siete servidores públicos fueron detenidos, cuatro de los cuales quedaron en libertad al no poder probarse su posible responsabilidad en la evasión. (Luis Carlos Sáinz Martínez/ZETA)